En la intervención de José Aulo Polo (vicepresidente de la Comisión VII del Senado) del 1 de octubre de 2019 “en la sesión de control político frente al problema de Comfamiliar de Nariño”, que contó con la presencia de Luis Coral Rosero (director de esa corporación), este realizó una grave y delicada denuncia que deja entrever métodos y argucias utilizados por oscuros personajes de la política nacional, especialistas en quebrar y liquidar cajas de compensación:
La Fiscalía General de la Nación hace muy poco tiempo habló de una investigación sobre lo que ella llama una red criminal cuyo modus operandi dice liquidar e intervenir EPS de maneras injustificadas para robarle los usuarios y trasladarlos a otras EPS que pagaron millonarias coimas por ese ilícito. Y en medio de ellas denuncia o anuncia la Fiscalía está el caso de la caja de Compensación Familiar de Nariño…
En ese mismo espacio el senador Aulo Polo también expresó que esa red criminal organizó una reunión con un “senador de la República, que no voy a nombrar, político ampliamente conocido en la región y que tenía incidencia en la caja de compensación”, y posteriormente hizo referencia a las más de 41 IPS a las cuales se les adeuda millonarios recursos y “no se les ha abonado un solo centavo”, generando graves problemas para sus usuarios por cuanto ningún hospital atiende a estos pacientes.
De acuerdo a lo expresado por el congresista, registrado en un video subido en su página oficial de Facebook, ¿nos encontramos ante este esquema de corrupción de una “red criminal” que pretende llevar a la EPS de Comfamiliar Nariño a una quiebra para su posterior intervención y liquidación? ¿Se han pagado millonarias coimas por este ilícito? Nos queda debiendo el senador Aulo Polo el nombre del senador “ampliamente conocido en la región con incidencia en el manejo de la caja de compensación” y que, por lo expresado, hace parte de esa red criminal. Preguntas e inquietudes que la opinión pública del departamento de Nariño, empresarios y trabajadores requieren disipar.
En la Resolución 0335 de la Superintendencia de Subsidio Familiar de septiembre 30 de 2020 se deja constancia de varias observaciones que nos permiten entrelazar lo expuesto por el senador Aulo Polo y la caótica situación de la caja de Compensación familiar de Nariño. Analicemos algunas de ellas:
“De ahí que se justifique la implementación de la medida cautelar de Vigilancia Especial a la Caja de Compensación Familiar de Nariño Comfamiliar Nariño, al encontrarse en riesgo de afectación el patrimonio total de la Corporación ante la operación y manejo del programa de salud EPS-S”. Se deja en claro que los malos manejos de la EPS Comfamiliar Nariño ponen en total riesgo “el patrimonio total de la corporación”, justificando así la necesidad de su liquidación y traslado de sus usuarios a otras EPS, como lo advierte en su intervención el senador Aulo Polo.
Posteriormente y en la misma resolución de la SSF se manifiesta que “aun cuando las pérdidas acumuladas y el patrimonio negativo está dado principalmente por el programa de salud (EPS), actualmente y por la crítica situación de éste se encuentran en riesgo los activos y el patrimonio total de la caja de compensación…”. De ahí que no entendemos como sus directivos manifiestan que la situación de la caja es boyante y no existe riesgo alguno de su intervención o liquidación. La SSF es clara al afirmar ante estas circunstancias que “se encuentran en riesgo los activos y el patrimonio total de la caja de compensación…”. Dicho en otras palabras, nos encontraríamos ad portas de una liquidación.
Y más grave aún que recursos de destinación específica se encuentren congelados afectando en materia delicada el desarrollo de programas y servicios sociales: “el congelamiento de cuentas con recursos del 4% (de destinación específica) que genera incumplimiento en la ejecución de los fondos de ley y en el desarrollo de los programas y servicios sociales”. Lo anterior se agrava por la sencilla razón, como se advierte en la Resolución 0335 de la SSF, de que “el préstamo interno de recursos propios de la caja de compensación al programa de salud para la operación inmediata de éste último, con el riesgo latente que los mismos no puedan ser restituidos…”, agudizadas por las acciones judiciales iniciadas contra la EPS Comfamiliar.
