En el mes de noviembre del año anterior la Secretaría Distrital de Gobierno promocionó por diferentes medios la convocatoria para otorgar becas para profesionalizar en dos años y medio a 100 líderes y lideresas defensores de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, en licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional.
Esta fue atendida por muchos, de hecho, nos inscribimos cerca de 500 personas, basándonos en los requisitos publicados: ser mayor de 28 años, tener experiencia comprobada de tres años en trabajo con comunidades en Bogotá, ser bachiller, haber presentado el examen el Icfes, no tener título técnico o profesional. Después de cumplir y aprobar el proceso de selección —prueba general, prueba específica, entrega de la carpeta de la hoja de vida con soportes y entrevista— fuimos seleccionados los aspirantes con los 100 mejores puntajes.
Nos dieron la bienvenida y continuamos con el proceso de pago de matrícula por valor de $83.345 y registro académico, con el que adquirimos la calidad de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (Acuerdo 025 de 2007 del Consejo Superior UPN). Después de iniciar nuestras clases los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., además de la clase de práctica entre semana, el día 10 de febrero nos informan que no aplicamos a una beca, sino a un crédito-beca condonable con el Icetex, para lo cual debíamos cumplir con los requisitos exigidos por la institución, entre ellos tener un deudor solidario con finca raíz que pudiera soportar ingresos suficientes para acceder al crédito.
Al encontrar que muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de cumplir con dichos requisitos, nombramos cinco voceros para dialogar con Francisco Pulido, designado de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno; pero a pesar de presentar varias propuestas para respaldar la inversión de Secretaría de Gobierno y garantizar nuestra permanencia en la profesionalización —como firmar un compromiso autenticado, constituir una póliza de garantía, firmar un pagaré a favor de Secretaría de Gobierno que es quien entrega los recursos—, lo único en lo que cedieron fue en que fuéramos nuestros propios deudores solidarios, pero nuevamente muchos no cumplíamos con los requisitos.
Después de haber cursado más del 90% de la primera cohorte, a través de un correo electrónico nos informaron que se suspendían las clases hasta que se definiera la situación de los inscritos y que las personas que no habíamos sido aprobadas por el Icetex perdíamos nuestra calidad de estudiantes por no haber presentado un deudor solidario con las condiciones exigidas por el Icetex y por lo tanto se declaraba vacante nuestro cupo y procederían a llamar a las personas de la lista de espera. Aun así aproximadamente 50 de nuestros compañeros presentaron documentación para acceder a crédito y se ha logrado establecer que el proceso ha sido traumático: algunos han tenido que pagar más de 7 estudios de crédito y a varios al tener aprobado el deudor solidario, al momento de autenticar sus firmas con huella biométrica y leer las condiciones del crédito se retractan del proceso, al establecer que es un crédito cualquiera y no se menciona en el pagaré la calidad de crédito condonable. En vista de todo este engaño hemos iniciado procesos legales —que estamos seguros fallarán a nuestro favor— y esperamos en dos años y medio tener nuestro título de licenciados en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, denunciamos la vulneración de nuestra dignidad, de nuestro derecho a la educación, de la confianza legítima; ya que la Secretaría Distrital de Gobierno nos ha engañado queriendo obligarnos a adquirir un crédito con el Icetex. Llamamos a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos para que respalden nuestra lucha y nos ayuden a denunciar y exigir el respeto a nuestro trabajo; ya que esas becas no son un regalo, son un reconocimiento a la labor que a diario realizamos con las comunidades en nuestros territorios; muchas veces asumiendo las obligaciones que le corresponden a la administración, con las acciones que buscan mitigar el riesgo al que estamos expuestos los ciudadanos de a pie, que no encontramos una respuesta efectiva a nuestras solicitudes.
