Una de las herramientas del capitalismo rentista, que se tomo el poder de Estado en 1980 sustentado con el ideario neoliberal, es la de privatizar los bienes públicos para restarle carga al fisco, con la finalidad de bajarle el riesgo al servicio de la deuda, lo que constituye el corazón del modelo neoliberal.
El argumento es falaz, como todos los soportes de esa corriente de pensamiento seriamente alimentada con los paradigmas de Harvard, cuyo criterio básico es el de la ineficacia del Estado y la carencia de recursos para la administración adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Así, con este pretexto, la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991 crea el piso jurídico para que todo sea privatizable, excepto los bienes de mérito, que siempre deben estar a cargo del Estado.
Y con ello, se desbordó un torrente de privatizaciones de todos los servicios que estaban a cargo del organismo en concordancia con el Estado del Bienestar que se sostuvo hasta 1980 y que fue víctima de un ataque feroz durante ese decenio de parte de los capitalistas rentistas.
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Privatización de la salud, la educación, los servicios básicos domiciliarios, los servicios públicos colectivos, las comunicaciones, la seguridad social, los servicios de tránsito y transporte y en general todo lo necesario para conformar la canasta familiar; y lo más descarado, la privatización de las carreteras.
Claro, no todas, sino las que pueden generar ingresos al capitalista privatizador, o sea las de mayor tráfico vehicular. El argumento trivial era, en un comienzo, de que el inversionista privado podía construir la vía; pero, también privatizaron carreteras ya existentes y de propiedad de todos los colombianos.
Pasados ya tres decenios desde cuando se implantó el modelo neoliberal, hoy podemos hacer un balance de resultados y verificar si los argumentos del gobierno de César Gaviria han brindado los beneficios sociales y económicos que nos ofrecieron, evidenciando que no era verdad tanta belleza.
Hoy vemos el desastre en la salud, los escándalos en tránsito y transporte, la crisis en el servicio de energía eléctrica, las quejas por los servicios de agua y aseo y, con gran despliegue, la inconformidad generalizada por la desfachatez con que se han privatizado las principales carreteras del país.
Al principio era justificable que, debido a la elevada inversión, la construcción de nuevas carreteras fuera privatizada y por eso el derecho de explotación para recuperar lo invertido; pero ya en los últimos años se ha convertido en un negocio dudoso de concesionar peajes para alimentar la voracidad de los empresarios.
En carreteras públicas ya existentes, establecen sin compasión cualquier cantidad de peajes sin argumentos, ni técnicos ni financieros, sino para facilitar que inescrupulosos inversionistas se aprovechen de la explotación de los bienes públicos.
Debido al valor de esta clase de bienes para la vida humana, motivo por el cual son de carácter público, el nicho natural de ellos es el Estado.
Es este organismo, el que, por razones sociológicas y leyes naturales, quien se debe encargar de la administración de los bienes públicos.
Pero, después de 30 años de neoliberalismo, ya la costumbre está enraizada y se ha sembrado una cultura de aceptación y resignación, que está generando reacción ante propuestas de regresar lo público al seno del Estado.
Ahora se considera normal la privatización y si el Estado interviene para regresar lo público a su nicho natural, se arma el escándalo con diatribas como la de que se quiere expropiar, la de imputar la causa de un caos, la del calificativo de dictatorial, como si la normalidad fuera dejar estos bienes en manos de las mafias privatizadoras y la enfermedad fuera el regreso a su lecho natural en manos del Estado, convirtiéndose esto en el lastre de las privatizaciones.
