El 17 de noviembre de 2019, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pidió liquidar el proyecto: Colonia Agrícola de mínima seguridad de Yarumal. Con la liquidación se acabó la historia de uno de los elefantes blancos más grandes de Antioquia. La cárcel de Yarumal si bien nunca se materializó si significo gastos reales, por ejemplo, la sola compra del lote valió $ 8.789.315.653. Un final trágico si se tiene en cuenta el comienzo de la colonia agrícola.
El origen
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el 17 de julio, se firmó el convenio de Marco de Cooperación N0 393 de 2017 con el objetivo: Construcción y dotación Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) de Yarumal Antioquia.
Ese convenio se subscribió entre el Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza de Enrique Gil Botero, El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) bajo la dirección del brigadier Jorge Luís Ramírez Aragón, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec ) dirigido por Fabián Gonzalo Marín Cortés, el Departamento de Antioquia que para esa época tenía como gobernador a Luis Pérez Gutiérrez, el Municipio de Medellín bajo la administración de Federico Gutiérrez y el municipio de Yarumal, en la época bajo el mandato de Julio Aníbal Areiza Palacio.
La colonia se pensó como una alternativa para la población carcelaria, donde se habilitarían 1328 cupos y también se podrían condiciones diferentes a las habituales, para ilustrar, no habría varios reclusos en un mismo espacio, y se dispondrían de más espacios verdes. Para la tarea se comprarían un total de 40 hectáreas del seminario Cristo Sacerdote de la comunidad religiosa de Sonsón Rionegro, quien tenía la propiedad del seminario de Yarumal.
La compra del lote
El miércoles 3 de enero de 2018 el director del Inpec el Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón en la Notaria Primera en compañía del alcalde de Yarumal, Julio Areiza Palacio, compró el terreno Seminario Cristo Sacerdote de Yarumal al representante de la Diócesis, Ovier Galvis Sánchez.
Ese mismo día se prometió una fecha de entrega y una inversión: el día debía ser en junio de 2018, y el monto prometido de $ 62.350 millones de pesos. La consignación se divido entre el Ministerio de Justicia, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. El ministerio de Justicia se comprometió con 48.350 millones, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia juraron entregar cada una 7 mil millones de pesos.
La llegada de Viva
Por una derivación del convenio de Cooperación N0 393 de 2017, se llamó a la empresa departamental de vivienda de Antioquia (Viva), en el momento administrada por la abogada Lina Marcela García Gañan. Viva fue la escogida para realizar los diseños y ejecutar el proyecto de la Camis. Para el encargo Viva a su vez contrató a la firma de consultoría Ingeniería Básica S. A. S, representante legal y gerente Cristina Oliveros Zapata.
El informe de Ingeniería Básica decía textualmente: se puede concluir que la estructura de La Herradura en el Camis Yarumal, no cumple ningún parámetro para hacer un planteamiento de reparación o de reforzamiento lo que nos lleva a concluir que la edificación de la herradura debe ser mantenida fuera de servicio, ya que realizar una estructura externa que soporte la estructura existe no es una alternativa viable técnicamente ni económicamente. El valor del informe de Ingeniería Básica fue por $ 81.420.537.
Viva también suscribió otros contratos para la colonia agrícola, por ejemplo, también sancionó el contrato No 191/ 2018, el 12 de marzo con el señor Mario Palacio Chamat, con el objetivo de: Construcción de obras de cerramiento perimetral de seguridad, ampliación de la vía, demolición y topografía en el Camis, en el municipio de Yarumal. El presupuesto de la tarea fue de $ 2.023.207.406 incluido Iva. No fue el único contrato extra, en otro documento entre Serac y Viva, el 1 de noviembre de 2018, se habló de la prestación de servicio de vigilancia para el proyecto de construcción de la colonia agrícola Camis.
En resumen. Viva giró un total de $2.353.680.524 para levantar la colonia; aunque el Informe de Ingeniería Básica planteaba problemas serios para su materialización. Sin embargo, los cheques no impidieron el paro de las obras en 2019.
El paro del proyecto
El 28 de enero de 2019, la Uspec planteo dudas sobre el trabajo de Viva, de forma textual afirmó: Que el mencionado informe revela falencias en el Modificatorio número 1 al Convenio específico derivado 1 del Convenio marco 393 de 2017, el cual presenta algunos vacíos en el clausulado, en cuanto a los aspectos inherentes a los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto, cuantificación de estos y la entidad encargada de su elaboración y pago.
En marzo de 2019 se firmó una prórroga para tratar de salvar el proyecto; sin embargo, no paró la Suspensión del 12 de abril, donde se habló de un paro de obras indefinido. Meses después, 17 de noviembre de 2019, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pidió la liquidación del proyecto, en otras palabras, Antioquia y la nación gastaron durante dos años en una cárcel de papel.
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