Hereje, asesina, pecadora, falsa católica eran los insultos que le llegaban a Sandra Mazo, acompañados incluso de dibujos de una bruja que sacrificaba fetos. Sin embargo, nada la amedrentó. Continuó firme su campaña en el 2006 como directora de Católicas por el Derecho a Decidir para presionar, con biblia en mano, a los magistrados de la Corte Constitucional para que accedieran a legalizar el aborto.
Tenía 26 años cuando se acercó Sandra Mazo a las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), una organización con presencia en todo el continente y que nació en Uruguay en 1989 bajo la coordinación de la médica Cristina Grela. Recién había terminado sus estudios en filología en Medellín, con un recorrido como líder estudiantil cercano a la Teología de la liberación. Desde ahí empezó el trabajo de enseñarles a las mujeres a defender su cuerpo, el placer sin sentir culpa y sobre todo, la posibilidad de decidir cuándo terminar un embarazo no deseado.
Aunque Mazo —quien también es politóloga— es la cara visible de la organización, están además las cinco fundadoras que prefieren la reserva de su nombre. Ellas, en su mayoría profesoras católicas y feministas, comenzaron el grupo en los años 90 con el nombre de Hulda en honor a una de las profetisas de la biblia. Les preocupaba entonces que en el Vaticano solo los hombres tomaban las decisiones y controlaban los cuerpos de las religiosas, por lo que empezaron a leer la biblia desde la Teología de la liberación y a entender a dios con los ojos de mujer.
Cuatro años después y con Sandra Mazo como coordinadora, las Católicas se unieron a la abogada Mónica Roa, la académica Florence Thomas, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y otras 50 organizaciones para impulsar desde allí la despenalización del aborto. Buscaban que las mujeres presas por abortar salieran de la cárcel y que se convirtiera en un servicio de salud. Mientras Roa se encargaba de la demanda ante la Corte Constitucional, la Mesa conseguia organizaciones aliadas, Thomas ponía a hablar del tema al país a través de sus artículos en el periódico El Tiempo y Mazo respondía los debates que ponía la iglesia católica colombiana, en cabeza de monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Y así se dieron a conocer frente a los sacerdotes.
Su defensa del derecho a decidir es desde la doctrina cristina y con base a los preceptos del Derecho Canónico (canon 1323) descubrieron que, aunque el aborto es causal para la excomunión, es decir, para ser expulsadas de la iglesia, también tiene unos atenuantes ante los ojos de Dios aunque los sacerdotes no los apliquen al pie de la letra.
En el 2006, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la decena de organizaciones feministas convencieron con argumentos tanto laicos como católicos al magistrado Álvaro Tafur Galvis de despenalizar el aborto. Se publicó la sentencia C335 de 2006 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que lo convertía en un servicio de salud legal: si está en riesgo la salud física y mental de la mujer, si hay alguna malformación en el feto que le impida tener una vida digna y en caso de violación o inseminación artificial sin consentimiento.
Sin embargo, con la sentencia de la Corte Constitucional no terminaba la batalla. Mazo había notado que en varias mujeres el sentimiento de culpa era más fuerte a pesar de tener el beneplácito del Estado, y aunque podían abortar, lo seguían concibiendo como un pecado. Se volcaron entonces a realizar talleres con campesinas, indígenas, jóvenes y mujeres afro para enseñarles sus derechos sexuales y reproductivos. Pero más que una jornada magisterial, los talleres se habían convertido en un espacio de diálogo para purgar las penas y las culpas que la iglesia católica les había impuesto.
Después de hablar sobre los “10 mandamientos de la autonomía”, se enfocaron en escuchas las anécdotas sobre violencia, y entre lágrimas y risas, termina el proceso de catarsis con la “Oración de la Desculpabilización” para liberar a las mujeres de cualquier remordimiento.
Foto: @CDD_Colombia
Oración de la desculpabilización hecha en el marco de la campaña “En mi voz confío” de CDD. Foto: @CDD_Colombia
El grupo de mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir , que desde el 2000 forma parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de esa organización, que agrupa a 12 países de la región, emplea buena parte de su tiempo en el Congreso porque saben que en la letra menuda de cualquier reglamentación está la clave. No descuidan, sin embargo, las alianzas con otros grupos religiosos como con la sacerdote Olga Lucía Álvarez de las Presbíteras Católicas Romanas de América del Sur, el padre Alberto Franco de la Comisión Intereclesial e integrantes de otras religiones.
Plantón realizado por Católicas por el Derecho a Decidir en 2006, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia C335. Foto: El Espectador
Sandra Mazo, con 41 años de edad, dos hijos y todavía a la cabeza de Católicas por el Derecho a Decidir, ha enfilado nuevamente baterías por el aborto en el escenario de la Corte Constitucional. En el alto tribunal existe una demanda en curso, interpuesta por la doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París, Natalia Bernal Cano, quien busca tumbar la sentencia de 2006 de la Corte Constitucional que limita la legalidad del aborto solamente con base a tres causales. Su propósito es defender la vida de mujeres y bebés.
Aunque Católicas por el Derecho a Decidir ya no está en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, continúan actuando coordinadamente para lograr ampliar los derechos de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Tienen además como un nuevo argumento la Encuesta de demografía y salud de Profamilia, más del 52% de los hijos que nacen en el país son no deseados. El sueño de Sandra Mazo y las Católicas por el Derecho a Decidir es que todos los bebés que lleguen sean producto del deseo y el amor y tengan por lo tanto un escenario de vida lo más seguro posible.
