"Todo depende de Suiza". Dos fuentes del ministerio público coinciden: están a la espera de recibir la documentación del fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, para determinar el alcance de una investigación penal de Juan Carlos I por supuestos delitos fiscal y de blanqueo de capitales.
De lo que llegue de Ginebra dependerá si el rey emérito se sienta en el banquillo acusado de corrupción o si, por el contrario, queda exonerado una vez aclarada su implicación en el manejo de 100 millones de dólares en Suiza, dinero que habría llegado allí por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación del AVE a La Meca.
Para Juan Carlos de Borbón estarían prescritos los delitos relacionados con ese pago tras la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca: estos pagos habrían ocurrido en 2008 cuando aún reinaba y gozaba de la protección de la inviolabilidad del artículo 53 de la Constitución.
En cambio, no está prescrito el movimiento del dinero obtenido, ni la obligación del pago de impuestos desde su abdicación, el 19 de junio de 2014. Implican supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública que se habrían cometido con ese dinero en Suiza. Porque, a partir de esa fecha, el paraguas de inviolabilidad se cerró para el rey emérito. Y es imputable en el Tribunal Supremo, donde está aforado.
Tampoco están prescritos los supuestos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales que habrían cometido los empresarios que pagaron comisiones para lograr la adjudicación de dichas obras públicas en Arabia Saudi.
Estas son las claves que pueden llevar a Juan Carlos I al banquillo o exonerarlo.
