En los tiempos de la justicia sin rostro, cuando se suponía que los nombres de los funcionarios que investigaban a los jefes de las mafias eran casi un secreto de Estado, el entonces juez Marco Antonio Rueda Soto recibía -con sorpresa y no pocos sobresaltos- cartas firmadas por Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali. Hacía un esfuerzo por no reparar en las amenazas sutiles contenidas en la correspondencia y trataba de no perder tiempo en averiguar quién le estaba filtrando información del expediente al capo. Prefería aplicarse a los suyo: recopilar las pruebas y fallar.
Condenó a Gilberto y a su hermano Miguel en segunda instancia y también a la esposa del primero de ellos por el delito de testaferrato, sin que el temor lo inhibiera. En esa época sabía que los intentos de intimidación no se producían en vano y eso lo comprobó, sobrecogido por el dolor, el día que una célula del ELN asesinó frente a su casa en Bucaramanga al juez segundo de Orden Público Samuel Alonso Rodríguez Jácome, de cuyo equipo hacía parte como abogado asesor.
Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela están presos en Estados Unidos en cárceles diferentes
Nunca ha perdido su amor por el derecho penal, pese a que en sus tiempos de estudiante de la Universidad Santo Tomás de la capital santandereana se sentía atraído por el Administrativo. De hecho, su tesis de grado versó sobre la teoría de la imprevisión.
Su perspectiva comenzó a cambiar en 1982, cuando fue designado juez promiscuo municipal de Confines, en Santander, y luego también en otros municipios del mismo departamento como Mogotes y Cimitarra. En este último municipio, ubicado en el corazón mismo de la conflictiva región del Magdalena Medio, vio más de cerca el rostro de la violencia.
En los tiempos de la aparición de los paramilitares se registró en su jurisdicción la desaparición y muerte de 13 trabajadores del sector maderero. Él tuvo que salir a buscarlos, a bordo de una canoa y siguiendo el curso de las aguas, y en el recorrido se fue encontrando con los cuerpos de las víctimas que flotaban arrastrados por la corriente.
Aquella sería le génesis de la masacre de ‘La Rochela’ porque, dada la dimensión de lo ocurrido, la Dirección de Instrucción Criminal integró una comisión de investigación que días después sería emboscada de manera sangrienta en un descampado del Bajo Simacota. Doce de sus integrantes fueron asesinados.
El juez Rueda fue promovido a destinos superiores por sus buenas calificaciones y por el respaldo del magistrado Jorge Carreño Luengas (expresidente de la Corte Suprema de Justicia ya fallecido). Luego de ser juez de instrucción criminal, fue juez regional, magistrado del Tribunal Nacional de Orden Público y Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Por concurso de méritos ganó una plaza como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La calidad de sus fallos y su jurisprudencia le abrió las puertas de la Corte Suprema de Justicia, donde hoy preside la Sala Especial de Primera Instancia.
Desde su llegada a la Corte ha atendido casos que por su sensibilidad le exigen un trabajo en el que muchos fines de semana se le convierten en días laborables. Trabajó duro en la investigación que condujo a la Corte a ordenar la detención provisional del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En plena pandemia tomó un avión para ir a Barranquilla a recoger las pruebas que sirvieron para condenar al exsenador Eduardo Pulgar Daza por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Pulgar se fue 58 meses a la cárcel por haberle ofrecido dinero a un juez a cambio de torcerle el rumbo a un proceso. También llevó a sentencia condenatoria al exparlamentario Roberto José Herrera por tráfico con cupos indicativos.
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Sin embargo, durante la ceremonia de entrega del Premio de Lucha Anticorrupción que acaba de concederle el Departamento de Estado en Washington, el secretario Antony Blinken mencionó, como de especial connotación, el caso del exgobernador del Putumayo y exrepresentante a la Cámara Jimmy Díaz Burbano, condenado por la sala a cargo del magistrado Rueda Soto por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación.
Washington destacó la manera como el magistrado descorrió el velo de la responsabilidad del gobernador que permitió que el río Putumayo fuera contaminado con mercurio a cambio de la explotación ilegal de oro, industria de la que el mandatario sacó lucro.
“Pese a los problemas que ha afrontado, la justicia colombiana hace méritos para recibir reconocimientos de este tipo. Por eso les digo a las nuevas generaciones de abogados que quieren ser jueces que se convenzan, de entrada, de que la prestación de ese servicio público fundamental no es una empresa para enriquecerse”, dice el magistrado en diálogo con Las2Orillas.
Y lo dice alguien que como él es conocido como un servidor que hace cuarenta años, desde su tiempo como juez en Confines, se sacaba el pan de la boca para dárselo a quien no tenía sustento o que pagaba de su bolsillo sencillas mejoras públicas para emplear a jóvenes que debían ayudar a llevar los alimentos a las mesas de sus familias.
Marco Antonio Rueda es uno de los ocho líderes del mundo destacados por su trabajo en prevención, denuncia y lucha contra la corrupción
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