El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha sido enfático en defender la independencia y autonomía judicial, rechazando la idea de que los fallos del tribunal vayan en contra de la voluntad popular. En un evento conmemorativo de los 33 años de la Corte, Ibáñez recordó que las decisiones constitucionales no contradicen la soberanía del pueblo, sino que la garantizan a través del respeto a la Constitución.

Sin embargo, este mensaje va en contra de la postura del presidente Gustavo Petro, quien ha acusado a la Corte de obstaculizar su proyecto de gobierno. Su descontento creció luego de que el alto tribunal tumbara el artículo 261 del Plan Nacional de Desarrollo, una medida que permitía a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) negociar en la Bolsa. La Corte argumentó que este artículo no tenía relación con el plan de desarrollo y violaba el principio de unidad de materia.

Reforma pensional en riesgo: La ponencia que Petro atacará como lo ha hecho en otras ponencias de los diferentes órganos.

Recientemente, el presidente de la Corte Constitucional presentó el proyecto de ponencia sobre la demanda contra la reforma pensional, próximamente a fallarse; una de las apuestas más grandes del gobierno Petro. Este proyecto ya enfrenta críticas por vicios de trámite y sostenibilidad fiscal, lo que podría llevar a su anulación. Ante este escenario, Petro ya empezó sus ataques contra la Corte Constitucional, acusándola de bloquear una reforma que, según él, beneficia al pueblo. Para lo anterior, su escudero que tanto lo ama, el señor Gustavo Bolívar, ya está llamando movilizar su Primera Línea con sus desmanes y terrorismo conocidos.

Los siguientes ejemplos refuerzan la percepción de un conflicto constante entre el Ejecutivo y las altas cortes y los organismos de control, con el presidente Petro atacando las decisiones que no favorecen su agenda.

Algunas de sus expresiones irrespetuosas y graves, con los que acusa a estas instituciones por formar una supuesta élite, que impide su transformación del país. Denuncia que las Cortes favorecen a sectores tradicionales y obstaculiza avances en justicia social, como la elección de funcionarios afines a su administración.

Señala al Consejo de Estado como una institución que frena los cambios políticos y económicos necesarios para el país. Afirma que la Fiscalía es utilizada por la oposición para perseguirlo políticamente. Asegura que la Contraloría protege los intereses de la clase política tradicional

Entre los blancos institucionales de sus ataques están:

Corte Constitucional

Inconstitucionalidad del Decreto de Emergencia en La Guajira, pues no fue un hecho sobreviviente, sino que ya existía.

Revisión de la reforma a la salud: La Corte Constitucional ha advertido sobre posibles vicios en la reforma a la salud, lo que podría llevar a su anulación si se demuestra que su trámite fue irregular.

Limitación a facultades extraordinarias: Declaró inexequibles varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo que otorgaban poderes excesivos al Ejecutivo para modificar estructuras del Estado sin pasar por el Congreso.

Corte Suprema de Justicia

Petro acusó a la Corte de actuar con "perfidia y engaño" al dilatar la elección de un nuevo fiscal general. Argumentó que el alto tribunal no estaba respetando la terna presentada por su gobierno y que existían intereses ocultos en el proceso.

Decisión en el caso de Álvaro Leyva: La Corte ha intervenido en procesos contra altos funcionarios del gobierno Petro, rechazando maniobras que buscan dilatar o evitar sanciones disciplinarias.

Consejo de Estado

En marzo de 2024, el Consejo de Estado suspendió un decreto mediante el cual el presidente Petro asumía funciones para definir tarifas de energía. Petro acusó al Consejo de Estado de favorecer a las empresas privadas del sector energético y de frenar sus intentos por reducir los costos para los ciudadanos.

El Consejo de Estado anuló la elección de varios funcionarios que habían sido nombrados con supuestas irregularidades en sus procesos de designación.

Petro denunció que se trataba de una estrategia para debilitar su gobierno y evitar cambios en el aparato estatal.

Fiscalía General de la Nación:

En febrero de 2025, la Fiscalía abrió una investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro en 2022, tras denuncias de un aporte de 500 millones de pesos por parte de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', conocido contrabandista.

Petro hizo cambiar el fiscal que llevaba el caso de su hijo Nicolás Petro Burgos, a pesar de haber dicho que no interferiría en la investigación y criticando al fiscal Burgos, quien llevaba la investigación, solicitó a la Fiscalía investigar a su hijo, Nicolás Petro Burgos

Procuraduría General de la Nación:

Sanción impuesta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, suspendido por presunta participación en política. Investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Inhabilitación del excanciller Álvaro Leyva sancionó al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha

La Contraloría General de la República:

Irregularidades en el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total": La Contraloría denunció en noviembre de 2024 que, de los 2.157 contratos suscritos en el marco de este programa destinado a mejorar más de 33.000 kilómetros de vías rurales.

Irregularidades en la compra de carrotanques por casi $ 50.000 millones destinados a llevar agua potable a La Guajira. Se alega que estos contratos presentaron sobrecostos y que funcionarios públicos, en connivencia con empresas privadas,

¿Populismo o realidad? Un discurso que mina la institucionalidad

El discurso del presidente Petro contra estas instituciones se basa en un concepto populista y simplista, en el que cualquier fallo en su contra es interpretado como un ataque a la voluntad popular. Sin embargo, la realidad es que la separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia, y su insistente narrativa contra los organismos de control debilita la confianza en las instituciones.

Un país en tensión

Colombia enfrenta un momento de alta tensión institucional, donde el choque entre el gobierno y los entes de control amenaza con desgastar la democracia y la estabilidad del país. La Corte Constitucional ha dejado claro que su papel es defender la Constitución, no acomodarse a los intereses de un gobierno de turno. Sin embargo, la presión política sobre la justicia y los organismos de control podría generar una crisis de legitimidad que afecte la gobernabilidad en los próximos años.

El reto para el país es claro: respetar la independencia de las instituciones o ceder ante un discurso que busca deslegitimarlas con argumentos retorcidos y enredadores que buscan debilitar nuestra democracia.

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