La forma en que se presentó a la opinión pública la historia de la finca del entonces embajador de Colombia en Uruguay (Fernando Sanclemente), en la que se encontraron toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de cocaína y pasta de coca, nos hace pensar que estamos ante un crimen que puede quedar en la impunidad. Este exembajador, que al parecer se dedicó al procesamiento y tráfico de cocaína, tiene en su contra los testimonios de los mayordomos que están en la capacidad de demostrar su presunta responsabilidad. Ellos aseguran que sí tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban en la propiedad. Es decir, sí sabía de los tres laboratorios para procesar cocaína.
Estos hechos nos recuerdan un relato de García Márquez, en el que una persona negra fue la primera sobre la que recayó la acusación del robo de unas bolas de billar. El fino racismo colombiano ha equiparado la condición de afrodescendencia con la criminalidad. Junto a ese nexo se ha gestado el de la marginación socioeconómica, al punto que bien se puede decir que en Colombia no se castiga el crimen, sino la pobreza.
No es extraño entonces que tan pronto se conoció el descubrimiento de laboratorios para el procesamiento de cocaína en la finca perteneciente a Fernando Sanclemente las sospechas recayeran sobre sus trabajadores. No muy lejos del aeropuerto El Dorado, en un sector privilegiado por miembros de familias distinguidas de la sociedad colombiana, el lucrativo negocio del tráfico de cocaína tendría en uno de los representantes de estas castas a un protagonista de peso. Sin embargo, el relato fundante sostenía que, habida cuenta de su posición social, Sanclemente estaba fuera de toda sospecha.
Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, mayordomos de la finca Haras de San Fernando en Guasca Cundinamarca (de propiedad de Sanclemente y en las que se encontraron los laboratorios para el procesamiento de pasta de coca), están ofreciendo su información a la Fiscalía. Según el diario El Tiempo, Martínez y Bejarano aseguran que Sanclemente arrendaba la finca con el fin de procesar cocaína y que nada se hacía en esos predios sin la autorización de su propietario.
Es posible señalar que, así como en el cuento de En este pueblo no hay ladrones, se puede culpar a trabajadores que, por serlo, carecen de los privilegios de clase que se le asignan al exembajador.
En juego está el rasgo ya mencionado arriba, esto es la impunidad, que en principio parece estar directamente relacionada con los privilegios de clase. El resquebrajamiento del ordenamiento jurídico y el debilitamiento del imperio de la ley se hacen posibles por las desigualdades socioeconómicas sobre las que se sostiene la sociedad colombiana. Existen Saclementes porque cuentan con mayordomos que no tienen inventarios socioeconómicos favorables.
Hasta ahora, el caso Sanclemente sigue la partitura conocida. Se vio obligado a renunciar a su cargo diplomático como si una sanción social satisficiera las demandas de la ley. Esto es, Sanclemente ofrece un sacrificio que no corresponde al delito cometido.
La gravedad de lo que está en juego se acrecienta si se tiene en cuenta que su posición en el engranaje político colombiano lo convierte en un expositor de la profunda llaga que aqueja al establecimiento en Colombia. En tanto embajador, Sanclemente era un vocero oficial del gobierno nacional. No es él el único funcionario que exhibe un grueso prontuario.
Tenemos sin esclarecer la participación del narcotráfico y los paramilitares en las elecciones y esto a pesar de contar con documentos desclasificados en Estados Unidos, que pueden leerse en el sitio web National Security Archive y que dan cuenta de los vínculos de la política y el narcotráfico. Con la llegada a las cárceles norteamericanas de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados en 2008, estos aportaron testimonios como el de Don Berna, en el que reconocía haber apoyado la elección de Uribe en el 2002 con grandes sumas de dinero. Pareciera como si haber infringido la ley, o estar violentándola, no tiene la importancia que se espera de quienes han de representar y han de ocupar los cargos de mayor responsabilidad.
Ha pasado más de un año desde el 12 de febrero de 2020, cuando la Fiscalía y la Policía encontraron los laboratorios para el procesamiento de cocaína, y no se ha tomado ninguna decisión frente a Sanclemente, quien ha dado explicaciones frente al narcolaboratorio, negando tener conocimiento de las actividades que se desarrollaban en su finca.
No es tan solo una impunidad a secas a lo que estamos abocados. Es una impunidad que exhibe, sin recato alguno, corrupciones de grados profundos de putrefacción. La ligereza con la que el establecimiento colombiano está manejando este caso pareciera anunciar que en este servicio consular se colaron narcotraficantes.
