Uno de los graves problemas que han conducido a Colombia a la crisis económica y social que hoy viven sus habitantes es el escaso desarrollo productivo que no permite la creación de riqueza, la acumulación de capital nacional y fuentes de generación de empleo.
El modelo económico neoliberal —desde 1989— le asesta el golpe mortal a los empresarios nacionales, tanto del campo como de la ciudad, al convertir a este rico país en un importador neto de productos, bienes y servicios, que sus gentes están en plena capacidad de producir, pero a los que el Estado no les genera las condiciones necesarias para su fomento. Estos empresarios productores nacionales son absolutamente necesarios si se quiere superar la crisis.
La corrupción es exacerbada por ese modelo neoliberal, que la escaló desde el paradigma de “hecha la ley, hecha la trampa” hasta el “hacer la trampa dentro de la misma ley”, armando todo un entramado para secuestrar y saquear los recursos de la nación, tanto en su presupuesto como en el patrimonio, objetivos de concesiones y privatizaciones.
De esta corrupción participan no solo políticos, sino altos funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchos “cogidos con las manos en la masa”, hoy criminales confesos o condenados, rutilantes estrellas de las cárceles. En su mayoría hacen parte de las coaliciones de gobierno, bautizados por el candidato presidencial Jorge Robledo del partido Dignidad como “los mismos con las mismas”.
A esa cloaca le faltaba el elemento que va a relacionar a los “mismos con las mismas” con los encargados de la contratación del país, apareciendo una especie de “empresarios”, emprendedores especializados en estructurar los “negocios financieros”, protegidos por el “gran poder”, con licitaciones hechas a su medida. Son estos los encargados de “robar para los mismos con las mismas” los recursos del Estado que deberían, al menos, calmar la miseria y el hambre de más del cincuenta por ciento de la población colombiana. Estos no son empresarios, son unos hampones criminales que gozan de la complacencia del gran poder.
Ahí está la perla de la licitación del MinTIC, con los 70 mil millones de pesos perdidos que, según Juan Carlos Cáceres (testigo de la Fiscalía) “(…) nunca fueron destinados a la compra de equipos tecnológicos o alguna inversión similar, [pues] en vez de eso, la plata fue usada para comprar viviendas, carros y otras propiedades de lujo”.
Esta es solo una gota en la mar de corrupción.
Basta enumerar algunos escándalos que implican a tales “empresarios” para no perder la memoria: Carrusel de la Contratación en Bogotá, testaferros en la Dirección Nacional de Estupefacientes, escándalo de la Salud en Colombia, de la DIAN con devolución del IVA, TermoRío, Interbolsa, desfalco a Colpensiones, Juegos Nacionales de Ibagué, Cartel de la Hemofilia en Sucre, Bolívar y La Guajira, las libranzas en Colombia, Reficar, Llanopetrol, Cartel de las Regalías en Córdoba, la Chatarrización, Odebrecht, Triple A y Operación Acordeón en Barranquilla, Cartel de Alimentos en Fuerzas Militares, el PAE, Fonade o de la “Mermelada Tóxica”, Electricaribe y la corrupción durante la pandemia.
Este debate en contra de la corrupción también deben tenerlo los empresarios y depurar sus filas. ¡Colombia tiene que proteger a los empresarios que propenden por el desarrollo Nacional!
