En medio de la crisis sanitaria y económica que golpea al mundo entero, la inquietud prevaleciente pareciera ser si se volverá a la situación anterior a la pandemia, o si, por el contrario, debe evitarse regresar a la vieja normalidad previa al desastre.
El FMI anunció esta semana que las predicciones iniciales sobre caída del PIB global serían ampliamente superadas. Las agencias de la ONU hacen pronósticos muy sombríos sobre el deterioro de las condiciones sociales, en cuanto a desempleo, migración, pobreza extrema y hambruna, así como en el acceso a servicios sociales básicos, indispensables para preservar la vida y la salud.
Sin embargo, aunque se reconoce la importancia de fortalecer el Estado para afrontar la grave situación ante el fracaso del sector privado, no hay razones para pensar que las políticas que desmantelaron la salud pública y la seguridad social y agravaron la crisis vayan a abandonarse, por lo que la movilización social seguirá siendo prioritaria. Son varios los motivos para pensarlo.
Primero, durante las últimas décadas, en consonancia con el desarrollo tecnológico, los mercados financieros y bursátiles han tomado control absoluto del orbe. Prevalecen sobre los sectores productivos, la agricultura y la industria. Los llamados paraísos fiscales concentran recursos enormes de las empresas y personas más ricas del mundo. Hoy en día los bancos deciden guerras, acuerdos, inversiones, extracción de recursos naturales y campeonatos deportivos.
Segundo, el sistema financiero internacional, favorable a las potencias económicas, minimiza la soberanía de los países mediante el mecanismo de la deuda externa. América Latina la viene pagando por décadas y, al estilo del viejo Upac, entre más paga, más debe.
Tercero, además de los elevados intereses, los países tienen que garantizar la deuda manteniendo enormes reservas internacionales, con intereses bajísimos, y sin poder utilizarlas en una situación catastrófica como esta. Un elemento clave de la estrategia financiera es el ajuste fiscal que restringe de manera considerable y por ley, en el caso colombiano, la inversión pública y social.
Cuarto, durante más de tres décadas se ha eliminado o reducido en forma drástica la carga impositiva para los grandes grupos económicos y financieros y los dueños de la tierra. Quienes pagan impuestos directos son los trabajadores y ahora predominan los impuestos indirectos. Esto ha incrementado notoriamente la desigualdad social.
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¿Qué ha hecho el gobierno para afrontar la crisis sanitaria y económica? Le pido prestado al FMI USD 10.800 millones, con unos intereses más altos de los que prevalecen en esta época de crisis
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En este marco, ¿qué ha hecho el gobierno de Duque para afrontar la crisis sanitaria y económica? Contrajo un préstamo con el FMI por 10.800 millones de dólares, aceptando compromisos muy lesivos y con unos intereses más altos de los que prevalecen en esta época de crisis.
Mediante la primera emergencia económica tomó recursos de las entidades territoriales para crear el Fome, en manos de los bancos. Después les trasladó recursos del Banco de la República para que atendieran el problema del crédito. Para las Pymes y Mipymes, que generan cerca del 90 % del empleo, no hubo préstamos, con el pretexto de la incertidumbre que se vive. Para los pequeños productores del campo tampoco, porque Finagro les entregó los recursos a los grandes empresarios. Los subsidios a los más pobres han sido claramente insuficienteLos recursos para la pandemia se los dio a las EPS y las ARL, los intermediarios financieros. El gobierno no ha pagado la enorme deuda contraída con la red hospitalaria y con los trabajadores de la salud. Los implementos de bioseguridad, fundamentales para preservar su vida, han sido escasos. De los casi doscientos decretos de emergencia, ninguno formaliza las condiciones laborales de más del 80% del personal sanitario, conformado en un 76 % por mujeres.
Sin embargo, las decisiones que anuncia el gobierno para el futuro parecen todavía peores, como lo muestra el Marco Fiscal de Mediano Plazo, recién presentado. Alberto Carrasquilla, a quienes los poderosos gremios del país llaman “Ministro estrella”, ha dicho que “ni de fundas” se apartará de la ortodoxia económica. Ni reestructuración de la deuda, ni utilización de las reservas internacionales. Anuncia crecimiento económico basado en el sector privado y con mayor austeridad, venta de las empresas del Estado y nueva reforma tributaria. Es el mismo personaje que engañó, quebró y dejó sin acueducto hace más de diez años a 117 municipios pobres con sus famosos bonos de agua.
La gravedad de la crisis requería de una enorme movilización de recursos del Estado, pero no ha sido así. El modelo dominante restringe al mínimo el gasto social. Las cuentas del gobierno sobre lo invertido en la pandemia tampoco cuadran. El presidente habla de 117 billones, correspondientes al 11% del PIB, pero en realidad ha sido solo el 5.8%, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
En el debate absurdo planteado sobre la prioridad de la economía o de la salud, hace rato que el gobierno tomó partido. Los negocios están primero y deben sacrificarse vidas para salvar a los dueños del capital y de las grandes superficies, como sucedió en el Covid Friday. Después de todo, “nadie sabe cómo se va a comportar el mercado con la necesidad de respetar distancias”, señaló Carrasquilla.