Delicado a todas luces, pues si esta EPS no ha cancelado sus millonarias deudas con la diferentes IPS de Nariño, como lo demuestra el senador Aulo Polo en la Comisión Séptima del senado, ¿cómo va a responder ante los millonarios prestamos realizados por la Caja de Compensación Familiar de Nariño? No tendría recursos, estaría ilíquida y prácticamente quebrada. De modo que la única solución parecería ser su liquidación. Así pues, si los directivos de Comfamiliar Nariño conocían de esta dramática situación financiera de la EPS ¿por qué autorizaron prestamos, tocando y afectando recursos de destinación específica? Inconcebible que se nos diga a la opinión pública que todo está bien y que no existe riesgo alguno de una intervención o liquidación de la caja. Alguien debe responder ante la justicia y ante los trabajadores de Nariño afectados por esta negligencia. Dichos recursos son intocables y sagrados por cuanto se constituyen en el fundamento de la razón social de esta corporación.
Lo anterior llevó a que la Caja de Compensación Familiar de Nariño se encuentre en estado crítico, así lo deja en claro la Resolución 0335 de la SSF: “En relación con los Fondos de ley se observa que la Caja en el corto plazo o corriente de sus operaciones no cuenta con recursos para cubrir las obligaciones a este respecto. Lo anterior por cuanto con corte al 30 de junio de 2020 el total de déficit de recursos sumando corto y largo plazo es de $32.570 millones”. Y concluye que “La corporación se encuentra en una situación financiera crítica que se observa en sus estados financieros y pese a ello no ha implementado políticas adecuadas de reducción de gastos”. Grave, delicado y lamentable que ni siquiera la caja cuente con “los fondos de ley” que le permita cubrir sus obligaciones. Los versados en leyes nos podrán decir que tipo de omisiones y delitos se cometieron en este sentido. Los único cierto es los recursos de destinación específica (4%) son intocables y la SSF nos demuestra una y otra vez que estos recursos fueron afectados y en materia grave.
La Resolución 0335 nos deja sumamente preocupados a los nariñenses por cuanto deja en claro que la situación financiera de la CCFN es realmente crítica y más aún que: “No se advirtió políticas y medidas adecuadas para la contención y disminución de costos y gastos en la Corporación”, y que “Se acreditan inconsistencias en la debida aplicación de las políticas contables y financieras de la Caja…”, aunado a lo anterior se evidencia una “no aplicación de la política de austeridad y o evaluación contable de la hipótesis del negocio en marcha, entre otras”. Directivos, administrativos, revisoría fiscal, consejeros y representantes de los trabajadores deben una explicación pública a estos desmanes de toda naturaleza. Aquí existen culpables y responsables que deben dar la cara, su renuncia es lo menos que se puede exigir.
Pero si la EPS daba claras muestras de inviabilidad, nos preguntamos cómo es posible que se le hayan inyectado recursos de la CCFN poniendo en inminente riesgo su funcionamiento, así lo colegimos ante lo expresado por la SSF: “Se evidenciaron préstamos internos de la caja de compensación familiar al programa de salud los cuales no son procedentes por cuanto los recursos del 4% tienen destinación específica y su distribución y aplicación está comprometida por la Ley al cumplimiento de los servicios, programas, proyectos sociales y ejecución de los fondos de ley que benefician a los trabajadores afiliados, en especial a los que corresponden las categorías A y B, esto es las personas de menores ingresos”.
El solo hecho de que estos préstamos “no sean procedentes” y aun así se hayan efectuado afectando “los recursos del 4%” que tienen una “destinación específica” ya se constituye en un presunto delito que las autoridades competentes deben investigar. Pero la negligencia y desidia administrativa es tal y de inconcebibles dimensiones, que no obstante lo observado “No se advirtió la aplicación de políticas y medidas adecuadas para la contención y disminución de costos y gastos en la corporación”. La CCFN, de acuerdo a lo expuesto, se constituyó en una caja menor para intereses que la opinión publica exige conocer.
