Todavía sintiendo el duro golpe de la cuarentena, 45 días después de declarado el paro nacional y de estallar la mayor movilización y protesta social registrada en Colombia, acompañada de violenta represión policial, se desgastan las manifestaciones y bloqueos como principales mecanismos de protesta. Esto debido a frecuentes disturbios y saqueos sin control ejecutados después de las marchas pacíficas por infiltrados de distinto origen, graves daños colaterales a la macro y microeconomía y perjuicios a mayoría de la población sin poder surtirse de víveres suficientes, viajar a sus sitios de trabajo ni acceder a servicios esenciales.
Tumbadas la reforma tributaria, principal detonante del paro y la de salud, conseguido el pago de la matrícula para estudiantes universitarios de los estratos 1,2 y 3, todavía negociando la renta básica para familias más pobres y la reforma integral a la Policía y derecho a la protesta y respeto a los derechos humanos, en numerosos municipios y regiones la mayoría de jóvenes y madres se integraron con la comunidad, para presentar ante las autoridades pliegos de peticiones incluyendo múltiples necesidades y problemas que deben ser atendidos localmente por las gobernaciones y alcaldías.
Sin duda que las enseñanzas y logros más importantes del paro son la concientización y participación en política alrededor de sus necesidades y problemas concretos que durante días en juntas populares improvisadas hicieron miles de campesinos, indígenas, comunidades negras, jóvenes estudiantes, desempleados, transportadores, barristas de fútbol, madres de familia, colectivos LGTBI y trabajadores de todo el país, integrados en marchas y bloqueos por fuera de la órbita de políticos de partidos tradicionales, que solo los buscan para que voten en las elecciones.
Ante el desgaste de manifestaciones y bloqueos como principal mecanismo de protesta y la crisis estructural del régimen vigente desde 2002 y de la economía neoliberal al servicio de la minoritaria alianza de narco-hacendados-ganaderos, palmicultores, bananeros, cañicultores, empresarios de la industria, minería y sector financiero, apuntalados por la parapolítica, se requiere que nuevos líderes formados en las movilizaciones participen activamente como candidatos a las próximas elecciones para reformar, al hasta ahora inútil Congreso, y además se integren a la alianza, que con gran votación, lleve a la presidencia a un candidato de unidad alrededor de un programa de gobierno al servicio de la mayoría de población, que se enfrente con éxito al de la alianza propuesta por el presidente a la sombra, Álvaro Uribe.
Los duros golpes recibidos por la economía nacional y regional después de la parálisis motivada por la cuarentena y el paro, en el Cauca y suroccidente colombiano requerirán un esfuerzo adicional de apoyo del gobierno nacional con un plan de emergencia para reactivar la economía y superar el acelerado incremento del desempleo y hogares caídos en la pobreza extrema.
También demandará la ampliación del pacto por la convivencia, defensa de la vida y los derechos humanos, conformado inicialmente por iniciativa de la Gobernación del Cauca con las organizaciones campesinas, indígenas y populares, pero que deberá ser ampliado a los gremios de empresarios para explorar la posibilidad de buscar solución negociada a los conflictos y desarrollar proyectos productivos complementarios que dinamicen la producción y comercio y evitar que recurrentes y prolongados bloqueos a la Panamericana se institucionalicen como mecanismos de presión adoptados por las comunidades indígenas y campesinas para presionar la negociación de sus pliegos de peticiones causando colateralmente la quiebra de comercios, pequeñas, medianas y grandes empresas que sobreviven en Popayán y el Cauca, después del golpe inicial de la cuarentena motivada por el COVID-19 y del prolongado paro.
Todas estas medidas de urgencia, sin olvidar que el mayor compromiso viene para las próximas elecciones de 2022 para Congreso y Presidencia apoyando a los dirigentes de grupos políticos y al candidato presidencial de unidad que impulsen cambios democráticos y estructurales a la estancada e inequitativa economía y sociedad colombiana, con el gobierno y sus instituciones al servicio de una minoría depredadora, autoritaria y excluyente, haciendo trizas los acuerdos de paz, empoderada de los recursos y las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas armadas y organismos de control.
