“Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas” — Kofi A. Annan. Prefacio Convención de Palermo.
El departamento del Magdalena ha pasado en 2008 de 391 a 35 lotes en 2016 de cultivos de coca, lo que lleva a que pronto pueda declararse libre de cultivos de la hoja que no se usan para prácticas ancestrales indígenas, según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 (UNODC, 2017).
A pesar de que se habla de un aumento de cerca del 52% en territorios, muchos de estos mismos son áreas de manejo especial (parques nacionales, resguardos, tierras de comunidades negras), en donde se ha concentrado este negocio en el país y de un incremento del 33% en la producción potencial de hoja de coca fresca.
Entonces, la conclusión a la que se llegó en este informe es que hay mayor extensión de sembradíos, pero son las mismas comunidades las afectadas por este flagelo, abonándose esto a la ley de hierro del mercado de que entre más oferta, menores precios; así como a que la lucha contra el narcotráfico ha conllevado a que también, a 2015, haya aumentado en un 49% las incautaciones del producto terminado de este alcaloide y sean más eficaces los resultados de las acciones como la sustitución de cultivos de uso ilícito, la erradicación manual y, en el pasado, la tóxica aspersión área.
A pesar de lo anterior, nuestro territorio, otrora bananero, de otras bonanzas y crisis, no ha dejado de ser distribuidor ni epicentro de las mafias, así ahora sus capos tengan bajo perfil en la delgada línea roja de la economía del crimen, o sean una especie de “lobos” de Wall Street, que su piel de oveja, se camufla en negocios prósperos, en juntas directivas, en élites tradicionales y emergentes con poder, en el juego de las inversiones, quizá hasta en cargos, concesiones o rentas públicas, mientras hacen uso de la combinación de todas las formas de lucha para mantener activos sus intereses, lavar su caliente dinero y concentrar la riqueza, a través de rutas de un transporte multimodal, para exportar estupefacientes, basadas en la corrupción, el soborno o en la ley del silencio mafioso de la sociedad de los privilegios mutuos, en que lo prohibido, siempre vale mucho más y en que todo, por las buenas o por las malas, tiene un precio.
El narcotráfico, con su oscura estela, con el incremento de los cultivos de uso ilícito, como si fuera el Dorado 2.0, que describió muy bien el mito original, en El Tambor y el Humo, Nicolás Buenaventura, fue esta vez trasladándose, manigua adentro, por el mensaje de que: “allá hay un cacique que construyó una catedral donde es rey y se baña en oro blanco”, para que la idea del dinero fácil, de la cultura traqueta, del enclave, del control territorial y del poder local, de los castillos, de las armas, la gasolina y la fiesta, de las narcotelenovelas, de los botines del saqueo y de la guerra, de la silicona, de la música gansteril, de la soledad de la violencia, de la leche, vino y miel para el pueblo, del nuevo feudalismo en medio de la barbarie, del miedo, del engaño, de la pobreza viendo opulencia superflua, de la cárcel o la tumba, viajara depredando, corrompiendo, desechando, conquistando, mientras sus tentáculos penetraban, como la verdolaga, a todo y a todos.
Ahora, por ejemplo en esta bonanza que de seguro terminará como la hojarasca, están identificados los cultivos, con mayor intensidad en territorios fronterizos inhóspitos del Sur de Nariño, del Sur de Putumayo, del Catatumbo en Norte de Santander y de la zona montañosa de Cauca, en los que se concentra el 63% de toda la producción de coca del país (UNODC, 2017) mientras se anuncia que hay nuevos controles criminales parciales de la población y del territorio, así como otros dueños internacionales de este lucrativo y cruento negocio.
Con estas perspectivas, es clave señalar que después de los acuerdos de paz de La Habana y del Teatro Colón, no se puede pasar de un conflicto armado interno, irregular, prolongado y con raíces históricas de índole ideológica a una rapiña por las rutas del narcotráfico de los grandes carteles transnacionales, con violencia común, como única causa de muertes, lucro privado exagerado que haga ficticia nuestra economía, sin ningún apoyo popular sino respaldo mafioso, con mayores víctimas y, sobre todo, con mucha violencia gratuita, como la que habría con los más de 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos caídos desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.
Allí es cuando cabe subrayar que no habrá paz sin la derrota de la economía subterránea, que se financia, principalmente, con la criminalidad del narcotráfico. Para esto es clave un pacto nacional eficaz para la erradicación de este perverso negocio, de sus secuelas, y de sus daños colaterales. En esa vía, se resalta la importancia de la nueva norma de sometimiento a la justicia, y de su reglamentación, que permitirá fortalecer la investigación y judicialización de las organizaciones criminales.
Esta norma, a grandes rasgos, establece un procedimiento especial que posibilita la solicitud de sujeción colectiva, con actas de sujeción individual, de los grupos armados organizados. La cual debe incluir, además de otros aspectos, un plan de reparación a las víctimas. Propuesta que el Estado debe publicitar con la comunidad y con las víctimas, para luego nombrar delegados que concreten el sometimiento a la justicia, con los representantes de estas organizaciones ilegales que, durante este procedimiento, se ubicarán voluntariamente en zonas de reunión, con corredores de seguridad, en los que permanece el Estado de derecho, y que de ninguna manera serán áreas urbanas, fronterizas o con presencia de cultivos ilícitos o de minería ilegal, para asumir las consecuencias y compromisos que lleven a su sujeción a la justicia, siempre y cuando renuncien a continuar delinquiendo, so pena de perder cualquier beneficio, desde la etapa de acercamiento colectivo hasta la de judicialización.
Ojalá, así se pueda aplicar de inmediato, pronto se dé la reglamentación, y quizás también el correspondiente control de constitucionalidad de estas nuevas reglas, para que no se queden cortas, y operen en su integralidad. El debut de estas medidas debería ser la bandera del nuevo gobierno nacional contra la criminalidad organizada, para que, así estos grupos pierdan sus derechos políticos, se avance hacia una paz completa y se pueda terminar, por fin, nuestra más dura batalla: la lucha contra el narcotráfico.
* Ver: Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. UNODC – Gobierno de Colombia. Julio 2017.
