Desde octubre de 2018, la Sociedad de Activos Especiales, SAE (Ministerio de Hacienda), tomó el control mayoritario de la Sociedad Triple A de Barranquilla. Fue el resultado del embargo hecho por la Fiscalía General de la Nación al 82 % de las acciones de la empresa, que presta el servicio de agua, alcantarillado y aseo a Barranquilla y otros 14 municipios del Atlántico, acciones controladas por el Canal de Isabel II de Madrid, España, a través de Inassa.
El Distrito de Barranquilla, que tenía más del 85% de las acciones cuando se constituyó la Triple A en 1992, solo posee ahora el 14,5%. Fue en la Alcaldía de Edgar George, en 1996, cuando se inició uno de los mayores despojos del patrimonio público. En ese año, la empresa española Aguas de Barcelona y poderosos empresarios barranquilleros encabezados por la familia Gerlein –hoy en primera plana por el escándalo de la feria de votos– compraron ilegalmente un paquete accionario y “con la cédula”, como lo denunció la revista Semana.
El embargo de marras se suscitó después de conocerse que Inassa, ya en manos del Canal Isabel II, tenía un contrato de asesoría técnica ficticio por el cual recibía el 4,5% del recaudo mensual, llegando el expolio con el tiempo a una suma superior a los 70 millones de dólares. El ex presidente de Inassa y de Triple A, Edmundo Rodríguez Sobrino, encausado en España por desfalco, confesó ante la Fiscalía Ibérica que dicho contrato era de fachada y buscaba rebajar los impuestos ante el fisco colombiano. La Procuraduría General de la Nación presentó una Acción Popular contra Inassa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue coadyuvada por el senador Jorge Enrique Robledo y por la abogada Melissa Aníbal López, para tratar de recuperar los cuantiosos recursos embolatados.
Los alcaldes de Barranquilla, Elsa Noguera, Alejandro Char y ahora Jaime Pumarejo, quienes hicieron parte de la junta directiva de la Triple A en los últimos años, no movieron un dedo para tratar de recuperar los más de 300 mil millones de pesos desfalcados, tanto en el capital accionario como en el susodicho contrato leonino, y callaron ante el robo de más de 27.000 millones de pesos efectuado por el exgerente de Triple A, Ramón Navarro, quien admitió ante la Justicia la fechoría. En premio, se le dio mansión por cárcel en la urbanización Lagos de Caujaral. El delincuente no ha querido informarle a la justicia quiénes fueron sus socios.
A fines del año 2019, el actual gerente de la empresa, Guillermo Peña, quien actúa a nombre de la SAE-Minhacienda, dio a conocer a los medios de comunicación los proyectos de Triple A para 2020: construcción del acueducto regional del norte de Barranquilla y saneamiento de la Ciénaga de Mallorquín y la cuenca nororiental. Las obras requieren una inversión de 500 mil millones de pesos, “que se financiarían con fondos de la Nación y de regalías” y, cuando se termine la construcción, “serán entregadas como parte de la concesión para ser operados”. En buen romance, van a ser usufructuadas por Inassa, en caso de recuperar las acciones, sin poner un peso. Además, la construcción “del acueducto regional del norte de Barranquilla ampliará la capacidad de la planta de tratamiento del barrio Las Flores, la cual alimenta con agua a Puerto Colombia”.
Aquí entra a jugar lo que se conoce como la cuña salina. El agua del mar penetra desde Bocas de Ceniza por todo el lecho del río Magdalena y encuentra a pocos kilómetros la planta de tratamiento de agua en el barrio Las Flores. El líquido vital se convierte en salubre para ser llevado a miles de habitantes en Puerto Colombia, quienes padecen esta situación durante nueve meses de verano al año, porque en los tres meses restantes del invierno, el mayor caudal obstaculiza el fenómeno natural. Frente a esta grave situación, muchos usuarios y expertos han planteado que la planta de tratamiento de Las Flores debe ser cambiada de sitio e incluso están exigiendo que se amplíe la planta de tratamiento ubicada frente al puente Pumarejo para suministrar el agua potable a la población de Puerto Colombia.
Como se ve, es necesario redoblar las presiones para que la Triple A recupere el dinero de los grandes despojos patrimoniales y sea convertida en una empresa de carácter público aprovechando el embargo por los grandes desfalcos. Además, que no se cometa el error de seguir permitiendo que la cuña salina continúe afectando la salud de miles de usuarios.
