El dossier del general (R) Mario Montoya

El general Mario Montoya salió lleno de medallas y reconocimientos después de haber sido dos años y nueve meses el Comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, justo cuando Juan Manuel Santos se desempeñaba como ministro de Defensa. Montoya estuvo a la cabeza de la exitosa operación “Jaque” que permitió la liberación de 15 secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt y también la operación Fénix en la que cayó Raúl Reyes en un campamento en la frontera con el Ecuador, así como otras operaciones que fueron aplaudidas en su momento, pero que con el tiempo se ha ido descubriendo que los métodos utilizados no siempre fueron legales y por tanto es hoy un general cuestionado con al menos 10 investigaciones en su contra.

Como ocurre con los generales de alto rango fue nombrado embajador en República Dominicana. Desde su llegada recibió cuestionamientos y denuncias a nivel nacional e internacional sobre presuntos comportamientos irregulares, violación de derechos humanos y actuaciones comprometedoras en los denominados “falsos positivos” que empezaron a golpear su rol diplomático. En 2011 se vio forzado a renunciar tras ser cuestionado por varios congresistas entre ellos Iván Cepeda, que dijo que el gobierno no podía permitir que el servicio diplomático se convirtiera en “un servicio de impunidad, manteniendo embajadores y cónsules seriamente cuestionados por vínculos con grupos paramilitares o con violaciones a los derechos humanos”.

Su salida también se vio permeada por la coyuntura. En esa época se supo, luego de varias investigaciones, que los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha que se suponía habían sido dados de baja en combate, resultaron siendo ejecuciones extra judiciales confirmadas.

Una de las investigaciones más complicadas que tiene en su contra por su impacto internacional, es el caso de su presunta responsabilidad en la masacre de ocho campesinos en San José de Apartadó en el año 2005. Labriegos, pobladores y defensores de derechos humanos han solicitado incluso que su caso vaya a la Corte Penal Internacional.

Algunos de los militares acusados de participar en los asesinatos, relacionaron al general Montoya, quien para ese entonces comandaba la Primera División del Ejército, con el diseño de la operación Fénix y lo acusaron de haber presuntamente autorizado a los oficiales para usar guías civiles, hechos que terminaron con la masacre de esos ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

La masacre se produjo entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un grupo de cerca de 60 paramilitares comandados por alias “don Berna” y al parecer protegidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron a esta zona del Urabá Antioqueño y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños.

Los testimonios del Capitán Guillermo Gordillo y de los exparamilitares José Joel Vargas, alias “Pirulo”, y Adriano de José Cano Arteaga, alias “Melaza”, fueron esenciales para establecer la posible responsabilidad y conocimiento de los hechos por parte de Montoya. Tanto los oficiales que declararon como los exparamilitares, confirmaron que trabajaron de manera conjunta y que bajo el conocimiento de la comandancia.

La operación Orión es tal vez el caso más complicado que enfrenta el general Montoya en el dossier de investigaciones que tiene en su contra. En octubre del 2002, se llevó a cabo esta acción militar con más de 1200 hombres, que con armas de alto calibre ingresaron a la Comuna 13 de Medellín y realizaron allanamientos, capturaron “células de las FARC y el ELN” y dieron de baja a presuntos criminales, con el fin de recuperar la comuna y brindarle “seguridad a la comunidad”.

Según varios testimonios de testigos y habitantes de la Comuna 13, Orión fue realizada por un grupo de paramilitares, militares del Ejército y miembros de la Policía Nacional. La población vivió esa noche detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones que marcaron la sangrienta historia de una población que nació y creció en un margen de violencia, pobreza y muerte.

En 2009, Diego Fernando Murillo alias “don Berna” dio versión libre desde una cárcel de Estados Unidos, en donde confirmó que bajo una supuesta alianza, la cuestionada operación Orión, realizada en el 2002, sí se desarrolló de manera coordinada entre tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC que él mismo dirigía.

En 2010 Mario Montoya fue señalado por el narcotraficante Daniel Rendón alias “don Mario”, de haber recibido 1.500 millones de pesos por parte del exjefe paramilitar del Bloque Centauros de las AUC Miguel Arroyave, para supuestamente fortalecer los operativos en contra de Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” en los Departamentos de Meta y Casanare entre el 2003 y 2004. Dos años más tarde el general en retiro fue citado a dar versión libre ante la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, sobre su vinculación con el delito de enriquecimiento ilícito.

Montoya también ha sido salpicado por desmovilizados de las autodefensas que dijeron que el comandante de la entonces IV Brigada les había hecho “regalos” a los “paras” por sus labores. En 2008 Alias “Diomedes” dijo en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que en el 2002, el entonces oficial del Ejército, hizo la entrega personal de siete fusiles y una camioneta como regalo para el que era Comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Esta acusación fue luego corroborada por Libardo Duarte alias “Bambán” ante la Corte Suprema de Justicia en donde dijo que Montoya era colaborador del Bloque Metro de las ACCU. Alias el “Tuso”, también lo relacionó con la conocida oficina de Envigado y dijo que el general incluso hacía parte de la nómina de esta “oficina” criminal ubicada en Antioquia.

La última acusación que ha protagonizado el ex comandante del Ejército se dio en el 2013. Adolfo Enrique Guevara alias “101”, capitán (R) y ex paramilitar dijo en entrevista con el periodista Gonzalo Guillen que los falsos positivos en los que él mismo participó, era una política de Estado y que Mario Montoya tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban para darle “triunfos” falsos al país. Con documentos que prueban la veracidad de su relato, Guevara acusa al Álvaro Uribe y a Mario Montoya de haber ordenado bajas a costa de todo y consentir las ejecuciones extra judiciales realizadas por algunos militares en coordinación con paramilitares.

Alias “101” retirado de las AUC desde 2004, dijo que el ex comandante de esa institución y ex embajador en República Dominicana actuaba aliado con las autodefensas y ordenaba las ejecuciones extrajudiciales “esas eran las políticas de Mario Montoya, denlos de baja, denlos de baja, y si no hay bajas miren a ver como haces para traérmelas”. El relato incluye el mecanismo que se utilizaba para legalizar todas las “bajas” por medio de documentación falsa, escenas arregladas por los mismos militares y firmas de los comandantes del Ejército.

Aseguró, incluso, que el general no solo tenía nexos con los “paras”, sino que además recibía un salario de las autodefensas y tenía una relación muy cercana con los comandantes paramilitares de la zona. “El general decía que pasa esta semana que no tenemos resultados de bajas y cuando el decía eso, los comandos paramilitares coordinaban todo y me decían a donde debía ir y al que se me bajara lo mataba”.

Montoya ha negado las diferentes acusaciones, pero esto no ha impedido que las investigaciones en su contra continúen. Con los señalamientos del capitán Adolfo Enrique Guevara, apoyado en cientos de documentos con órdenes de bajas y legalizaciones al parecer falsas, se complica aun más el panorama del ex Comandante del Ejército enredado con nexos paramilitares y manuales para asesinar y producir cifras de “buenos resultados” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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