Uno no puede menos que cuestionar la seriedad del llamado Comité del Paro Nacional y su interés en llegar a acuerdos con el gobierno nacional y la sociedad colombiana a través de un diálogo incluyente con todos los sectores políticos, económicos y sociales que se ven afectados por el paro y las acciones adelantadas desde el 21 de noviembre.
Pasar de 13 puntos del llamado pliego nacional a 104 exigencias, muchas de ellas de imposible negociación por no ser del resorte del gobierno o por implicar políticas de defensa y seguridad nacional, indicaría que lo que subyace realmente es una intención desestabilizadora y caótica, que ni el mismo Comité comparte íntegramente.
Peticiones como replantear y modificar la doctrina militar, no pueden ser del resorte de negociaciones con sectores que no representan a la totalidad de la nación, en tanto conllevan la integralidad y la existencia misma del Estado; no obedecen a ninguna necesidad básica de los habitantes o al desarrollo de oportunidades sociales, económicas o culturales. Sin duda, tras esta propuesta, que viene desde las negociaciones del anterior gobierno con las Farc en La Habana, se mueven intereses de grupos armados ilegales y de la delincuencia organizada, que serían los únicos “perjudicados” por la acción de las fuerzas militares y de policía.
Es falso que la doctrina militar o de policía contemplen la práctica de conductas ilícitas para alcanzar los fines de las Fuerzas Militares o de Policía; quienes han incurrido en ellas están siendo objeto de procesos penales por violación de la ley. Si un sector político se abroga la facultad de determinar, sin conocimiento y sin experticia, la estrategia y las tácticas militares, nos abocaríamos a unas instituciones castrenses inanes y al servicio de intereses particulares o de partido y no a la seguridad y la defensa de toda la nación.
Plantear el retiro de cualquier propuesta que busque regular la protesta social es un sofisma de distracción, en tanto no existen propuestas de ese tipo; la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución y en la Carta de las Naciones, cuyo único límite cierto son los derechos de los demás ciudadanos. Lo que se ha planteado y con razón, es incorporar en una norma específica las regulaciones ya existentes en el Código Civil Colombiano sobre la responsabilidad civil frente a los daños y perjuicios que a terceros que no hacen parte de la protesta se puedan derivar, es lo que corresponde a un estado de derecho; no hacerlo, sería incentivar de manera irresponsable la anarquía y la violencia que reducidos grupos suelen manifestar con ocasión de esa protesta.
Habría que preguntarle a los propietarios y empleados de pequeños establecimientos de comercio, o de un vehículo, o de un inmueble, si les parece justo que la destrucción de sus bienes sea considerada una actividad lícita y conexa a la protesta; a los cientos de miles de ciudadanos que deben invertir cuatro y más horas en sus desplazamientos rutinarios porque se taponaron las vías y se obstruyó el transporte público, a los que pierden una cita de negocios o una cita médica porque no pudieron llegar a tiempo para cumplirla. Una cosa es el derecho a la protesta y otra muy distinta que su ejercicio conlleve hacer nugatorios los derechos de los demás.
Si un ciudadano sin ánimo ideológico se da a la tarea de leer los 104 puntos de las exigencias del Comité de Paro, se encontrará sin duda ante una reedición de la agenda de discusión de La Habana ampliada a las eternas exigencias del ELN y los narcotraficantes (Acuerdo de El Catatumbo); una constituyente de facto para cambiar el modelo de Estado y abrazar la propuesta del Foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en toda Latinoamérica.
Si se mira quiénes conforman el llamado Comité de Paro, se encontrará con los mismos personajes que conforman la oposición política al gobierno y los representantes de los negociantes del corrupto proceso de La Habana; no hay representación de la sociedad civil a cuyo nombre se extorsiona al gobierno. Por el contrario, ese 69% de colombianos que piden el cese de manifestaciones y actividades que alteran la convivencia y el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos, es silenciado y marginado y ese Comité exige que no se le tenga en cuenta so pena de arreciar las acciones de presión.
10.373.080 colombianos votamos por Iván Duque y un programa de gobierno; las demás propuestas no fueron aceptadas y por eso perdieron las elecciones. En ninguna parte del mundo se elige un gobernante para que adopte los programas políticos derrotados, mucho menos en el llamado socialismo, progresismo o bolivarianismo; Colombia, no tiene porque ser la excepción donde los derrotados en las urnas impongan su doctrina mediante la amenaza y el terror, mediante la presión callejera y en los órganos del poder público. Tanto democraterismo es el que nos anquilosa como nación.
Muy bien lo retrata hoy una caricatura en el diario El Tiempo; el pliego de las 104 exigencias se hizo para romper cualquier mesa de diálogo y sumir a la nación en la anarquía y la inviabilidad como república y tras ese objetivo están sin duda, los promotores del narcosocialismo que solo subsiste mediante la represión criminal en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
