Según datos del ICBF, existen sesenta y nueve mil madres comunitarias, de las cuales catorce mil pasan los 55 años, y tres mil quinientas, superan los 65.
Con este grupo, que representa el 25% de ellas, "se hace necesario un plan de trabajo para buscar una alternativa de ingreso para la vejez. El Gobierno Nacional ha identificado esa situación y les ofreció un mecanismo que es el subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional, aquellas Madres Comunitarias que no se vayan a pensionar puedan tener un subsidio vitalicio para el resto de sus vidas entre 220 y 280 mil pesos."
Nosotros preguntamos: si la solución oficial es asimilarlas a personas desempleadas o independientes, para otorgarles un subsidio pensional, acaso no se está pasando por alto la responsabilidad que le asiste al ICBF por no haber cotizado su cuota parte durante los años de labor de estas madres comunitarias, quienes ahora merced a esa omisión se miran imposibilitadas de acceder a una pensión digna? No será más bien que al hacerles firmar el "retiro voluntario" de sus cargos, como requisito para el subsidio pensional quieren de paso obligarlas a renunciar a sus mínimos laborales, incluyendo cesantías, primas, nivelación al salario mínimo e indemnización por no pago de prestaciones? Qué pasa entonces con la pensión sanción?
No es un contrasentido sostener que ellas no detentan relación laboral con el ICBF, pero sin embargo afirmar que se las va a "formalizar" desde el próximo año.
Y la deuda prestacional acumulada? Al parecer para el ICBF no existe el contrato realidad con relación a estas trabajadores, siendo que la Corte Constitucional, muy acertadamente sostuvo todo lo contrario a la tesis oficial y manifestó que ellas podían acudir a la vía ordinaria para hacer valer estos derechos.
LUIS CARLOS ESPAÑA GÓMEZ
Abogado Director [email protected]
