“Las estrategias militares que desplegaron los actores armados para adaptarse a los cambios en la dinámica de la confrontación armada también generaron afectaciones para la población civil. Una de sus manifestaciones más críticas ha sido la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal por parte de las guerrillas”. (gmh, 2013., pág. 92)
Según la definición de la convención de Ottawa en su artículo segundo, por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas”.
En Colombia, la problemática de las minas antipersona son las de tipo AEI (Artefacto explosivo improvisado), que iniciaron en el año 1990 por parte de la guerrilla del ELN y su IME (Industria militar elenica), según diversas versiones fueron instruidos por Nicaragua, Irlanda entre otros. Posteriormente las Farc empezaron a emplearlas, debido a su rentabilidad en la fabricación y sembrado de manera sistemática, de ahí que se conozca como “la bomba del pobre”, prueba de esto es la incautación de “más de 5.000 minas antipersonal por el Ejército en el municipio de Curillo, en el departamento del Caquetá. Según el Ejército, las minas estaban en poder del frente 49 de las Farc” adicionándole el bajo costo de su producción y la durabilidad calculada en años de 50 a 100.
Estos grupos guerrilleros las utilizan para detener la marcha de las fuerzas militares, desmoralizarlas, e impedir su acceso a diferentes zonas de interés como campamentos guerrilleros, hospitales, veredas, caminos de acceso, escuelas, en el perímetro de las empresas trasnacionales, para controlar sus zonas de influencia como los corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas, de interés económico para el cobro de extorsiones, secuestros, etc. Indiscriminado la presencia de la población civil que realiza actividades cotidianas y de paso en algunas de estas zonas, con el fin de asegurar su permanencia, y dar dificultad de acceso a las fuerzas militares.
“Colombia es el único país de América Latina donde aún se siembran minas antipersona, uno de cada dos municipios es afectado por la presencia o sospecha de un campo minado, En 31 de los 32 departamentos nacionales la población está en riesgo por la presencia de campos minados y MUSE (municiones sin explotar). San Andrés y Providencia es el único departamento que no tiene campos minados” (sinminascolombia, 2011)
Según el programa presidencial para la acción integral contra las minas antipersona, desde 1990 hasta junio de 2014, en nuestro país van 10.773 víctimas por minas antipersona, de las cuales 8.590 resultaron heridas y 2.183 fallecieron, un 38% de ellas, es decir, 4.152 son civiles. Las actividades que realizaban al momento del incidente eran en un 60% actividades de fuerza pública, 20% del cual no se tiene información, 9% estaba de tránsito, 6% otro, 3% erradicación manual, 2% labores de agricultura. El departamento más afectado es Antioquia con un 22%, seguido del Meta con un 10%. Un 82% de las victimas están en edad económicamente productiva, y el total de las victimas están bajo la línea de pobreza.
El Estado Colombiano firmó el 4 de septiembre de 1997 la convención de Ottawa, lo ratificó el 6 de septiembre del 2000 y el 1 de marzo de 2001 entró en vigor. En este se compromete a prohibir el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y pautas para su destrucción. En 2002 se crea la ley 759 de 2002 con el fin de dar cumplimiento a la convención.
Las instituciones que hacen parte de la comisión interseccional nacional para la acción contra las minas son:
• La vicepresidencia
• Ministerio del interior
• Ministerio de relaciones exteriores
• Ministerio de defensa
• Ministerio de salud
• Director del departamento de planeación nacional
• Personería
• El alcalde o el personero expiden certificados de víctima.
Una persona afectada y/o familiares de una persona haya muerto por una mina antipersona tiene derecho a que el gobierno:
• Le brinde asistencia medica de por vida a través del FOSYGA. Plazo de 6 meses a partir de la ocurrencia del hecho
• Asistencia educativa a través del SENA
• Ayudas en caso de muerte, incapacidad, heridas leves a través de la RSS( red de solidaridad), plazo de 1 año a partir de la ocurrencia del hecho
• El ICBF brinda protección a niños y niñas víctimas de minas antipersona
La dificultad con los heridos es el traslado de las zonas selváticas y con dificultades de movilidad por la falta de carreteras a centros asistenciales y hospitalarios. Todas las instituciones hospitalarias públicas o privadas de todo el territorio nacional deben prestar atención de manera inmediata a las víctimas sin exigir ninguna condición previa para su admisión, asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria La atención de urgencias consiste en hospitalización, material médico quirúrgico relacionado con sustitución de huesos, si así lo requiere el paciente: Osteosintesis y ayudas externas como son las órtesis y las prótesis; medicamentos, honorarios médicos, transfusiones de sangre, laboratorios, radiografías. El costo es sin límite, se deben prestar todos los servicios que necesita la víctima.
También existen instituciones sin ánimo de lucro como fundaciones, ONG, que se encargan de dar protección y ayuda a las víctimas de las MAP, internacionales como la UNICEF, y nacionales:
Fundación Mi Sangre
Organización sin ánimo de lucro que nace en el 2006 por la iniciativa del cantante y compositor Juan Esteban Aristizábal –Juanes- con la misión de contribuira que los niños, niñas y jóvenes–NNJ- sean protagonistas de la construcción de Paz en Colombia.
Campaña Colombiana Contra Minas
Nació en mayo de 1997 como una iniciativa ciudadana. En el 2000, se constituyó como una organización no gubernamental y desde entonces ha establecido una serie de alianzas estratégicas con varias organizaciones locales y nacionales, así como con organismos internacionales.
Fundación Mahavir-Kmina
Con el apoyo de una ONG india, la Fundación Mahavir-Kmina se ha convertido en la esperanza de muchos colombianos amputados por explosivos, picaduras de serpientes o a causa de diabetes, para volver a caminar gracias a prótesis gratuitas.
El director ejecutivo de Mahavir-Kmina, Juan Rodrigo Mejía, explicó que la iniciativa, que arrancó en 2007, en Medellín, surgió como consecuencia de las miles de amputaciones que se practican en el país por cuenta de las minas antipersonales que ponen los grupos armados ilegales.
Fundación Hogar Jesús de Nazareth
En cabeza de Yolanda González, Esta es una institución sin ánimo de lucro que busca brindar un apoyo integral a las personas víctimas de minas antipersonales y todo tipo de artefactos explosivos.
Fundación victimas minas antipersonales
Fundación sin ánimo de lucro, que dedica todos sus recursos y energía al servicio de las personas que han sufrido la tragedia de ser victimas de minas antipersonales y heridos en combate de las fuerzas militares.
Pastoral social
El padre Carlos Hernán Cubillos, director de pastoral social explicó, que desde hace cinco años vienen trabajando con el proyecto de atención a las víctimas de minas y en esta oportunidad esperan conocer un poco más sobre el estado como se encuentran
Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria- IECAH, con sede en Madrid y Luisa Fernanda Pineda, publicaron un documento con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz- NOREF, donde afirman la preocupación sobre temas humanitarios en la Habana, donde no se dan muchas soluciones a temas como el de las minas antipersona, además estos artefactos serian un gran obstáculo para la restitución de tierras.
Un técnico se demora desminando 25mt2 un día, es decir, desminar la superficie del Quindío tardaría 2000 años, desactivar una mina cuesta mil dólares y el costo de producción de estas es de tres mil pesos, al sembrarlas sin métodos de fijación no es posible su ubicación exacta, es decir, que ni las Farc saben ubicarlas, desminar Colombia es buscar agujas en un enorme pajar. Para empezar con esta utópica tarea primero se debe acabar el conflicto.