El Plan de Desarrollo se convirtió en una piñata. Ante la negativa del gobierno a entregar mermelada se desató el caos. Mas de 4.000 proposiciones fueron radicadas por los parlamentarios y los ajustes o cambios al texto inicial pasaron de 3.000. Al final quedaron 336 artículos, o sea con 153 más de los iniciales. En el mar de los intereses particulares o sectoriales naufragó un proceso que debería ser rigurosamente técnico; quedó evaporado el propósito constitucional de establecer metas razonables, priorizar iniciativas, armonizar estrategias, disponer recursos en consonancia con las disponibilidades. Como lo expresara el director de la Andi, la irresponsabilidad y el desorden presidieron el trámite.
Entre sus muchas disposiciones el plan abre la puerta a la construcción de nuevos puertos como el de Tribugá. Este fue un proyecto impulsado por el líder empresarial Mario Calderón Rivera, a finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara de Comercio de Manizales. Para justificar la iniciativa se afirmaba que el Antiguo Caldas debía poner fin a su mediterraneidad y acceder directamente a los beneficios del transporte marítimo.
Desde entonces la idea ha avanzado considerando tan solo el interés de los departamentos distintos al Chocó, y la conveniencia económica de empresarios y emprendedores asentados en el interior. En esta Colombia que actúa de manera imperial frente a las regiones, no se han tenido en cuenta las expectativas ni lo que conviene a los dolientes verdaderos: raizales, indígenas y lugareños quienes ven con reservas el sin sentido que sería aquel nuevo puerto.
A los pobladores mencionados no les falta razón. Ellos han ido construyendo una propuesta de desarrollo sostenible con inmenso potencial, la cual se basa en el ecoturismo, la pesca y las industrias artesanales. Además, saben que las grandes instalaciones portuarias como la de Buenaventura tienen características de enclave, requieren grandes recursos de capital y altos niveles tecnológicos para mantenerse competitivas, pero paradójicamente generan pocas oportunidades de empleo. Esto mientras se arrasa el medio ambiente y queda una estela de prostitución, y miseria que tiene sin cuidado a los distantes inversionistas.
La circunstancia anotada explica llamados como el de Luis Alberto Angulo, líder del Consejo General Los Riscales de Nuquí, quien señaló: “Es un daño enorme a los recursos, a las especies, a los manglares. Ahí es donde está la vida, la fuente, el pescado, las pianguas y los moluscos. Es un ecosidio gravísimo”. En buena hora expresiones como esta, surgidas desde el sentimiento profundo de las comunidades ha recibido el apoyo de la sociedad civil. Así lo manifestó el Foro Diálogos en Torno al Puerto de Tribugá, que reúne a más de setenta organizaciones e instituciones y propende por la autodeterminación de las comunidades.
La cuestión es que el nuevo puerto con su muelle de tres kilómetros y medio; su tráfico de portacontenedores hasta de doscientas mil toneladas, y los servicios de limpieza y reparación de embarcaciones, arrasaría con el medio ambiente de una zona cuya diversidad es oportunidad privilegiada para el desarrollo equilibrado, sostenible, que sirva al conjunto de la economía pero beneficiando a las comunidades.
El acceso al mar de de los departamentos del antiguo Caldas
puede resolverse impulsando conjuntamente con el Valle
el tren de alta velocidad hasta Cali, con un ramal entre Buga y Buenaventura
Y es que por cuenta del puerto tendrían que talarse mil hectáreas de manglares; se perturbaría de manera irremediable la zona frecuentada por las ballenas migratorias; se pondrían en peligro mil cuatrocientas especies de animales y treinta y cinco mil especies vegetales; se eliminaría un paraíso ecoturístico sin igual y se afectaría la pesca artesanal. Esto sin contar con los impactos generados por la carretera y la vía férrea de más de cien kilómetros que tendrían que construirse por la selva virgen para acceder a los centros urbanos del interior. Hablamos de actividades y obras que violentarían los innumerables pactos internacionales firmados por Colombia para la protección del Chocó biogeográfico.
La falta de lógica de la iniciativa queda al descubierto si se considera que este país de recursos precarios dispone de capacidad instalada sobrante en Buenaventura, donde los desarrollos recientes incluyen facilidades de acceso a naves de gran calado. Sin embargo, un puerto que genera anualmente mas de siete billones de pesos en ingresos fiscales, sigue sumido en la agitación social y el desamparo. Ni siquiera se han dispuesto los recursos necesarios para terminar la doble calzada hacia el interior; ni siquiera se ha evitado el criminal desmantelamiento del Ferrocarril del Pacífico; ni siquiera se han apropiado los recursos mínimos necesarios para llevar condiciones de vida digna a sus habitantes.
La expectativa de los departamentos del antiguo Caldas sobre acceso al mar puede resolverse de otra forma. El Valle del Cauca y la región cafetera están en mora de impulsar conjuntamente el tren de alta velocidad hasta Cali, planteando un ramal entre Buga y Buenaventura. También deberían presionar la terminación la doble calzada la cual reduciría a dos horas y media el trayecto entre Pereira y el puerto. Todo esto facilitaría que los industriosos habitantes del eje se vinculen a los negocios portuarios y turísticos brindados por el litoral, y que no deben ser patrimonio exclusivo de los vallecaucanos. El desarrollo es cuestión de buen juicio, no de embelecos costosos como el de Tribugá.
