La socialización que viene adelantando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los avances de la fase I del proyecto aeropuerto El Dorado II, que se construirá entre los municipios de Madrid y Facatativá, ha despertado bastantes expectativas y preocupaciones en la comunidad. Temas como la planificación territorial, la participación ciudadana y la cuestión ambiental serán de vital importancia para la consecución del proyecto.
En la actualidad, los aeropuertos internacionales se conciben como infraestructuras articuladas al desarrollo territorial, urbano y regional. Son infraestructuras dotadas de ventajas estratégicas en transporte y se afirman como importantes polos de desarrollo. Sin embargo, también es cierto que si los aeropuertos no se vinculan de manera adecuada con la planificación y el ordenamiento territorial pueden llevar a configurar un entorno de profunda conflictividad social y ambiental.
Básicamente, las principales expectativas son que, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación, el aeropuerto les represente a los municipios de Facatativá y Madrid, nuevas oportunidades de empleo y de negocios, mejoramiento y modernización de las vías; novedosos sistemas de transporte (RegioTram); y mayor cobertura y calidad en servicios públicos, así como en inversión social en general; entre otros beneficios.
Del lado del empleo, la construcción de las grandes obras de infraestructura absorbe una porción importante del desempleo en el país. La cantidad de empleos directos e indirectos que se crean, hacen de la infraestructura un sector estratégico para impulsar la ocupación.
La realidad es que el panorama de la ocupación laboral en Facatativá es desalentador. Ante las escasas oportunidades de empleo a nivel local, se suma la dificultad de acceder a ofertas estables en otros municipios, debido a los altos costos del transporte público y a los problemas de movilidad que enfrenta la región. Luego, es indiscutible que la construcción del aeropuerto El Dorado II va a demandar un alto porcentaje de mano de obra de distintos niveles y perfiles profesionales, lo que significa un alivio, por lo menos temporal, al desempleo local.
Del lado de las oportunidades de negocio, el aeropuerto también opera como un dinamizador de actividades económicas y de inversión, teniendo en cuenta que, por ser un aeropuerto internacional, el territorio queda directamente incorporado al resto del mundo.
La puesta en marcha del aeropuerto evidentemente traerá posibilidades de rentabilidad para un gran número de empresas que ofrecen una amplia variedad de bienes y servicios asociados al funcionamiento del conjunto de la operación aeroportuaria. También se espera, en el mediano plazo, que la instalación de empresas y la construcción de proyectos inmobiliarios y de centros de distribución, en la órbita cercana al aeropuerto, contribuya a fortalecer la industria y el empleo.
A pesar de estas constataciones optimistas, también es cierto que este tipo de proyectos atraen bastante mano de obra de otras regiones del país que llegan a competir por los puestos de trabajo y que se instalan en la periferia. Por tal razón, si el crecimiento de la población no se integra con el desarrollo territorial, entonces las medidas que se tomen para resolver problemas de desigualdad social, inseguridad y pobreza van a ser siempre insuficientes.
De otra parte, las preocupaciones desde la perspectiva ambiental no son una cuestión menor. Es evidente que las construcciones de grandes proyectos de infraestructura causan sensibles afectaciones al medio ambiente. Además, una de las mayores debilidades que presentan los municipios, en materia de ordenamiento territorial, es la falta de identificación de ecosistemas estratégicos y su debida protección.
La expansión urbana del municipio de Facatativá con las cuestionadas modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, desde hace aproximadamente una década, ha agudizado el problema del desabastecimiento de agua. Es claro que el impacto que tendrá el proyecto El Dorado II sobre el suelo, los ríos y quebradas, y las zonas de recarga de aguas subterráneas, afectará significativamente la calidad y disponibilidad del recurso hídrico en el municipio y la región.
Tanto el avance del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la ANI, así como el informe de viabilidad ambiental elaborado por la Aeronáutica Civil, en gran parte coinciden sobre las restricciones ambientales en lo relacionado con la identificación de los cuerpos de agua que se verán intervenidos, ya sea por vertimientos de la obra o por modificación de sus cauces: río Subachoque, río Botello, quebrada del Chircal y lagunas artificiales, entre otros; que albergan diferentes especies de aves y anfibios. Sin embargo, no se conocen con claridad todavía, las medidas de control ni los planes de manejo ambiental, así como tampoco las compensaciones y la efectividad de las mismas.
No obstante, debe reconocerse que las preocupaciones ambientales que surgen con el aeropuerto, no pueden ser ni más ni menos importantes que las que deberíamos ya estar atendiendo como comunidad: contaminación de las fuentes de agua por basuras que arroja la población a los ríos y por el uso de agroquímicos de las empresas de flores y otros cultivos; la falta de tratamiento de aguas residuales de hogares y empresas, entre otras.
Por estas razones es necesario insistir en la apertura de espacios de participación activa y eficaz de la comunidad como una garantía no solo del derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano, sino también del derecho a la información que permita construir una ciudadanía propositiva y argumentada que logre equilibrar las dificultades ambientales del territorio.
Porque cualquier compensación o medida ambiental que la comunidad exija realizar, por desmedida e imposible que nos parezca, siempre será poco para la deuda histórica que se tiene con el medio ambiente.
