La relación que existe entre “el ejercicio del poder y la manifestación de la verdad” así como la incidencia de la intervención de la medicina en la especie humana fueron exploradas por el filósofo francés Michael Foucault hacia la segunda mitad del siglo XX y parece que sus reflexiones están cobrando cada vez más relevancia en nuestros tiempos.
De cara al momento actual en torno a la declaración de interés público de imatinib con fines de licencia obligatoria y las decisiones para “equilibrar las cargas políticas” en Colombia, para el Comité de Veeduría y Cooperación en Salud constituye un imperativo ético pronunciarse una vez más, para procurar equilibrar una balanza que corre el riesgo de desequilibrarse ante ejercicios de poder fundamentados en tergiversaciones y manifestaciones de aparentes verdades por parte de la compañía multinacional Novartis:
- El interés público en la normativa nacional e internacional es considerado como una causal legítima de emisión de licencia obligatoria. Que Novartis afirme que “las licencias obligatorias (LO) son herramientas (…) para ser utilizadas en circunstancias excepcionales” desconoce que el que un medicamento sea declarado como de interés público es también una de las razones por las cuales procede una licencia obligatoria. Así lo constatan el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, la Declaración de Doha (también de la OMC) y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en lo que se refiere a la dimensión internacional. A nivel nacional, el juicioso trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social consignado en el documento “Aproximación al concepto “Interés público” en el contexto de una licencia obligatoria” presenta en sus conclusiones cómo “se pudo establecer que existe una tendencia ampliamente mayoritaria que ha comprendido el interés público para licencias obligatorias de medicamentos como una combinación de tres elementos: (i) realidades epidemiológicas de importancia en el territorio del Estado; (ii) altos precios de medicamento sobre el que recae la licencia; (iii) restricciones presupuestales del Estado que impiden sufragar los altos costos del medicamento.”
- La industria multinacional sigue tratando de modificar, para su conveniencia, la normativa colombiana que reglamenta el otorgamiento de licencias obligatorias. En Colombia el proceso establecido para realizar la declaración de interés público, contenido en los decretos 4302 de 2008 y 4966 de 2009 emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha sido estrictamente seguido por el Ministerio de Salud y Protección social, pese a lo tortuoso, contencioso y no sumario, y a todas las presiones que desde diversos sectores ha recibido. Ahora que se está ad portas de terminar este proceso el gremio de la industria multinacional solicitó y sigue solicitando al Ministro involucrar actores que no se encuentran contemplados en una intención evidente de dilatar aún más el proceso y de imponer los intereses comerciales de inversionistas extranjeros antes que el interés público y el derecho a la salud de los ciudadanos colombianos. Insistimos en la importancia de que el proceso continúe por las vías legales.
- Novartis se niega a reconocer las razones que soportan la recomendación del Comité Técnico de “declarar la existencia de razones de interés público sobre el imatinib con fines de licencia obligatoria” y la estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social para actuar en favor de la salud de los colombianos. Tras más de dieciséis meses de un proceso transparente de consideración, documentación y maduración sobre la solicitud de declarar la existencia de razones de interés público sobre el imatinib con fines de licencia obligatoria por parte de la autoridad competente, Novartis quiere fijar el camino a seguir, apartándose de lo recomendado por el Comité Técnico que fue legítimamente creado en cumplimiento de la norma para la declaratoria de razones de interés público. Así, ante una propuesta de negociación que le hace el Ministro de Salud, la cual desde nuestro punto de vista se aleja conceptualmente de lo que se entendería como “competencia simulada”, la compañía multinacional considera “que una negociación de precios no es viable” y solicita que, por enésima vez se “realice una evaluación minuciosa de la argumentación fáctica proporcionada por el Comité Técnico”. Una compañía farmacéutica, con aparentes intereses en la salud de los colombianos, se niega a respetar al Estado en un ejercicio soberano de lo que éste considera necesario para garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso a los medicamentos por parte de los colombianos.
Alega Novartis además, que se niega a negociar bajo la presión de una Licencia Obligatoria. Los solicitantes protestamos en su momento por la concesión adicional que el Ministerio de Salud hizo al laboratorio después de haber sido vencido en un proceso transparente y exageradamente prolongado. Protestamos porque se le dio una oportunidad adicional para no llegar a la declaración de interés público que no estaba contemplada en el ordenamiento legal y que, ciertamente, Novartis no merecía.
Alega además que ha reducido el precio en dos ocasiones. La realidad es que la Comisión Nacional de Precios aplicó en dos ocasiones control al precio del Glivec por estar por encima del precio de referencia internacional. Es decir, porque Colombia estaba pagando un precio superior al que pagan países más ricos o países de ingreso similar al nuestro.
Novartis apoya su argumentación en la participación improcedente y cuestionable de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los argumentos presentados por Novartis en su rechazo a la propuesta de negociación del Ministro de Salud se están apoyando en el concepto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó a la reunión de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI) que se convocó por solicitud del gremio que en Colombia agrupa a las multinacionales farmacéuticas (AFIDRO), del cual es afiliado Novartis. Ni la SIC, ni la CIPI ni AFIDRO son actores contemplados en el proceso definido por el Ministerio de Comercio para la declaración de interés público. Encontramos completamente alejado del interés público que funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio tomen partido en defensa de la compañía multinacional involucrada en el actual proceso, máxime si se trata de aquellos servidores públicos en cuyas manos puede llegar a estar la definición final del caso.
Entendiendo que el proceso de negociación llegó a su fin, nos preocupa enormemente que con el cambio de Gabinete anunciado por el Presidente Santos, este importante proceso en favor del derecho a la salud de los colombianos se quede sin resolver o peor aún, se convierta en un precedente de cómo el ejercicio de poder por parte de las compañías farmacéuticas atropella impunemente el auténtico derecho a la salud. Confiamos que el Ejecutivo de manera unida actuará sin más dilaciones priorizando el derecho fundamental a la salud antes que los intereses comerciales declarando el acceso al imatinib en condiciones de competencia como de interés público.
Firman:
Monseñor Fabián Marulanda
Conferencia Episcopal de Colombia
Sergio Isaza Villa
Federación Médica Colombiana
Germán Holguín Zamorano
Misión Salud
Francisco Rossi Buenaventura
Fundación Ifarma
José Julián López Gutiérrez
Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia – CIMUN
Oscar Andia Salazar
Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana – OBSERVAMED
Jennifer Milena Bueno
Coordinadora
Comité de Veeduría y Cooperación en salud
