Hace más de un año, Johnny Mena, un abogado a quien en su tierra Quibdó conocen como El Doctor Batalla, inició una carrera sin tregua para lograr que la justicia persiguiera a la banda de Martín Plaza. Él mismo la había identificado y sabía que actuaba en ocho departamentos y estimaba que había logrado mover clandestinamente cerca de $ 500 mil millones en año y medio, lo que equivale a la astronómica suma de $ 80 millones diarios, estafando a la gente.
El golpe para las arcas de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Caldas, Risaralda, Tolima y Norte de Santander destinado a la salud, era igualmente significativo. Y Mena lo sabía.
Un experto en derecho penal egresado de la Universidad Externado de Colombia trazó una refinada estrategia judicial que, con pruebas en la mano, permitió que por primera vez en la historia del país un juez de Cartagena pusiera tras las rejas a la banda de Martín Pita y 18 de sus integrantes. La justicia empieza a observar al chance ilegal como el caldo de cultivo de un entramado que se convirtió en un verdadero peligro para la sociedad por el impresionante volumen de efectivo que movía.
La banda de Pita operaba de manera coordinada en círculos de acción que empezaban en una calle, se extendían a un barrio, pasaban a una comuna y lograban ampliarse a ciudades enteras en una trama ilegal que llenaba de efectivo los bolsillos de unas cuantas personas que no tributaban y de unos ganadores que en contadas ocasiones recibían sus premios sin pagar por ellos impuestos.
Para operar, la banda instaló a través de la red social de WathssApp un sistema de comunicación que hacía difícil el rastreo de la operación turbia, cada chance ilegal se emitía por esa red a una central que lo codificaba.
La banda tenia profesionales trabajando para ellos, se detectaron contadores, ingenieros, economistas al servicio de la red que garantizaban un negocio casi perfecto. "Eran tan sofisticados que actuaban como los legales, solo que estos no generaban utilidades para el sistema y se robaban los premios”, cuenta Mena al relatar cómo operaba esta red.
El juez 12 de Cartagena escuchó las denuncias de Mena, quien logró, a punta de persistencia, que se adelantaran las investigaciones del caso, se libraran las medidas y una vez capturada por la Policía Nacional la banda se individualizara y judicializara para enviar a presión a sus miembros.
En el pasado esto no se lograba por la capacidad corruptora de los capturados y en ocasiones por la falta de conocimiento de los jueces sobre la tipificación de este delito que atenta contra el régimen económico del estado.
Martín Pita fue enviado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacua, igual que dos de sus colaboradores.
En esta oportunidad el juez entendió la gravedad del asunto, envió a Pita y a tres de sus apoyos a La Tramacua, la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, tres más a la del bosque de Barranquilla y a los 13 restantes les impuso medida de aseguramiento domiciliaria pero exigiéndoles, como no se había hecho antes, una caución millonaria a cada uno para alcanzar la libertad. Si quieren salir de sus sitios de reclusión deben pagar, cada uno, cerca de $250 millones.
Adicionalmente y para que la sanción fuera aún más ejemplarizante, Mena logró que el juez sacara del mercado los bienes de los capturados para evitar que los comercialicen o los entreguen a testaferros. "Esto realmente es lo que más le duele a los delincuentes y esto nunca había pasado”, dice Mena con una sonrisa de satisfacción que refleja el logro.
La cosa es tan seria que, incluso, se dice que los ciudadanos que jugaron el chance con estas mafias podían ser vinculados al proceso por complicidad lo que los pondría en aprietos.
El Doctor Batalla está satisfecho con lo sucedido hasta ahora pero no cesa, va por otras bandas que actúan con similares estrategias en otros departamentos del país, donde espera que caigan más organizaciones con la seguridad de que si se persigue al chance ilegal, se logrará que los departamentos puedan atender mejor a sus usuarios y que estas bandas no se conviertan en el cáncer que devora al sistema de salud.
Cuando se legalizó el chance en Colombia se dio un paso gigante en beneficio de las finanzas publicas que logró que millones de personas recibieran mejores servicios de salud y los departamentos más recursos a través de un juego que genera miles de empleos y oportunidades y que produce más de $ 12 billones al año.
Con estas acciones se busca disuadir no solo a los estafadores sino a los ciudadanos que insisten en jugar chance por fuera de la ley corriendo el riesgo de que no le paguen a sus premios y que se roben la plata de todos como ocurría con la banda de Martín Pita.
