El contrato de la vía Ocaña-Gamarra, por el que Odebrecht le pagó US$ 4,6 millones al excongresista Otto Bula, para que quedara a la medida del consorcio Ruta del Sol 2, del cual forma parte también Episol (Sarmiento Angulo)-CAS (Solarte), tuvo un manejo excepcional desde un comienzo.
El procedimiento ordinario para la ejecución de los macroproyectos de inversión sectorial es a través de documentos Conpes que aprueba el Consejo de Ministros. Los documentos Conpes desarrollan una línea de política y de acciones en el marco del Plan de Desarrollo, fijan un cronograma y unas metas, definen los recursos presupuestales y asigna responsabilidades de ejecución a las entidades públicas.
En este caso no fue así. El Documento Conpes “Importancia estratégica del Proyecto vial Autopista Ruta del sol-Tramo 2” de octubre 2 de 2014 y que fue firmado por los ministros entre ellos, las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, se aprobó cuando ya el proyecto era un hecho y estaba andando. Se trató de la formalización a través del Consejo de Ministros, pero la decisión había sido tomada siete meses atrás cuando Álvarez era ministra de Transporte. El 13 marzo de 2014 se dio la partida a la Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra en cabeza del mismo concesionario de la Ruta del Sol, según aparece signado en el acta firmada por el Presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade y Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Ruta del sol. Se trataba de una vía de 82 kilómetros que demandaría una inversión de $1,2 billones en un periodo de cuatro años de construcción, según reportó la propia revista Ruta del Sol.
Con posterioridad se ha sabido y está en proceso judicial que el excongresista Otto Bula habría recibido US$ 4,6 millones de la empresa brasilera Odebrecht para que el contrato firmado por la ANI -Agencia Nacional de Infraestrucutura- , en cabeza de Luis Fernando Andrade, quedara en unas condiciones más que favorables. Hasta el momento el director de la ANI se ha limitado a emitir un comunicado en el que lamenta el hecho y se compromete a colaborar con la investigación de la Fiscalía.
El camino derecho habría sido aprobar el Conpes en un primer lugar y luego proceder a su ejecución con las debidas modificaciones al contrato y soportes presupuestales que se requirieran. Esta vez, se dio comienzo al proyecto haciéndose uso de una atribución ministerial –Cecilia Álvarez-, con el respaldo de la ANI y luego se oficializó en el Consejo de Ministros con el Conpes 3817.
El propósito final de la vía a Gamarra es el de llegar a ese punto estratégico sobre el río Magdalena. La construcción de este puerto junto a otros tres, se aprobó en agosto del 2013 en el Documento Conpes 3758, también presentado por la ministra Cecilia Álvarez, para la navegabilidad del río Magdalena.
El puerto de Gamarra le fue entregado en concesión a la Sociedad Portuaria de Cartagena; dese el 2014 hicieron la solicitud a Cormagdalena y ésta se los otorgó en enero del 2015. La familia Parody era entonces socia de la Sociedad Portuaria de Cartagena, incluso con puesto en la Junta directiva. El renglón principal lo ocupaba, Luis Carlos Parody Echeona, hermano de la ministra Gina, con suplencia de el exministro Rudolf Hommes, quien ha representado a la familia Parody en distintos negocios portuarios como el de la Sociedad Portuaria de Buenaventura antes de vender su participación del 19 % a Dubai Port Autorithy por cerca de US $150 millones en el 2013 según reportó Portafolio en su momento.
Para hacerse a este negocio la Sociedad Portuaria de Cartagena constituyó la Sociedad Andalucía que será la encargada de administrar la concesión del puerto que movilizará todo tipo de carga en contenedores y carbón. El propósito final de esta gran inversión vial Ocaña-Gamarra, conocida como La Transversal, es la de conectar el puerto con la Autopista del Sol que integra el Caribe y al centro del país. Antes existía un carreteable y un precario puerto, Capulco, que no está operación, pero la decisión del gobierno Santos potenció el negocio al punto de que la Sociedad Andalucía arranca con una inversión de US$200 millones.
La relación de la ministra Gina Parody con la ministra Cecilia Álvarez es de público conocimiento. Ambas firmaron el documento Conpes sin haber considerado impedimento alguno ni haber expuesto abiertamente el posible conflicto de intereses que se presentaría. La investigación apenas empieza.
