A raíz del traslado de los bienes públicos del seno del Estado hacia el escenario del merado, ocurrido en los años ochenta para efecto de implantar el modelo neoliberal, surgió la necesidad de crear una disciplina de conocimiento propia para la administración pública, que antes no era necesaria porque esta se encontraba ligada a la ciencia política.
Ahora, ya ubicada en un rancho propio con sus particularidades, el proceso de conocimiento debe ajustarse a los requerimientos de orden epistemológicos, ya sea en el marco de la epistemología de la modernidad, que también podemos llamar clásica, o la epistemología de la postmodernidad que surgió también por esa misma época, concordante con el establecimiento del andamiaje neoliberal.
Independientemente de que se aborde con uno u otro enfoque epistemológico, una disciplina de conocimiento que pretende ser científica debe cumplir ciertos requisitos en la definición de su objeto de estudio y del método que se utilice para abordar el conocimiento del objeto; pero además, los filósofos ha coincidido en que, por lo general, el método científico nunca está terminado, sino que cada vez avanza en nuevos conocimientos, por lo cual hay ciencias que datan de varios siglos atrás y aun no conocen plenamente las realidades que pretenden interpretar.
Es decir, las ciencias casi siempre están en construcción y por lo tanto la administración pública también; más cuando lleva tan poco tiempo en ese proceso; pues tres decenios son nada en el marco de la historia.
Lo especial en el caso de esta disciplina de conocimiento, es que se confunde el tema epistemológico, con la realidad de la aplicación de la misma. Justamente, la Rama Administrativa del Poder Público, es el espacio donde se aplica el conocimiento, mediante procesos institucionales que también se denominan “administración pública”. Entonces surge el interrogante: ¿¿de qué está hablando?? De la disciplina de conocimiento o del ejercicio administrativo de las instituciones del Estado.
Por supuesto, el deber ser se refiere a la conveniencia o necesidad de que la práctica de la Rama Administrativa se realice aplicando el método científico de la disciplina; no obstante, el ejercicio de la Rama no está en manos de la ciencia sino en manos del régimen político, que es el que pone las condiciones; y la realidad institucional significa que la administración del Estado se realiza con criterio y patrones politiqueros, independientemente de la cientificidad del método que se haya construido.
Ahora estamos frente a una especie de disyuntiva, porque la realidad, es que el logro de los fines esenciales del Estado se alcanza en la medida en que se tecnifique el ejercicio administrativo, el cual obedece más a criterios políticos y de elites, que a patrones de interés general y bien común; lo cual se podría lograr en la medida en que dichas prácticas se realicen con el método científico; pero también está la situación de que el método aún se encuentra en pañales y el aparato universitario no está respondiendo en esta materia, a su misión social de encargarse de la ciencia y la tecnología. Por supuesto, no corresponde a ninguna universidad en particular, sino a la esfera académica en general, encargarse de dilucidar el dilema de la administración pública.