Entonces, nos preguntamos una y otra vez cómo la CCFN recuperará los millonarios prestamos realizados a la EPS si “además, se puso de presente la inviabilidad del programa de salud (EPS) de la corporación debido al comportamiento de las pérdidas acumuladas por valor de-$63.634.1 millones que implican una incapacidad para el pago de sus obligaciones a corto plazo”. Dinero de los trabajadores, de los más pobres, de los más necesitados. No se requiere tener más de dos dedos de frente para cuestionarse las razones por las cuales se efectuaron estos préstamos a una EPS quebrada, ilíquida y en total incapacidad de asumir el pago de cualquier tipo de préstamos. Razón tendrá el senador Aulo Polo cuando hacía alusión en el senado a esa red criminal experta en quebrar EPS para luego liquidarlas y así hacer su jugosa ganancia de trasladar los usuarios a otras EPS después de “cobrar coimas” por ese ilícito.
En el video en referencia habla el director de CCFN expresando su preocupación por el no pago de importantes recursos de la EPS a muchas IPS del departamento de Nariño, No obstante, y ante lo expuesto por él hace más de un año la SSF indica en su resolución que “no se advirtió la aplicación de políticas y medidas adecuadas para la contención y disminución de costos y gastos en la corporación”, o que “la corporación se encuentra en una situación financiera crítica que se observa en sus estados financieros y pese a ello no ha implementado políticas adecuadas de reducción de gastos”.
Todo lo contrario, se procedió en contravía a lo observado y poniendo en riesgo el funcionamiento de la caja por la sencilla razón de que “el préstamo interno de recursos propios de la caja de compensación al programa de salud para la operación inmediata de éste último, con el riesgo latente que los mismos no puedan ser restituidos…”. Y, por lo analizado, no podrán ser restituidos ni en corto ni a largo plazo. Se tocó lo sagrado, recursos con destinación específica (4%) y que al decir del mismo director de la CCFN en el video arriba mencionado no se pueden comprometer “los recursos del 4% de la parafiscalidad que tienen una protección constitucional que lo conocemos todos y efectuarlo pues por supuesto estaría quien les habla en diferentes dificultades de tipo legal…”.
Pues bien, esos recursos de la parafiscalidad del 4% con destinación específica se comprometieron al punto de afectar el pago de subsidios a trabajadores nivel A y B “Se evidenciaron préstamos internos de la caja de compensación familiar al programa de salud los cuales no son procedentes por cuanto los recursos del 4% tienen destinación específica y su distribución y aplicación está comprometida por la ley…”. Y como bien lo expresa y deja en claro el director de la CCFN “estaría quien les habla en diferentes dificultades de tipo legal…”. Se tocó lo sagrado, lo protegido por la constitución como él mismo lo reconoce.
Únicamente esperamos que las autoridades competentes hagan lo suyo, lo propio, que nos aclaren estas dudas e inquietudes. Y que, si se tocaron, comprometieron y afectaron esos recursos parafiscales del 4% como queda documentado y evidenciado en la Resolución 0335 de la SSF se sigan los lineamientos indicados por el director de la CCFN: “los recursos del 4% de la parafiscalidad que tienen una protección constitucional que lo conocemos todos y efectuarlo pues por supuesto estaría quien les habla en diferentes dificultades de tipo legal…”.
La CCFN es un patrimonio de los nariñenses y como tal nos corresponde velar por su correcto funcionamiento y desarrollo. No nos mueve otro interés que dejar en claro la difícil situación financiera por la que atraviesa y a la que la llevaron, nos resta señalar culpables y responsabilidades, eso ya le corresponde a la justicia colombiana. La Resolución No. 0335 de la SSF señala el camino a seguir y deja en claro que como estamos, estamos mal. Así mismo, que trabajadores, empresarios y dolientes deben expresar su punto de vista libremente, con argumentos sólidos y con fundamento legal. Todo indica que la CCFN será intervenida y liquidada. Los datos y cifras económicos hablan por sí solos.
