El pueblo de Gramalote, Norte de Santander, dejó de existir el 17 de diciembre de 2010. Un efecto de la combinación de lluvias y movimientos de tierra, es decir, a la ola invernal que azotó el país se le sumó una falla geológica, el cerro de la Cruz al deslizarse, casi que literalmente se tragó el municipio donde vivían entre 3.500 y 6.000 personas.
El presidente Juan Manuel Santos sobrevoló la zona y prometió la reconstrucción del poblado en otro lugar. Del sitio solo se mantuvo en pie una de las dos torres de la iglesia, mientras el resto del casco urbano resultó bajo el agua. Quedo en la memoria y en las narraciones de la gente el rugido de la tierra y la idea de iniciar una nueva vida en otro lado.
A raíz de esta tragedia, las lluvias también afectaron de manera inclemente municipios del sur del Atlántico, se creó el Fondo de Adaptación. La entidad tendría capital autónomo justamente para liderar la reconstrucción y reubicación de pueblos y víctimas de la ola invernal, a la cabeza de la institución se nombró a la barranquillera Cecilia Álvarez.
En el caso de Gramalote la situación era urgente. Se trataba de lograr un reasentamiento para evitar que la catástrofe se repitiera. En mayo del 2011 empezaron los estudios para identificar el lugar de la mudanza, la investigación fue contratada por la exprimera ministra del gobierno Santos, Beatriz Uribe.
A pesar de la necesidad de materializar la reubicación, y el compromiso del expresidente Santos, los esfuerzos no correspondieron al desafío. Primó por el contrario la lentitud y el mal gasto de recursos.
Seis años después de la catástrofe, el 20 de diciembre de 2016, Santos regresó a entregar un poco de lo prometido, el correspondiente al 65%. Dentro de las construcciones finalizadas se incluyó la nueva plaza de mercado y central, 260 viviendas, el Centro Administrativo Municipal (CAM) y las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales; no obstante, la mayor parte de las viviendas no estaban listas. El proyecto que debía construir 984 viviendas (612 de interés social para propietarios y 372 de interés prioritario para arrendatarios, para beneficiar a los de 4.000 afectados, aprox ) aún no estaba listo.
Pasó más de una década hasta que José Manuel Restrepo y Raquel Garavito, Restrepo fue el último ministro de hacienda de Duque y Garavito actuó como gerente del Fondo de Adaptación, tomaran las riendas del asunto. En consecuencia, en 2021 se abrió la licitación de obra pública FA-LP-I-S-006-2021 cuyo objeto fue: Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en Norte Santander. El ganador de la licitación fue el Contratista U.T Nuevo Gramalote y de interventor apareció Restrepo y Uribe SAS. El presupuesto destinado fue cercano a los $ 600 mil millones.
Después de más de una década, la frustración era mayúscula sin olvidar la pérdida de recursos presupuestados en el reasentamiento. Decenas de contratistas incumplieron mientras otros trabajaron con sobre costos, con el panorama anterior la Contraloría decidió poner la lupa en el caso.
Para el ente de Control se trataba no solo de identificar a los responsables y lograr una reintegración del dinero, sino de asegurar una salida a la gente de Gramalote que llevaba más de diez años esperando.
La tarea de la Contraloría en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez produjo resultados
La entrega de todas las viviendas en el nuevo Gramalote tomó 14 años y para llegar a buen término fue clave el rol de la Contraloría, la veeduría y la comunidad. La sociedad activa y dispuesta para evitar otra promesa vacía. La Contraloría mediante mesas de trabajo y diálogos con la comunidad y el contratista pudo llevar el proyecto a buen término.
La recuperación de Gramalote igual que ocurrió con un conjunto de 100 viviendas en Puerto Carreño, Vichada, fueron los dos casos emblemáticos para el contralor Carlos Hernán Rodríguez en su última rendición de cuentas; no obstante, estos dos ejemplos el panorama presentado por el Contralor en su última rendición de cuentas fue desolador, en términos de pérdida, malversación y corrupción de recursos públicos.
En los dos años que el abogado vallecaucano lleva al frente de la Contraloría, incluido un intervalo de trece meses en el que asumió el rol el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, la Controlaría logró enseñar resultados por casi $ 3 billones el pasado 4 de diciembre.
La recuperación de recursos estuvo acompañada de acciones punitivas dirigidas a vigilar los recursos públicos. Se identificó 7.671 hallazgos administrativos, entre ellos 1.551 con incidencia. Este dato representa un incremento del 41,9% en el número de hallazgos y del 35% en sus cuantías respecto al Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de 2023.
La lupa del ente de Control recorrió sectores claves como la seguridad energética, la vigilancia del sector salud y el avance en proyectos de infraestructura, todos con inversiones millonarias.
En el sector salud, la Contraloría destacó los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización con enfoque financiero sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y presupuestos máximos girados por la ADRES a 24 EPS en 2020. Este análisis concluyó con 39 hallazgos fiscales por $6,13 billones, que fueron calificados de impacto nacional y remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Asimismo, el grupo de reacción "La Ruta del Dinero en la Salud" ha emitido cuatro alertas tempranas hacia EPS en liquidación como Medimás y Comparta, en temas como incumplimiento de indicadores de solvencia financiera y cronogramas de liquidación. Adicionalmente, se monitorean 44 obras de infraestructura hospitalaria que tienen una inversión superior a $1 billón, buscando evitar que estas se conviertan en casos de despilfarro o corrupción.
El informe del Contralor en la rendición de cuentas también evidenció retrasos en la ejecución presupuestal. A 30 de noviembre, solo se ha ejecutado el 44,8% del presupuesto de inversión, situación sumada a recortes recientes por $48,4 billones.
En el área de infraestructura, la Contraloría reportó la culminación y puesta en funcionamiento de 160 proyectos por un valor de $3,06 billones. Además, continúa la recuperación de 343 proyectos críticos mediante la estrategia Compromiso por Colombia.
Le puede interesar: Claudia López y la Policía inauguran por lo alto moderno comando que no tiene luz ni agua
