Expulsados y al descubierto quedaron directivos de empresas mineras de carbón, que intentan implantar más de 25 proyectos de “pequeñas” centrales hidroeléctricas (PCH), en los departamentos de Risaralda y el Quindío. Este nuevo disfraz de energía “renovable” les había permitido recibir cientos de millones de pesos de devolución del IVA por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y esperar acaparar fondos nacionales e internacionales de proyectos de mitigación al Cambio Climático. Sin embargo, las comunidades de Mistrató y Santa Rosa de Cabal en Risaralda terminaron literalmente echándolos de sus territorios la semana pasada, como ya había sucedido anteriormente en dos ocasiones en el Quindío.
Se trata de la empresa E-lectrica SAS, de las cuales 50% de las acciones son del chileno Alvaro Guell Villanueva, gerente de Carbones Perija, Carbones Rio Neveri, director de Carbones SativaNorte, Carbones Rivergate SA, Carbones Nueva Naricual y Carbones NorAndinos, esta última empresa obtuvo permiso de explotación minera en la zona de amortiguación del Páramo de Pisba lo que le costó casi una linchada al director de CorpoBoyaca que tuvo que ser custodiado para salir de esa zona. El otro accionista de E-lectrica SAS es un vicepresidente de la multinacional del carbón Drummond, Álvaro Alberto García, un arduo defensor de la implementación del Fracking en Colombia.
Los proyectos hidroeléctricos que propone E-lectrica SAS se caracterizan por desviar los caudales de los ríos por muchos kilómetros. En el río Rojo de Génova, el proyecto PCH Rojo B, desviaría el caudal del río por una tubería de alta presión de más de 6 kilómetros de largo. Pero antes, está su afluente el río Gris, donde 2 proyectos más PCH Gris A y PCH Gris B desviarían su caudal por 2 kilómetros más. Apenas sale el agua turbinada de la casa de máquinas esta la nueva bocatoma. Cuando termina el proyecto sobre el Río Rojo, comienzan 2 proyectos más sobre el río Barragán al que le acaban de entregar el caudal, impactando también el departamento del Valle del Cauca.
Justamente es en el río Barragán donde existe una concesión minera desde el 2018 y por 30 años para explotar carbón, oro, plata, cobre, mercurio, esmeraldas, níquel, otras piedras preciosas y semi preciosas y decenas de minerales más. Lo que hace pensar que la energía producida podría ser para proyectos mineros. ¿Energía para qué?
Desesperadas, las comunidades de Risaralda se enteraron hace poco de que en 9 municipios E-lectrica SAS tiene previstos proyectos, caracterizados además por tramitarse con una ausencia total de debate público. En algunos casos como Quinchía y Santuario, son 3 centrales hidroeléctricas en un mismo río o en el caso en el caso de Mistrató son 8 proyectos hidroeléctricos en un solo municipio. Sumando uno tras otro, son proyectos de igual magnitud a una gran hidroeléctrica o equivalentes a un megaproyecto. Para construir una PCH perforan montañas, dinamitan terrenos, destruyen ecosistemas y bosques, muchos de estos hacen parte de zonas protegidas o son reservas forestales. De pequeña solo queda el nombre y la facilidad de tramitar la licencia ambiental que depende de la Corporación Autónoma Regional, entidades definidas por la procuraduría como “fortines de corrupción”.
La semana pasada, el Ministerio del Interior citó al gobernador del cabildo indígena Lomas de Citabara para hacer la preconsulta previa, tal como lo establece la Constitución y la legislación internacional, los pueblos indígenas deben ser consultados. Pero debieron haberlos consultado desde el principio, ya E-lectrica SAS ha avanzado mucho en los estudios, hasta local tiene en el pueblo, así nunca este abierto. El gobernado llegó acompañado de más de 600 indígenas, todos indignados por estos proyectos, y vinieron de otros resguardos, salió el comité cívico, llegaron los sindicalistas, los profesores, los alumnos, los campesinos, los caficultores y salió el Alcalde, todos unidos en una sola voz hicieron una marcha histórica contra estos proyectos justo antes de la reunión.
En Mistrató saben muy bien que son las PCH, desde el 2016 tienen una justo al lado, en Belén de Umbría, PCH Morro Azul. Desde el principio hubo grandes problemas: se comenzaron a secar las quebradas, se impactaron los acueductos comunitarios, se privatizó el acceso al río, hay deficiencia hídrica, se comenzaron a morir los peces y se vino una avalancha de lodo. El Alcalde de esa localidad, el ingeniero civil Jesús Antonio Bermúdez, compara los impactos de esta PCH a lo sucedido con Hidroituango.
Por eso el día de la preconsulta previa, cuando tomó la palabra Diana Milena Toro, gerente de ECON Consultores, la firma pereirana que contrató E-lectrica SAS para “convencer” sobre los bienaventurados progresos de las PCH y dijo nuevamente que era un pequeño proyecto, que no había impactos negativos, la sala del Coliseo se estremeció. La comunidad con sus líderes expusieron los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales, desmintiendo la firma greenwashing. Y los indígenas fueron tajantes cuando le dijeron que no podían volver a sus territorios, y que “si no han aprendido que hace 528 años esta tierra es de nosotros (los indígenas), pues apréndanlo ahora”.
Dos días después, en Santa Rosa de Cabal la comunidad también se levantó contra estas empresas, impidiendo la socialización y sacando a la empresa de la vereda.
Se acabó la época de cambiar espejitos por oro, si el gobierno nacional y las autoridades ambientales avalan estos proyectos, las comunidades empoderadas y autoridades locales harán hasta lo imposible para frenarlos. Estamos a unos años del comienzo de la extinción de la especie humana, debido en gran parte a que multinacionales mineras han acabado con todo. Hoy es un deber histórico defender los ríos vivos, que son afluentes de los principales ríos de Colombia. El agua es vida - “La tierra no se vende, se libera y defiende”.
