La Promotora Calle 47 y la Promotora Rosendal creían que habían hecho el negocio de su vida. En solo una semana de marzo del 2014 vendieron una torre de apartamentos que tenía una envidiable vista al Castillo de San Felipe. Los constructores paisas María Adelaida Llano, Tatiana Figueroa Zuleta y Lucas Tamayo ignoraban que se había desatado una pesadilla que, cinco años después, los tiene en el ojo del huracán.
Las cinco torres de apartamentos bautizados con el nombre de Edificio Acuarela fue un escándalo nacional que incluso puso en riesgo a Cartagena de perder el estatus que había logrado en la UNESCO de ser considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad. La licencia otorgada por Planeación Municipal el 17 de diciembre del 2015 durante la alcaldía de Dionisio Araujo y ratificada por el curador urbano Ronald Llamas. La segunda licencia para las torres 3 y 4 fue otorgada el 23 de septiembre del 2016, y la última torre obtuvo permiso de la alcaldía de Duque en julio del 2017, cuando ya el Ministerio de cultura en ese momento en cabeza de Mariana Garcés había prendido las alarmas por la catástrofe urbanística que amenazaba el patrimonio arquitectónico de Cartagena.
La orden del ministerio fue contundente: el edificio tenía que ser demolido. La decisión vino sustentada por una visita en junio del 2018 de la UNESCO en donde recalcó que "el edificio construido debe ser demolido y suspendido indefinidamente. La misión recomienda al Estado Parte continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido, tomando en cuenta la amenaza que éste representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal excepcional de Cartagena como bien Patrimonio Mundial”. La decisión contó con el visto bueno del Procurador Fernando Carrillo. Pero La Promotora Calle 47 no se quedarían con los brazos cruzados.
Una de las propuestas de los paisas fue reducir en un 30 % la altura de las cinco torres para no obstruir la visibilidad del Castillo de San Felipe. Lo que decía la vocera del consorcio, Gilma Úsuga, argumentaba que demoler nada más la torre uno del proyecto costaría dos veces el presupuesto anual de la educación Cartagena. La petición se hizo en diciembre del 2018 al ministerio de Cultura pero el alcalde Pedrito Pereira fue tajante: no le interesa la reducción a veinte pisos de las torres. La decisión ya está tomada: se tiene que restituir el espacio público que colinda con la ciudad amurallada. Esto solo se lograría con la demolición completa de las cinco torres. La orden que emitió la juez 11 administrativa de Cartagena debe cumplirse a cabalidad.
Todo se definirá a comienzos de febrero cuando en una audiencia se develará lo que la promotora Calle 47 debe hacer. Lo más seguro es que las cinco torres se vendrán abajo.
