El cuatro por mil (gravamen a las transacciones financieras), creado en 1998 como una contribución temporal del dos por mil con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, destinada al salvamento del sector financiero, no solo se volvió permanente, sino que aumentó su tarifa al cuatro por mil.
El Proyecto de Ley 205 de 2021 con el cual se pretende desmontar gradualmente este impuesto, no es para nada una idea novedosa.
Algunos proyectos de ley en este sentido no han prosperado y otros han llegado a convertirse en leyes que, con posterioridad, han sido derogadas por otras leyes.
La razón es sencilla: pese a ser un impuesto antitécnico, le aporta a las finanzas públicas un promedio de $8 billones anuales y su recaudo no le implica al Ministerio de Hacienda costo alguno.
Este proyecto pretende disminuir gradualmente la tarifa del cuatro por mil, al tres por mil en el 2023, al dos por mil en el 2024 y al uno por mil en el 2025, y sustituirlo con recursos de cuatro fuentes nuevas:
- Creación de un impuesto a los altos ingresos (superiores a los $10 millones), que no podría ser contabilizado como costo o gasto en el impuesto de renta de los sujetos afectados.
- Creación de una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero.
- Creación de una Comisión de Expertos que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado.
- Derogatoria de los beneficios tributarios que actualmente se otorgan a las mega inversiones, a partir del primero de enero de 2026.
A medida que pasa el tiempo ha venido siendo despedazado no solo por diferentes sectores que se ven afectados y que despliegan un amplio y efectivo lobby en el Congreso de la República sino, porque algunos de sus argumentos van en contravía del ordenamiento jurídico.
Desmonte del cuatro por mil. Ya no va hasta el hasta el 2025 como se había propuesto, sino que se amplía tres años más y se disminuiría al tres punto cinco por mil en el 2023, al tres por mil en el 2024, al dos punto cinco por mil en el 2025, al dos por mil en el 2026, al uno punto cinco por mil en el 2027 y al uno por mil en el 2028.
Creación de un impuesto a los altos ingresos. Se cobraría sobre ingresos superiores a $25 millones y no sobre ingresos superiores a $10 millones como era la propuesta inicial. Adicionalmente, puede ser contabilizado como costo o gasto en el impuesto de Renta, es decir, se cobra, pero después es devuelto a los sujetos afectados. Resultado final: “cero” pesos por esta fuente para compensar los recursos dejados de recaudar por el desmonte del cuatro por mil.
Creación de una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero. En la primera ponencia ya no aparece la sobretasa al impuesto de renta al sector financiero, pese a que como se mencionó anteriormente, el impuesto en comento fue creado especialmente como un salvavidas a este sector.
Resultado final: “cero” pesos por esta fuente para compensar los recursos dejados de recaudar por el desmonte del cuatro por mil.
Creación de una Comisión de Expertos que tendrá como objeto el estudio de la reducción del tamaño del Estado. Es absurdo pensar que la creación de una Comisión genere ingresos a las finanzas públicas, cuando por el contrario le genera gastos al Estado, porque los estudiosos que conforman parte de ese tipo de Comisiones no trabajan gratis y cobran altos honorarios.
Resultado final: “cero” pesos por esta fuente para compensar los recursos dejados de recaudar por el desmonte del cuatro por mil y altos honorarios por pagar a los miembros de la Comisión.
Adicionalmente, el tema de la reducción del Estado no guarda relación alguna con el objetivo del Proyecto, por lo que, rompería con el principio de unidad de materia que debe conservarse en la redacción de cada proyecto de ley.
Derogatoria de los beneficios tributarios que actualmente se otorgan a las mega inversiones. Los beneficios no se eliminarán a partir de enero de 2026 como se había propuesto sino, de enero de 2029, es decir, que por esta fuente no se estarían obteniendo recursos para compensar el desmonte del cuatro por mil hasta enero de 2029.
Falta ver si los grandes inversionistas, entre los cuales se encuentra un banquero que se jacta de colaborar en la redacción de las leyes, van a permitir que se les elimine los billonarios beneficios que gozan y que son el soporte de sus billonarias utilidades.
