Nada más absurdo y extraño que un desierto inundado. Peor aún, si la inundación ocurre como antesala a una visita presidencial y mucho más asombroso que sea una de esas visitas que ocurren cada 100 años. Por extraño, por muy bizarro que parezca, ocurrió en Uribia, la capital del desierto Wayuu, el municipio indígena más extenso de Colombia, fronterizo con Venezuela y con una de las comunidades indígenas más numerosas y desamparadas del territorio nacional.
No fue la única coincidencia. El viernes, previa a la visita presidencial, se reunieron en el salón Luis A Robles del Sena, cuatro magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para hacerle seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, que ordena al Gobierno Nacional, a la administración departamental, al Distrito de Ríohacha y a los municipios de Maicao, Manaure y Uribia poner fin a los problemas que han dado lugar a la alta mortalidad infantil en la última década.
Los días viernes y sábado, se concentraron en Ríohacha y Uribia, los órganos de poder más importantes del país. Los magistrados de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, reunidos en Ríohacha, escuchaban a expertos en temas de salud, étnicos, culturales, infraestructura y a ciudadanos del común, para hacerle seguimiento al cumplimiento de un fallo mediante el cual se ordena poner fin a la violación de múltiples derechos de los niños, niñas y adolescentes de la etnia Wayuu residentes en los cuatro municipios mencionados. Dice la Corte en su fallo, que en los últimos años habrían muerto 4.770 niños debido a problemas relacionados con la alimentación, la desnutrición y la calidad del agua.
Y en Uribia, el presidente Iván Duque, realizaría el Consejo Construyendo País, pero encontró al municipio completamente inundado y muriéndose de sed. Uribia es el municipio que más víctimas pone en este estado de desamparo en el que se encuentra la infancia y la adolescencia wayuu, no sólo por ser el más poblado, sino porque es el que vive con más rigor la falta de vías, el aislamiento, la deficiente atención en salud y la hambruna, pues, tal y como dijo uno de los expertos docentes de la Universidad de La Guajira, en ese territorio de 8.000 kms cuadrados hay más de 23.000 centros poblados, rancherías dispersas que se pierden en una complicada red de trochas.
El presidente Duque anunció dos inversiones importantes que han venido construyendo hace dos décadas: la carretera a la Alta Guajira, desde la cabecera municipal de Uribia hasta Puerto Bolívar con una extensión de 64.5 kilómetros, un ramal adicional a El Cabo de la vela de 20 kilómetros y otro a Puerto Nuevo de 8.5 kilómetros, con una inversión de 200 mil millones de pesos. Por fin, exclamaron los guajiros, que han venido clamando por esa carretera desde décadas.
Llama la atención, que hace dos meses la Procuraduría General de la Nación, ordenó suspender una licitación que estaba a punto de adjudicar la gobernadora encargada Tania Buitrago y cuyo costo sería de 1.2 billones de pesos para entregar en concesión 150 kilómetros de la Carretera Francisco el Hombre, hacia el sur de La Guajira, en dirección a Valledeupar. Y llama la atención por varios motivos: en primer lugar, porque la diferencia es de un poco más de 50 kilómetros, pero esa vía ya existe, mientras que la carretera hacia Puerto Bolívar, con sus dos ramales abre las puertas a unas posibilidades de crecimiento del turismo y de crecimiento de Puerto Nuevo.
El segundo anuncio del presidente, igualmente importante y con una inversión superior a la de la carretera, es la de construir un sistema de suministro de agua potable que permita, por una parte, superar al fin una de las necesidades básicas más sentidas de los wayuu y de los guajiros en general, y en segundo lugar, comenzar a darle cumplimiento a la sentencia T-302 de la Corte Constitucional, pues parte del problema de Uribia y Manaure, es la incomunicación y la calidad del agua.
Pero, no sólo el Gobierno Nacional comenzó a darle cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional y a ver con responsabilidad el compromiso que la Procuraduría General de la Nación comenzará a exigir a las entidades comprometidas en solucionar la hambruna, la desnutrición, la mortalidad y el desamparo de las comunidades guajiras, también el recientemente posesionado gobernador, Wilmer González, le pidió al presidente Duque en la audiencia en Uribia que cumpliera las medidas cautelares de manera que pueda ponerse fin al abandono estatal y emprender las acciones para restablecer los derechos del pueblo wayuu.
En la audiencia de seguimiento a los problemas estructurales de La Guajira organizada por la Procuraduría y la Corte Constitucional, intervinieron una docena de personas que expusieron a los presentes asuntos relacionados con la explotación de la sal en las charcas de Manaure, que el gobierno entregó a una empresa que está explotando a las comunidades a quienes paga poco y mal, hasta los temas de corrupción, amenazas, el estado de los colegios, el transporte, la desaparición de su sistema de seguridad alimentaria que ha empeorado con la crisis de la migración venezolana.
Una de las denuncias que más llamó la atención de los magistrados y del procurador Fernando Carrillo, fue la que hizo la directora de un colegio que está a sólo seis kilómetros de Ríohacha, cuyos alumnos escuchan clases a la intemperie, bajos los trupillos, rodeados de chivos, sin materiales didácticos y seguramente sin alimentación escolar.
La denuncia de la directora llegó a los oídos del gobernador Wilmer González, quien el lunes fue temprano a hablar con la rectora y ver el estado en qué encontraban los 589 niños y aunque es una escuela que está en jurisdicción del distrito de Ríohacha, el gobernador prometió a los alumnos, profesores y a la directora, que iba a gestionar los recursos en compañía de la alcaldesa encargada para cambiarle la cara a la escuela con el esfuerzo y compromiso tanto de la nación, como del departamento de La Guajira.
Que Uribia se haya inundado, que un presidente haya estado en Uribia ese mismo día y que todo haya ocurrido ante el clamor de la Corte Constitucional y de la Procuraduría General de la Nación, aunque sean anuncios, parece ser un buen augurio para la empobrecida península de La Guajira que tanta riqueza le ha dado a Colombia con su gas, el carbón, la sal, la diversidad étnica (además de los wayuu, en la Sierra Nevada están los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamos), y las posibilidades de un gran desarrollo turístico si se construye la carretera a la Alta Guajira y si se superan las necesidades básicas insatisfechas que tantas vidas inocentes ha cobrado.
Ojalá la sentencia T-302 traiga para La Guajira lo que los políticos tradicionales han prometido y no han cumplido.
