La determinación del alcalde de Cartagena de dar inicio al desmonte de la torre uno del proyecto habitacional Aquarela situado en el Barrio Torices y en cuyas inmediaciones se encuentra el Castillo San Felipe de Barajas, ha venido siendo celebrada por el país, pues la justificación no puede ser más loable: “Se trata de preservar el título que acredita a la bella Cartagena de Indias como Patrimonio de la Humanidad”.
Hasta ahí todo bien, no sin antes destacar que Cartagena no ha estado ni está ahora en la lista de Patrimonio Mundial en Riesgo que periódicamente actualiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Claro que en el entramado de intrigas que se han dado a lo largo de los últimos siete años para detener la obra, autoridades y medios han acudido a representantes, activistas y expertos adscritos a la prestigiosa organización multilateral para que ratifiquen que el edificio Aquarela constituye un peligro y que como tal debe desaparecer.
En medio del alborozo son pocos los que se atreven a contradecir este anuncio al que solo le ven bondades. Pero más allá de querer “aguar la fiesta” y dado el interés inusitado que despierta el desmonte, vale la pena revisar el caso desde el primer piso.
Para empezar, el alcalde y la administración se han apoyado en una decisión de primera instancia emitida por el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena el 31 de marzo de 2023, que resolvió en etapa preliminar el proceso de Acción Popular iniciado por el Ministerio de Cultura contra el Distrito de Cartagena y contra la constructora por presunta afectación a un Bien de Interés Cultural, sin que exista aún una orden judicial en firme que obligue en forma definitiva a la demolición total de la estructura.
Así las cosas, el desmonte de Aquarela hoy por hoy constituye una conducta contraria al derecho, con la que se genera una contingencia jurídica adversa e innecesaria para el Distrito, que ya está al tope de demandas por reparación de perjuicios a terceros.
El alcalde también ha sido categórico en afirmar que le cobrará a los constructores los costos de la demolición, desconociendo entonces en ese aspecto el mismo fallo del Juzgado 12 que en primera instancia califica de “negligente” la conducta del Distrito al omitir la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección del conjunto monumental de Cartagena, dejando abierto el camino para construcciones de altura cerca del Castillo y por lo que ordena al Distrito asumir los costos del desmonte, en caso de que el fallo sea ratificado en segunda instancia.
En este contexto, la orden judicial también determina que la constructora debe asumir los costos de la restitución de 619m2 de espacio público, que corresponden a una pequeña porción del área construida.
En este punto, vale la pena anotar que el fallo de octubre de 2018 proferido por la Inspectora de Policía de la Comuna 2 de Cartagena donde se ordena la restitución de 24 m2 de antejardín (619m2 en vertical) se encuentra demandado por haber sido adoptado con base en pruebas no idóneas presentadas por Planeación Distrital, desconociendo el estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a petición de la Procuraduría General de la Nación y cuyo resultado permite confirmar que la obra se construyó conforme a lo aprobado en la licencia.
Es de anotar que las arquitectas responsables de la presentación de las pruebas con base en las cuales se adoptó el fallo policivo se encuentran inmersas en un proceso penal por fraude procesal y falsedad en documento público.
También se ha dicho en los últimos días que el Distrito ha debido tomar la iniciativa del desmonte ante el incumplimiento de la constructora para atender lo ordenado en el fallo policivo, desconociendo que fue el mismo Distrito a través de la Curaduría Urbana número uno quien negó la solicitud de modificación de la licencia presentada por Promotora Calle 47 para poder proceder con la perfilación del edificio y cuya negativa reiteró mediante oficio de 2020 la Secretaria de Planeación Distrital.
Una prueba de la voluntad de la constructora para hacer la restitución del espacio público lo constituye el estudio adelantado en 2018 con la firma Demoliciones Atila implosión SAS, la misma que tiene hoy a cargo el desmonte del edificio, y quien entonces conceptúo que era posible la perfilación sin necesidad de una demolición total, y cuyo costo cotizó en $900 millones de pesos.
Hoy, el costo del desmonte, según el contrato de Edurbe con Atila sobrepasa los $11.800 millones de pesos, muy por encima de lo que hubiese costado la perfilación y muy por encima de lo que cuestan los ladrillos que conforman la estructura próxima a desaparecer.
El sainete escala hasta el piso 25 donde ya se dio el primer “monazo” y con cada ladrillo que tumban, derrumban también el sueño de 956 familias cartageneras a las que se les ha destruido su sueño de tener una vivienda digna en un proyecto habitacional debidamente licenciado por las autoridades correspondientes. Sin duda, y aunque desaparezca del horizonte, Aquarela ya tiene un lugar en la historia de las complejidades urbanísticas que encara el desarrollo del corralito de piedra. Ojalá todos aprendamos de esta dolorosa y muy costosa lección.
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