A propósito del inicio de la celebración de los treinta años de la constitución, hay un tema del cual no se hacen balances cada que se conmemora una fecha más de su promulgación y que quizás es una de las grandes conquistas del constituyente derivado: la carrera administrativa y el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público (complementado con el de la participación política); es decir, la meritocracia constitucional.
Interpretando la molestia del pueblo, cansado del clientelismo y la corrupción, quiso el constituyente del 91 acabar con ese cáncer de esta frágil democracia y aprobó estos artículos en la constitución de aplicación obligatoria. Sin embargo, la realidad en estos treinta años ha sido frustrante. La carrera administrativa empezó a funcionar trece años después y lo ha venido haciendo con grandes tropiezos: tiene un concurso que duró diez años, tiempo récord por lo extenso, y sus grandes opositores, la clase política y los sindicatos tradicionales, han contribuido a su debilitamiento. Afortunadamente, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha mejorado su gestión y ganado confianza.
Por otro lado, paralelamente al nacimiento de la carrera administrativa, el legislador creó un atajo por el cual se ha violado la figura de la carrera administrativa y el mérito constitucional: los famosos contratos de prestación de servicios, que también se acercan a sus treinta años de funcionamiento legal (Ley 80 de 1993). Esta es una modalidad excepcional de trabajo que se ha convertido en la regla y a la cual acude la clase política (de derecha y de izquierda) para ingresar sus clientelas, violar el principio del mérito y deslegitimar la función pública. Además, esta práctica ha sido validada por las altas cortes de la justicia que por intermedio de sus magistrados intercambian favores de toda clase con estos contratos, a excepción de la Corte Constitucional que reiteradamente rechaza este tipo de prácticas clientelistas y advierte a los gobiernos de su ilegalidad... pero, claro, nada pasa y todo sigue igual.
Como si lo anterior no fuera suficiente, está la categoría de los trabajadores oficiales cuya vinculación obedece a prácticas clientelistas por parte de congresistas y corporados de toda clase. Pero si alguna de estas entidades o empresas son privatizadas, igualmente se siguen dando este tipo de prácticas con otros actores y tipos de vinculaciones. Así también ocurre con las famosas ONG, fundaciones y cooperativas, etc. Y la clase política detrás, tanto gobernantes como copropietarios o testaferros de estos. Mientras tanto, los organismos de control no ejercen ningún tipo de regulación porque igualmente han sido capturados por estos agentes del clientelismo.
Y la joya de la corona, los altos cargos directivos, ministerios, gerencias, direcciones, presidencias, secretarias, embajadas, consulados, organismos de control y todas las jerarquías administrativas derivadas han sido y son propiedad de las élites, aristocracias, congresistas y hasta de universidades tradicionales. Al pueblo no le toca, siendo que con sus impuestos se pagan estos cargos, como decía el escritor bogotano Álvaro Solom Becerra desde los años 40. La meritocracia no existe para ellos. Ciertos cargos están escriturados para estas clases sociales y políticas, como se diría coloquialmente.
Por eso no sorprende la arbitrariedad de los nombramientos del señor Duque en ministerios y organismo de control, ni postulaciones a las cortes de justicia y toda clase de entidades públicas. En este gobierno han nombrado hasta hijos de exparamilitares en puestos directivos... De esta manera, la Constitución Política de Colombia, en sus treinta, años no tiene nada que celebrar en esta materia. Todo lo contrario, ha sido la ratificación de que la clase política no tiene remedio; seguimos siendo un país premoderno y proclive a la corrupción por sus dirigentes; y el empleo público es propiedad privada.
* Organizaciones sindicales independientes que defienden el mérito (Udeméritos) trabajan con las uñas en pro de esta causa y planean organizar eventos este año para visibilizar esta frustración constitucional.
