Será el experimentado magistrado Misael Rodríguez de la Corte Suprema de Justicia el encargado de investigar, por el momento a 6 congresistas que según las indicaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habrían recibido prebendas para lograr su voto en la Comisión interparlamentaria de Crédito Público.
Los seis son acusados de beneficiarse de contratos que habrían sido direccionados por el Ministerio de Hacienda cuando a la cabeza estaba Ricardo Bonilla, quien ya salió para afrontar las correspondientes investigaciones, dándole paso a su viceministro y amigo Diego Guevara. Dichos contratos, cuyo objeto era apoyar emergencias en municipios como Saravena, Cotorra, Carmen de Bolívar, habrían tenido como fin el lograr que los parlamentarios aprobaran los créditos en esa apetecida Comisión.
El caso le llegó al magistrado Rodríguez tras el retiro de Héctor Alarcón, señalado de haber posibilitado la filtración de información a medios de comunicación
Bajo la lupa de Rodríguez están los conservadores Esther Bitar y Wadith Manzur; los liberales Juan Pablo Gallo y Julián Peinado y la representante araucana de las víctimas Karen Manrique, así como el excongresista Juan Diego Muñoz, quien renunció a su curul en febrero de este año, todos con la particularidad de que fueron miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la cual se encarga de emitirle conceptos al Ministerio de Hacienda que son indispensables para aprobar créditos internacionales.
Rodríguez, de quien depende la suerte de los investigados, es abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología de Externado y cuenta con una experiencia de casi tres décadas en la Rama Judicial, a la que entró en 1993 con un cargo menor en la Fiscalía y en la que ha ido subiendo peldaños llegando a ser en un momento fiscal delegado ante la Corte Suprema, tiempo en el que fue el primer fiscal del país que investigó las chuzadas del DAS.
Él llegó a ser magistrado de la Corte Suprema en 2019 y actualmente es el presidente de la Sala de Instrucción, puesto al que llegó con polémica incluida, ya que, por antigüedad, la que en teoría debería haber entrado es la polémica magistrada Cristina Lombana, pero los votos se fueron, por otro lado.
Esta misma semana, el magistrado citó a la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien prefirió guardar silencio y también ordenó el allanamiento del despacho de la congresista Karen Manrique, quien fue mencionada tanto por Olmedo López como por Sneyder Pinilla en sus interrogatorios. Ahora, espera la certificación juramentada del presidente Gustavo Petro, quien fue llamado a declarar. Aunque cabe recalcar que actuará solo en calidad de testigo y que su declaración será un cuestionario por escrito.
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