¿Cuántos son los inversionistas de la pirámide de Felipe Rocha ¿Cuánto dinero le confiaron? ¿Con cuántos de ellos firmó acuerdos contractuales y a quiénes les entregó garantías reales? El rico heredero del emporio ganadero de Achury viejo no lo sabe con certeza y no tiene a mano documentos confiables que le podrían servir como ayuda de memoria.
El desorden contable con el que manejó los recursos, que a juzgar por las reclamaciones recibidas hasta ahora por parte de los abogados de sus clientes defraudados llegan a los $70.000 millones, representa hoy la principal dificultad para se produzca un acuerdo que evite que el caso deba resuelto en los estrados judiciales.
Pese al hermetismo que rodea a los esfuerzos de negociación conciliatoria, ha trascendido que algunos de los reclamantes Rocha les ha hecho saber que no recuerda las condiciones en que fueron pactados los intereses que les reconocería. A otros les ha hecho saber, con descarnada franqueza, que no recuerda cuánto dinero les entregó y les ha pedido el favor de que le regalen copia de lo que firmaron. Según las fuentes consultadas, pretende “invertirles la carga de la prueba” para que le demuestren que en realidad le confiaron dinero. La inversión se suponía destinada al levante de ganado cebú.
Aun así, los inversionistas han tenido que llenarse de paciencia y ampliar el margen de espera. En realidad, no han dado instrucciones a sus abogados para que procedan judicialmente, solo porque han recibido la oferta de que la familia Rocha ayudará solidariamente a devolver el dinero.
Fabio Humar, abogado de la mayor parte de los afectados, le dijo a Las2Orillas que no ha pasa nada relevante. “Estamos haciendo reuniones con los abogados del señor Rocha para ver si surge alguna fórmula seria y real de pago”, explicó el jurista.
Felipe Criollo, también apoderado de inversionistas que se declaran engañados, explicó que se ha ampliado el margen de espera, pero advirtió que no está descartado en absoluto que Rocha sea denunciado penalmente. “Por ahora estamos honrando los incipientes acuerdos alcanzados con los abogados de Rocha y seguimos esperando consolidar una fórmula final”, planteo Criollo. Para él, el plazo para un acuerdo definitivo está sujeto a un plazo con conteo regresivo”.
De acuerdo con las precisiones hechas por Criollo la espera ha sido ampliada para tener una información cierta y confiable que le de base firme al pretendido acuerdo. “Los afectados tienen las cuentas claras, pero entiendo que no ocurre lo mismo con Rocha en relación con los registros de los clientes y de la inversión”
El silencio que las partes llaman prudencial, tiene otro componente que, curiosamente, juega a favor de Rocha. Y es que la mayor parte de los inversionistas, por no decir que todos, tienen la calidad de “clientes vergonzantes” y le temen al reproche social y a la pérdida de reputación que podrían sufrir cuando trasciendan sus nombres. Eso explicaría por qué ninguno de ellos ha salido a desmentir especulaciones que se han hecho sobre sus nombres.
Sin embargo, nadie tiene la garantía de que ninguna autoridad podría intervenir. Como la inversión –o al menos parte de ella- se canalizó a través de la sociedad Agropecuaria Achury Viejo, con personería jurídica y legalmente constituida, la información sobre el esquema Ponzi podría resultar de interés para las Superintendencias Financiera y de Sociedades, dentro de sus respectivas competencias.
Hasta cuando su información contable estivo en orden, el patrimonio neto de la sociedad se acercaba entonces a los $10.600 millones de pesos. A sus activos, que harían parte de una posible fórmula de arreglo, se sumarían fincas, propiedades en el exterior y vehículos de alta gama. No obstante, el afán de los inversionistas por saber de qué podrían echar mano no cuenta con fuentes confiables de información sobre una verdadera masa de bienes.
De acuerdo con las normas vigentes, la Superintendencia Financiera puede considerar que hay captación masiva y habitual –característica propia de una pirámide- cuando el pasivo de una sociedad para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte personas o por más de cincuenta obligaciones.
Otra condición es que “los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones sobrepasen el 50% del patrimonio líquido de la sociedad o que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares”.
Así, en este caso podría aplicarse el adagio según el cual en este caso sería preferible “un mal arreglo que un buen pleito”.
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