La corrupción en Colombia no es un hecho nuevo ni tampoco un tabú que surgió con el desarrollo del siglo XXI. Estamos hablando de un problema de más de 200 años, una pesadumbre que ha marcado de manera radical el pensamiento de las generaciones y ha constituido en cada una de estas una cultura ajena a los valores, que se afianza a un vacío retrógrado que los líderes o aquellos hombres de estado se encargarían de consolidar con pudor y nefastos ejemplos del despojo público, aquello que según los intelectuales de corrientes marxistas “es sagrado”.
En este artículo expondremos no solo uno de los casos de corrupción más grandes de Colombia, sino que explicaremos las secuelas que este forajido acto le causó al fisco nacional.
Mientras los medios de comunicación se encuentran enfocados en las coincidenciales muertes de tres testigos claves en el caso Odebrecht, en las continuas amenazas del gobierno venezolano contra el Grupo de Lima y en los funestos asesinatos a líderes sociales, aparece un nuevo caso para acrecentarles el trabajo a los beneméritos de la rama judicial y poner una vez más en duda la eficacia del sistema jurisprudencial colombiano. Cuando todos creíamos que este caso ya estaba resuelto, que los hermanos Nule y los miembros del carrusel de la contratación en Bogotá estaban presos o que ya por lo menos habían devuelto el porcentaje de dinero exigido por la ley, cuando parecía que por fin la justicia había cumplido, que el orden, la ley y el código penal hacían requisito a sus desempeños, y acusaban para generar un resultado de confianza al pueblo colombiano, se desata una vez más la decepción. Los Nule y más del 80 % de los implicados en el caso quedaron libres y sin la devolución de un solo peso.
Para el año 2009, el emporio empresarial de los Nule volaba de consorcio en consorcio, era tan exitosa la trayectoria de los hermanos Manuel, Miguel y su primo Guido que adscribían a su favor a más de 40 empresas, entre ellas dependencias que se especializaban en sectores infraestructurales, energéticos y de sanidad pública, como acueductos. Su reconocimiento y astuto trabajo traspasaba fronteras pues lograron adjudicarse proyectos en más de 8 países de América Latina y compitieron en licitaciones en España y algunos países asiáticos.
En total los Nule lograron hacer parte de 2000 obras infraestructurales públicas y privadas, llegando a tener a su cargo más de 15.000 empleados directos e indirectos. Entre las obras más destacadas se encuentra la calzada Bogotá- Girardot y la tan polémica concesión Bogotá- Fusagasugá, Ahí empezó el declive judicial de estos visionarios, de los emprendedores de alta gama, de esos que cualquier ciudadano común sueña ser, de esos que por ganarse un contrato incumplen una deuda por más de 13.500 millones de pesos a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), a esos que la Contraloría investiga por antecedentes riesgosos e insumos de préstamos que no existen, a esos que prevarican la ley y estafan al Estado con una deuda de 28.000 millones de pesos, de los cuales 12.000 corresponden a retención de fuente, a aquellos que entran en la mira de la Superintendencia y Fiscalía por captación de dinero masivo, de esos emprendedores en los que el IDU, les pide de rodilla la devolución de 69.000 millones de pesos por retrasos en la troncal de TransMilenio y calle 26, a esas personas civiles naturales a las que la administración les pide permiso para ver si pueden traspasar el contrato a otro grupo empresarial lícito, a esos colombianos cuya empresa el contralor general de la nación de la época, Julio César Turbay, describe como “ un castillo de naipes” y a los que los economistas explican como un triunfo de los sobornos y los as bajo manga.
Este grupo empresarial no solo quedó en liquidación, sino que dejó un vacío fiscal que fluctúa entre los 500.000 y 800.000 millones de pesos. Entre las víctimas del desfalco no solo se encuentra el Estado colombiano y la administración distrital, sino también bancos, fondos nacionales de ahorros, asociaciones de prestación de dinero y personal capacitado como técnico. Es inaudito que la justicia colombiana ceda libertad a un grupo que es culpable de un detrimento patrimonial de 2,2 billones de pesos; si en el 2011, el hueco fiscal nacional era de 13,3 billones de pesos, los Nule fueron culpables de un porcentaje de ese detrimento en cuestión, detrimento que no han subsanado desde hace ya 8 años. Ah, y como si no hubiese mención, estos empresarios de gama demandaron a la nación por 1,5 billones de pesos, porque, según su percepción, ellos y su empresa fueron víctimas de persecución mediática y legal. También demandaron a la administración distrital por más de 24.000 millones de pesos, todo por unas pólizas de anticipo que, según ellos, no debían pagar del contrato 137 fase 3 de TransMilenio. Esas pequeñas sumas de dinero servirán como cuantía para reparar los daños morales y materiales que los tres tristes tigres que se apellidan Nule sufren en su reclusorio estrato 10.
Esta es una cachetada a la sociedad colombiana y una prueba más de cómo el sistema judicial colombiano se cae a pedazos con cada fallo que dicta un juez en un caso de corrupción severo. Esto no es cuestión de juzgados, ni de jueces, es problema de un sistema judicial corrupto que se vende al mejor postor y no le interesa en absoluto esclarecer casos. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría ni el CTI. Ya no se sabe en quién creer. Estamos ante un Estado enclaustrado entre las instituciones que se lo carcomen. Como una vez dijo Bolívar: “Salve usted la patria".
Estado colombiano terminó con un hueco fiscal de $13,3 billones en 2011
Los Nule instauran millonaria demanda contra la nación
De nuevo en líos doble calzada Bogotá – Girardot
Grupo Nule no seguirá con obras de la calle 26
