El general Mario Montoya dejó las Fuerzas militares con el uniforme lleno de medallas después de haber ocupado por casi tres años la Comandancia del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Juan Manuel Santos se desempeñaba como Ministro de Defensa. Montoya estuvo a la cabeza de la exitosa operación “Jaque” que permitió la liberación de 15 secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt y también la operación Fénix en la que cayó Raúl Reyes en un campamento en la frontera con el Ecuador, así como otras operaciones que fueron aplaudidas en su momento. Sin embargo con el tiempo se ha ido descubriendo que los métodos utilizados no siempre fueron legales y por tanto es hoy un general cuestionado con una grave sindicación: haber participado en 10 desapariciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos.
Como ocurre con los generales de alto rango, el gobierno Uribe lo reconoció con la embajada en República Dominicana. El nombramiento fue mal recibido y no faltaron los cuestionamientos y denuncias a nivel nacional e internacional. Salieron a la luz pública señalamientos de comportamientos irregulares, violación de derechos humanos y actuaciones comprometedoras en los denominados “falsos positivos” que empezaron a golpear su rol diplomático. En 2011 se vio forzado a renunciar tras ser cuestionado por varios congresistas entre ellos Iván Cepeda, que denunció al gobierno por permitir que el servicio diplomático se convirtiera en “un servicio de impunidad, manteniendo embajadores y cónsules seriamente cuestionados por vínculos con grupos paramilitares o con violaciones a los derechos humanos”.
Su salida también se vio permeada por la coyuntura. En esa época se supo, luego de varias investigaciones, que los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha que se suponía habían sido dados de baja en combate, resultaron ser ejecuciones extra judiciales confirmadas, es decir asesinatos de muchachos inocentes para reportarlos como bajas en combate.
Pero sobre sus espaldas de general no solo recaen estas acusaciones sino actuaciones irregulares como comandante de la Primera División del ejército en Antioquia. Una de las investigaciones más complicadas y con impacto internacional, es la presunta responsabilidad en la masacre de ocho campesinos en San José de Apartadó en el año 2005. Labriegos, pobladores y defensores de derechos humanos han solicitado incluso que su caso vaya a la Corte Penal Internacional.
Algunos de los militares acusados de participar en los asesinatos, relacionaron al general Montoya con el diseño de la operación Fénix y lo acusaron de haber presuntamente autorizado a los oficiales para usar guías civiles, hechos que terminaron con la masacre de esos ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.
La masacre se produjo entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un grupo de cerca de 60 paramilitares comandados por alias “don Berna” y al parecer protegidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército, perteneciente a la Primera División del ejército, ingresaron a esta zona del Urabá Antioqueño y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños.
Los testimonios del Capitán Guillermo Gordillo y de los ex paramilitares José Joel Vargas, alias “Pirulo”, y Adriano de José Cano Arteaga, alias “Melaza”, fueron esenciales para establecer la posible responsabilidad y conocimiento de los hechos por parte de Montoya. Tanto los oficiales que declararon como los exparamilitares, confirmaron que trabajaron de manera conjunta y que bajo el conocimiento de la comandancia.
La operación Orión en Medellin es oro caso complicado que enfrenta el general Montoya en el dossier de investigaciones que tiene en su contra. En octubre del 2002, se realizó esta acción militar con más de 1200 hombres, que con armas de alto calibre ingresaron a la Comuna 13 de la ciudad y realizaron allanamientos, capturaron supuestos integrantes de “células de las FARC y el ELN” y dieron de baja a presuntos criminales, con el fin de recuperar la comuna y brindarle “seguridad a la comunidad”.
Según varios testimonios de testigos y habitantes de la Comuna 13, Orión fue realizada por un grupo de paramilitares, militares del Ejército y miembros de la Policía Nacional. La población vivió esa noche detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones que marcaron la sangrienta historia de una población que nació y creció en un margen de violencia, pobreza y muerte.
La vida se le empezó a complicar al general nacido en Buga Valle y quien es recordado por su carisma y buena relacione entre los uniformados y los civiles de todas las condiciones sociales, cuando en el 2009, Diego Fernando Murillo alias “don Berna” dio versión libre desde una cárcel de Estados Unidos. Confirmó que bajo una supuesta alianza, la cuestionada operación Orión, realizada en el 2002, se había desarrollado de manera coordinada entre tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC dirigidas por el propio jefe paramilitar.
En 2010 Mario Montoya fue señalado por el narcotraficante Daniel Rendón alias “don Mario”, de haber recibido $ 1.500 millones por parte del exjefe paramilitar del Bloque Centauros de las AUC Miguel Arroyave, para supuestamente fortalecer los operativos en contra de Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” en los Departamentos de Meta y Casanare entre el 2003 y 2004. Dos años más tarde el general en retiro fue citado a dar versión libre ante la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, sobre su vinculación con el delito de enriquecimiento ilícito.
Montoya también ha sido salpicado por desmovilizados de las autodefensas que dijeron que el comandante de la entonces IV Brigada les había hecho “regalos” a los “paras” por sus labores. En 2008 Alias “Diomedes” dijo en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que en el 2002, el entonces oficial del Ejército, hizo la entrega personal de siete fusiles y una camioneta como regalo para el que era Comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Esta acusación fue luego corroborada por Libardo Duarte alias “Bambán” ante la Corte Suprema de Justicia en donde dijo que Montoya era colaborador del Bloque Metro de las ACCU. Alias el “Tuso”, también lo relacionó con la conocida oficina de Envigado y dijo que el general incluso hacía parte de la nómina de esta “oficina” criminal ubicada en Antioquia.
En el 2013 el capitán retirado y ex paramilitar Adolfo Enrique Guevara, alias 101, afirmó que los falsos positivos en los que él mismo participó, era una política de Estado y que Mario Montoya tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban para darle “triunfos” falsos al país. Con documentos que prueban la veracidad de su relato, Guevara acusa al Álvaro Uribe y a Mario Montoya de haber ordenado bajas a costa de todo y consentir las ejecuciones extra judiciales realizadas por algunos militares en coordinación con paramilitares.
Alias “101” retirado de las AUC desde 2004, dijo que el ex comandante de esa institución y ex embajador en República Dominicana actuaba aliado con las autodefensas y ordenaba las ejecuciones extrajudiciales “esas eran las políticas de Mario Montoya, de los de baja, de los de baja, y si no hay bajas miren a ver como haces para traérmelas”. El relato incluye el mecanismo que se utilizaba para legalizar todas las “bajas” por medio de documentación falsa, escenas arregladas por los mismos militares y firmas de los comandantes del Ejército.
Aseguró, incluso, que el General no solo tenía nexos con los “paras”, sino que además recibía un salario de las autodefensas y tenía una relación muy cercana con los comandantes paramilitares de la zona. Según él, “el general presionaba cuando decía que pasa esta semana que no tenemos resultados de bajas y cuando el decía eso, los comandos paramilitares coordinaban todo y me decían a donde debía ir y al que se me bajara lo mataba”.
La Fiscalía trasladó estas acusaciones al Tribuna de la Justicia Especial. El general Montoya sabe de la gravedad de las acusaciones y prefirió, ante el escenario que le puede dar 40 años de cárcel, someterse a la JEP por tratarse de eventuales delitos cometidos dentro del conflicto. Es el militar de más alto rango en haber firmado el acta de sometimiento que entrará a ser estudiado por la sala de definiciones de situaciones jurídicas de la JEP y será mucho lo que tendrá que aportar a la verdad de lo sucedido en la dolorosa guerra colombiana que ha dejado 300.000 victimas, en hechos por aclarar y con responsables que aun no han puesto la cara.
