El 25 de noviembre, en Santander de Quilichao, Alfonso Prada (ministro del Interior) anunció que empresarios y comunidades indígenas, afros y campesinas se habían puesto de acuerdo para solucionar los conflictos por la propiedad de la tierra mediante el diálogo y la concertación. La idea era detener la oleada de ocupación de fincas (la mayoría sembradas de caña de azúcar y otros cultivos) manejadas por pequeñas y medianas empresas agropecuarias (que generan numerosos empleos que hoy se ven en peligro por la inestabilidad reinante) por parte de indígenas y otros grupos.
Todos estos sectores tuvieron sus representantes en diferentes mesas temáticas organizadas durante el Dialogo Regional Vinculante para el Norte del Cauca, celebrado ese sábado en el coliseo Los Guasimos y en el Colegio Instituto Técnico, con miras a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. El propósito era buscar soluciones concertadas al conflicto socioeconómico en el norte del Cauca para mejorar las condiciones de vida de la población. Esto mediante la construcción de obras de impacto regional como acueductos, vías, hospitales, centros educativos, central de abastos, relleno sanitario; y así iniciar proyectos productivos conjuntos que potencien la creación de empleos.
En la misma reunión, la vicepresidenta Francia Márquez invitó a las pandillas juveniles que desde Puerto Tejada se han extendido por el norte del Cauca a seguir el ejemplo de las de Buenaventura: dialogar y frenar sus guerras por fronteras invisibles y control de negocios ilícitos. Lo ideal sería que sus miembros se desmovilicen, estudien y puedan dedicarse al deporte y variadas expresiones culturales, además de tener la posibilidad de trabajar (con la ayuda del gobierno y la empresa privada, ambos dispuestos a vincularlos y respaldar sus proyectos de vida).
El 1 de diciembre, en la sede de la ESAP-Cauca en Pisojé-Popayán, se reunieron autoridades indígenas del CRIC con voceros de propietarios afectados por la oleada de tomas de tierras en el norte del Cauca para escuchar sus denuncias sobre abusos y pérdidas económicas causadas en el transcurso de estas acciones que en varios casos han generado hechos de violencia de parte y parte, con saldo de muertos y heridos.
La reunión fue convocada por las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Aida Quilcué (partido MAIS y del Pacto Histórico), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Jahel Quiroga, quienes estuvieron presentes, además de delegados de la Defensoría del Pueblo. La senadora Valencia destacó que la audiencia era independiente de las políticas de paz del gobierno de Petro.
Al estilo de las audiencias de la Comisión de la Verdad, en ambiente de escucharse respetuosamente y compartir el mismo recinto, tanto empresarios como indígenas se cantaron sus verdades. Todos coincidieron en que la situación empeorará (no solo para las partes en conflicto, sino también para la población de todos los municipios afectados por la pérdida de empleos y las secuelas del narcotráfico y las guerras por su control) mientras se privilegien las vías de hecho y la violencia.
Precisamente, mientras el gobierno nacional avanza en Caracas en los diálogos con el ELN, invitando a empresarios como el presidente de Fedegan, José F. Lafaurie, y oficiales de las Fuerzas Armadas; en el Cauca, el 4 y 6 de diciembre disidencias de las FARC atacaron dos campamentos militares en Argelia y Buenos Aires, matando ocho soldados sin mayor experiencia militar y dejando numerosos heridos.
Estas emboscadas obedecen a presiones de los mandos de las disidencias para que el gobierno del presidente Petro inicie diálogos con ellos, así como lo hicieron con el ELN, y no los vayan a considerar solo como un grupo ligado al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otros delitos, a los que les ofrecen el sometimiento a la justicia en lugar de negociaciones para que se desmovilicen y sean juzgados y condenados en condiciones más favorables.
Anteriores episodios que pueden enmarcarse en el empedrado camino de gestionar la “paz total”, con múltiples escenarios y actores rurales y urbanos; y, que también tienen que ver con el cambio de la política de guerra a las drogas aplicada en Colombia, en los Estados Unidos y otros países; por el regulación del cultivo, procesamiento y mercadeo de sustancias como la marihuana, coca y amapola, que al ser prohibidos, procesados y contrabandeados adquieren altos precios generándoles multimillonarias ganancias a mafias internacionales aliadas con los grupos armados, con o sin ideología, que se disputan territorios, rutas y mercados, desplazando, reclutando menores y asesinando a quienes se les oponen.
Múltiples y conflictivos escenarios indicándonos que la “paz total” propuesta por el presidente Petro tiene un largo y tortuoso camino por recorrer. Necesitamos paciencia antes de gozar sus beneficios.
