En las últimas semanas el país escuchó con asombro al presidente Juan Manuel Santos solicitando al Departamento de Estado de los Estados Unidos, retirar cuanto antes a las FARC de la lista de organizaciones terroristas.
En igual sentido, y casi de manera simultánea, en una teleconferencia desde La Habana, el jefe negociador de las FARC Iván Márquez, le solicitó a la la Unión Europea retirar a las FARC de la lista de terroristas administrada por la Unión Europea.
La principal consecuencia de aparecer en la lista de los Estados Unidos, es el bloqueo de todo soporte hacia la organización terrorista. Entre los objetivos trazados por el Departamento de Estado para mantener y actualizar la lista, se encuentra el apoyo de la comunidad internacional para limitar la financiación del terrorismo, estigmatizar y aislar a las organizaciones terroristas a nivel internacional, frenar las donaciones hacia esas organizaciones y mantener a la opinión pública informada sobre cuáles son las organizaciones terroristas.
La ley norteamericana prohíbe a cualquier persona en los Estados Unidos, o sujeta a su jurisdicción, de proveer apoyo material o recursos a las personas designadas en dicha lista. Y el apoyo material es entendido por esa misma ley, como cualquier tipo de propiedad tangible o intangible, o servicios, incluido equipo de comunicaciones.
Es por esto, quizá, que Twitter, una empresa con sede en San Francisco, California, ha luchado de manera vehemente contra las cuentas del Estado Islámico (ISIS, ISIL, DAESH) en su red social. Se estima que la organización terrorista, designada como tal por el Departamento de Estado, con entradas en la lista negra el 17 de diciembre de 2004 y el 4 de octubre de 2014, tiene más de 90,000 cuentas en dicha red.
Pero Twitter no ha relacionado de manera directa sus acciones contra el Estado Islámico, con la inclusión de la organización en las listas de negras del gobierno norteamericano.
El año pasado la red social, que provee sus servicios a los usuarios que se encuentran fuera de Estados Unidos desde Dublin, Irlanda, confirmó haber suspendido en tan sólo un día, al menos 10,000 cuentas desde las que el Estado Islámico trinaba.
Y es que los términos y condiciones de servicio con Twitter (esos que nadie lee cuando abre una cuenta en internet), prohíben al usuario expresamente utilizar la red social para incitar a la violencia, lo que incluye amenazas terroristas o promover el terrorismo de manera directa o indirecta.
Y el sólo hecho de que una organización terrorista utilice la red para promoverse, es en sí una violación a los términos y condiciones de la red social.
Más aún, si Twitter considera que una cuenta representa un riesgo legal en su contra, puede, según los términos y condiciones con el usuario, suspender en cualquier momento su cuenta. Y prestarle servicios a organizaciones incluidas en la lista de terroristas de los Estados Unidos, así como en la OFAC (más conocida en Colombia como la Lista Clinton), representa, quizá, un riesgo legal para la compañía.
Paypal, por ejemplo, fue sancionada por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con una multa de $7.7 millones de dólares el año pasado por haber infringido la OFAC en 486 oportunidades y haber fallado en monitorear a sus usuarios.
Pero el tema con la OFAC sólo aplica cuando hay transacciones que involucren dinero, en cualquier cantidad y en cualquier forma. Por ejemplo, una empresa como Godaddy, que vende dominios y almacenamiento en servidores, podría estar infringiendo dicha ley al proveer servicios para las páginas de internet de las FARC.
Sin embargo, con la lista de terroristas designados, no hay requisito alguno de que haya dinero de por medio para que las sanciones apliquen.
La oficina de prensa de Twitter en California fue contactada para comentar sobre las razones por las cuales no ha cerrado aún más de 20 cuentas de las FARC y de sus cabecillas. No hubo respuesta alguna. La solicitud también se reiteró ante Twitter en Colombia, pero no fue posible obtener una respuesta tras dos semanas de espera.
Las FARC fueron incluidas en la lista de terroristas el 8 de octubre de 1998. El gobierno Uribe logró desmantelar la infraestructura en internet de las FARC. Sus dominios eran sistemáticamente suspendidos.
Pero hubo cambio de gobierno, y con éste, un cambio en la estrategia contra el terrorismo en el mundo cibernético. Desde noviembre de 2011 la organización terrorista opera la cuenta de Twitter @FARC_COLOMBIA.
Los cabecillas de las FARC se han vuelto “camaradas-tuiteros”. En septiembre de 2012 Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, abrió su cuenta. Hoy tuitea desde La Habana, Cuba. Igual lo hacen Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo,” Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape.” La lista sigue y los guerrilleros con cuentas activas en Twitter se cuentan por decenas.
En sus tuits, los designados terroristas promueven la guerrilla y animan la lucha que libran en los campos y ciudades de Colombia. Muchos de ellos trinan desde Cuba y exaltan las condiciones y calidades de los miembros de la organización.
“PAZ A NUESTROS GUERREROS CAIDOS Y FORTALEZA A NUESTROS CAMARADAS EN COMBATE. ¡¡EN LA LUCHA ESTAMOS Y EN LA LUCHA SEGUIREMOS!! FARC-EP COL,” reza, por ejemplo, un trino de la organización terrorista, lanzado en 2012.
Y no, no es un debate sobre la libertad de expresión. Tampoco es un debate jurídico que deba darse en Colombia. Es un reto legal que debe evaluar una compañía extranjera, de cara a un marco regulatorio que rige para ella en Estados Unidos y en Europa.
Para algo designan las autoridades a las organizaciones terroristas en unas listas negras. Si Twitter insiste en proveer sus servicios a organizaciones terroristas designadas por las autoridades norteamericanas y europeas, es ante ellas, ante quienes deba dar sus explicaciones, si las autoridades estadounidenses y norteamericanas en algún momento se los exigen.
Quizá Twitter sí atienda a las autoridades. A los periodistas que preguntamos por estos temas, no.
