En Colombia, la situación de las víctimas del conflicto armado es crítica: reparaciones pendientes, revictimizaciones, líderes sociales masacrados, comunidades enteras desplazadas y un lamentable recrudecimiento de la guerra en los territorios. A pesar de la existencia de una ley de víctimas, un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente y un proceso de implementación del mismo, el panorama es frustrante; a diario se siguen produciendo víctimas en todos los rincones de la geografía nacional.
La cifra no deja de crecer, a cierre de 2020, según la Unidad para las Víctimas, eran más de nueve millones de personas las registradas formalmente como víctimas, y este año, la perspectiva es desalentadora. En los 99 días de 2021, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 44 líderes asesinados y 26 masacres que han dejado como resultado al menos 95 personas muertas.
El dolor de la guerra sigue instalado en las realidades de indígenas, afrocolombianos, mujeres, jóvenes, niños y campesinos que han tenido que soportar los embates del conflicto por décadas. Son víctimas con heridas antiguas que hoy son revictimizadas o personas nuevas que entran a engrosar las penosas cifras.
En los departamentos en los que trabajamos, la situación es preocupante. El proyecto de paz en el que creyeron las comunidades afectadas por la violencia, hoy parece desmoronarse. En Cauca, los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, en especial del norte del departamento están imbuidos en el terror. A diario sufren amenazas, hostigamientos y atentados contra la vida.
En Cesar, los líderes sindicalistas siguen siendo amenazados. Los campesinos del corredor minero se encuentran en alto riesgo, hay alertas inminentes de desplazamiento y despojo. Sumado a esto, el anuncio de Glencore-Prodeco de devolver los títulos mineros de La Jagua y Calenturitas ha generado incertidumbre en las víctimas que buscan verdad y justicia por parte de la multinacional a propósito de conocer el rol que desempeñó en el conflicto.
Asamblea Campesina del Cesar
La situación en el Meta no es distinta. Las víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, hoy conviven con los victimarios que decidieron retornar a la vía ilegal.
Como movimiento de paz, hacemos un llamado al Estado colombiano a demostrar con acciones su voluntad política frente al cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos. No basta con enunciarla, hay que cumplir con lo pactado en lo fáctico. Los líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y constructores de paz no pueden seguir siendo amenazados y asesinados. El Estado debe garantizar su vida y el ejercicio pleno de sus derechos, así como dar respuesta a las sus reclamaciones legítimas.
Sin embargo, hoy en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, abogamos por la necesidad de no perder la esperanza. Somos muchos los que en el día a día trabajamos con las comunidades por sus derechos, no solo a una vida digna, sino a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sabemos que no ha sido suficiente para las víctimas, pero queremos reiterarles que no están solas.
Seguiremos trabajando juntos, abrazando y respaldando a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es fundamental para seguir avanzando en la tan anhelada paz. Colombia necesita conocer la verdad de los hechos, ser reparada, encontrar a sus desaparecidos, obtener justicia, pero sobre todo mirar hacia adelante con garantías de no repetición. El dolor de la guerra tiene que acabar.
Evento de conmemoración Villavicencio, Meta
