Cuando el expresidente Uribe es entrevistado su discurso casi siempre está orientado a negar las afirmaciones de otros actores políticos y denunciar como calumnias lo que sus contradictores dicen de él y su gobierno. Además, cuando el periodista lo confronta dice que lo están juzgando. Pasó hace unas semanas en una entrevista en CNN. Pues bien, esa es la misma actitud de Iván Duque con respecto a su manejo de la pandemia, la economía, el paro y la situación social de Colombia.
Según lo dicho por el presidente en entrevista en Caracol hace unos días, en este país del Sagrado Corazón de Jesús no pasaría nada malo si no existiera la pandemia del COVID-19, Maduro, el ELN y las disidencias de las Farc, Cuba y los castrochavistas venezolanos y colombianos. Es decir, lo malo que pasa en este paraíso tropical andino no se debe a la alianza de políticos con las mafias narcotraficantes que secuestran el Estado para legislar a su gusto; ni con la creación de paramilitares para ampliar plantaciones de banano, palma aceitera, caña y coca; ni con el sistema de salud que enriquece a los dueños de las EPS y deja morir al pueblo; ni con el sistema bancario que prácticamente se robó las pensiones de los colombianos; ni con el sistema económico que empobrece a los campesinos y productores nacionales para enriquecer a una elite minoritaria, aliada de empresas extranjeras a las que se les rebajan los impuestos al punto de que se llevan el petróleo y el carbón y el país les queda debiendo.
Esto no es malo, si se considera que vivimos en una de las cinco sociedades más inequitativas del mundo, que la pobreza extrema va por el 45% de los habitantes del país, y que los políticos y sus contratistas se roban más de 50 billones de pesos anualmente, según la registra Portafolio. Y cuando las fiscalías de bolsillo del gobierno de turno logran atrapar alguno de los tantos Nules, que van por ahí, “el pobre empresario, que ve caer su emporio por cuenta de la corrupción que protagonizó en Bogotá, pasa sus días en el exclusivo barrio Golf de Barranquilla, en un lujoso apartamento muy cerca de los más grandes empresarios y dirigentes de la ciudad. Allí llegó por cuenta de un dictamen médico hace poco más de ocho meses y bajo el argumento de padecer una parálisis parcial en la columna que no podía ser tratada en el centro carcelario. Pobrecito, el señor.
El negacionismo uribista asume que lo mal que le pasa al país es por los otros: la izquierda comunista que quiere hacer de esta Venezuela uribista una Colombia castrochavista, o al contrario. Nada tienen que ver sus políticas equivocadas.
La estrategia argumental es que el presidente y el gobierno lo hacen muy bien, todas las demandas de la población civil se han cubierto gracias a los grandes esfuerzos que ha hecho, por ejemplo en el control de la Pandemia donde le entregó varios billones de pesos a la banca privada nacional para que hicieran negocios con los empresarios y se salvara así la economía nacional de los grandes empresarios. Y cuando la periodista de Caracol le dice: “pero presidente eso debería saberlo la gente”. El presidente reconoce que sí, que son malos comunicadores, lo que genera la pregunta: ¿A pesar de tener de lunes a viernes una hora de televisión en canales nacionales, públicos y privados la gente no sabe los beneficios que le ha traído este gobierno? ¿Y entonces qué hace el presidente gastándose el tiempo que le paga el pueblo jugando a presentador de noticias oficiales, pagando espacios de televisión que paga el pueblo, para no informar correctamente de las acciones de su excelso gobierno?
Según el presidente si la gente supiera de lo que ha hecho su gobierno no habría razones para el paro ni que vándalos destruyan bienes del Estado y privados. ¿Entonces el presidente no es mal presidente sino un mal comunicador?
Ya se han escuchado voces que dicen que el presidente no escucha, que está desconectado de la realidad del país, lo que no es nada raro en los hombres y mujeres de su clase, que saben más de Miami que de su propio país y que el pueblo colombiano para ellos es un montón de indios y negros que hay que mandarlos “a estudiar, vagos”, como dice la eminente senadora vallecaucana que además afirmó que Gabo, el nobel colombiano, se inventó los muertos de la Masacre de las Bananeras sucedida en los años veinte del siglo pasado. Es como su expresidente, que sigue creyendo que esos jóvenes que mató el ejército y los pasaron como guerrilleros eran definitivamente guerrilleros y que la justicia colombiana —que él no controla— le está haciendo un “falso positivo”.
Debajo de este negacionismo se esconde el espíritu clasista, despótico y autoritario que habla de democracia cuando piensa en dictadura, que habla de compromiso ciudadano con la patria y la economía nacional, pero piensa en servidumbre para explotar y mandar a matar.
La verdad y la comunicación, fundamentos de la democracia, se hacen y se construyen entre iguales, entre personas que se consideran iguales, que comparten un mismo lenguaje, una cultura, un fin compartido. El negacionismo de los uribistas expresa todo lo contrario. Las denuncias del pueblo atropellado por la policía y el ejército en las actuales movilizaciones son entendidas por el gobierno como fake news, es decir mentirosas, y la acción violenta de los agentes de policía que asesinaron, maltrataron y violaron a mujeres: justas, porque se defendían del “terrorismo de baja intensidad” de los vándalos.
Si se evalúan las acciones de este gobierno antes de la crisis del paro y se observa la manera como el presidente ha acumulado no solo el poder ejecutivo, sino el poder de los órganos de control como la Procuraduría y la Fiscalía, se ha opuesto a las altas cortes en el caso de Uribe, y controla el senado, militares y policías, tiene todo para tener un gobierno de facto, una dictadura perfecta coherente con su discurso y su acción de enfrentar las marchas de Cali con la militarización de la ciudad. No escuchar, no negociar y atacar la verdad con falsedades nos acerca más a la Chile de Pinochet y la Venezuela de Maduro, y nos aleja de una sociedad democrática, respetuosa de la diferencia y donde los gobernantes se asuman como funcionarios del pueblo, que es su soberano, y no como dueños del poder del Estado y enemigos del pueblo que los elige.
