A través de una columna publicada en el portal de las Farc el negociador e integrante del secretariado de las Farc- Ep Carlos Antonio Losada, expresa la posición de la guerrilla frente a las investigaciones que el Fiscal Eduardo Montelaelgre contrató con Natalia Springer precisamente para documentar las actuaciones delictivas de la organización guerrillera. Estos contratos así como otro que la empresa de consultoría de la analista tiene con la oficina del Alto comisionado para la paz condujeron a su retiro como columnista del El Tiempo y de comentarista de La FM donde era compañera de cabina de Vicky Dávila.
Esta es la columna de Losada:
El efecto Springer . .
Si para algo sirven las explicaciones intentadas por Natalia Springer, en su columna publicada en el diario El Tiempo del día 10 de agosto, tratando de justificar sus millonarios contratos con la Fiscalía General de la Nación, son para develar la tramoya tras la cual se esconde la estrategia que busca convertir el proceso de paz de La Habana en un juicio público contra las FARC-EP, montado sobre una sucia campaña mediática sustentada en investigaciones judiciales con supuestas bases científicas, hasta ahora desconocidas por la ciencia criminalística, según la versión que nos entrega la propia Natalia en su columna.
No se necesita saber de derecho penal o investigación criminal para adivinar la verdad que se esconde tras sus ampulosas frases de aparente contenido científico: “¿Será posible usar la misma tecnología que nos llevó a Marte para aproximar y encontrar fosas comunes? ¿Puede la econometría exponer el funcionamiento de una organización criminal? ¿Será posible atrapar a un asesino usando un algoritmo? La respuesta a todas estas preguntas es sí”; sentencia la contratista, sin más ni más, como quien está develando un gran misterio a través de una bola de cristal.
Lo cierto y lo real, es que lo único que queda a la vista, después de leer la mencionada columna, es la cantidad de recursos invertidos por el Estado en su pretensión de sentar la insurgencia en el banquillo de los acusados con base en ficciones jurídicas, revestidas de un ligero barniz seudocientífico que comienza a caerse como resultado del efecto Springer.
La historia es sencilla: desde la Fiscalía General de la Nación, de tiempo atrás se inició la labor de armar un paquete de imputaciones de supuestos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por la insurgencia, para desvirtuar su carácter político, doblegarla en la Mesa y obligarla a aceptar penas de prisión, sin lo cual, según los diseñadores de la estrategia gubernamental, no será posible la paz para Colombia. Todo esto, acompañado de una verdadera ofensiva mediática dirigida a sensibilizar la opinión nacional para que se sume de manera inconsciente a los objetivos que busca la mencionada estrategia.
Un botón para la muestra es el artículo sin firma, publicado en el portal de la revista Semana, el 25 de julio titulado: “Los crímenes olvidados de las FARC”; donde se asegura que: “Semana.com conoció en exclusiva detalles de los centenares de violaciones a mujeres civiles…”, supuestamente atribuibles a las FARC; y se hace mención a la labor de investigación de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía; precisamente la misma entidad que menciona la contratista Springer en su escrito justificativo. Blanco es, gallina lo pone…
Más que contratos para un trabajo investigativo, es claro que se está pagando a quién se ha prestado para una sucia campaña con fines perversos. Más que de aclarar unos crímenes se trata de armar un paquete para justificar una política.
El señor Fiscal le debe una explicación clara y contundente al país sobre este asunto. Sus respuestas a los interrogantes formulados por el diario El Espectador, publicadas el día de hoy 15 de agosto de 2015, dejan más interrogantes que certezas; todo encubierto bajo el manto de la “reserva” y la “confidencialidad” de los “productos contractuales”; que la Fiscalía le encargó diseñar a la firma de la señora Springer.
Debelado el misterio, los colombianos podrán entender por qué tanta demora en la Mesa para desenredar la madeja jurídica con que se quiere maniatar la salida política al conflicto.
¿Cómo entender que mientras se destinan miles de millones de pesos a la fabricación de expedientes contra la insurgencia comprometida en un proceso de paz, no exista el más mínimo esfuerzo por parte de la Fiscalía por investigar y sacar de la impunidad los miles de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que comprometen las fuerzas estatales y para estatales en el marco del conflicto y que sumados alcanzan más del 80% de todos los casos documentados por organismos internacionales como las Naciones Unidas?