En abril de 1998, luego de un estudio de campo que incluyó los contextos histórico, geográfico, económico, social y cultural del corregimiento de La Boquilla, ubicado en la zona norte de Cartagena, junto a Aurora Bruzon, Ricardo Chica, Luis Tarrá y Alberto Herrera, elaboramos nuestra tesis de grado para optar por el título universitario, en la cual le propusimos a los nativos boquilleros y a las autoridades de Cartagena desarrollar eventos de solidaridad en ese territorio y con su población, como mecanismo que contribuyera a solucionar las falencias e impidiera su desarraigo, similar a los sucedidos en Bocagrande, El Laguito, El Cabrero, Chambacú, El Papayal y Marbella, cuyos nativos fueron víctimas del desalojo –ejercido en diversas formas–, quedando esos territorios explotados, en su mayoría, por foráneos.
La investigación nos mostró las precarias condiciones en que vivían “los boquilleros”: dueños de tierras aptas para el turismo, pero carentes de títulos de propiedad, vivían en hacinamiento –entre 9 y 12 personas por unidad residencial–, con escasos y caros servicios públicos, con ingresos provenientes de la pesca artesanal, de la venta de servicios de todo tipo o como trabajadores informales. Solo el 32 % estaban insertos en pequeños negocios, con el agravante de que la decisión de convertir a La Boquilla en “emporio turístico” hizo que se incrementaran los impuestos y llegaran decenas de “compradores de buena fe” en la búsqueda de ese tesoro perdido. Todos los encuestados nos respondieron que estaban amenazados por el desarraigo y el despojo, a pesar de lo cual el 75,5 % sostuvo que “por nada del mundo dejarían su terruño”.
Ese desarraigo ya venía, puesto que el estudio arrojó que, de los habitantes del corregimiento, ya existía un 17 % que no eran nativos –casualmente los que tenían el mejor estándar de vida–, cuando apenas comenzaba la presión por el territorio con el objetivo de desarrollar los complejos hoteleros y turísticos que hoy están unos establecidos, y otros proyectados. En este contexto es incomprensible y escandalosa la sentencia del Tribunal Administrativo de Cartagena que declaró la nulidad de la Resolución del Incoder No. 0467 de 2012, que adjudicó las tierras a las comunidades afrodescendientes del corregimiento de La Boquilla, bajo la modalidad de titulación colectiva.
Es tan desafortunada, por no decir sospechosa, la decisión que la Procuraduría General en la apelación pidió “la nulidad de lo actuado por violación al derecho a la defensa y a la contradicción, es decir, a la facultad de controvertir pruebas, con el argumento de que no se vinculó al proceso a las autoridades étnicas representativas del Consejo Comunitario de La Boquilla. El ente solicitó revocar la decisión ante la inaplicación de normas de carácter constitucional, de derecho internacional y otras especiales que consagran derechos fundamentales de los pueblos étnicos asentados en La Boquilla”. Es un imposible pensar que un Tribunal de este nivel desconozca dichas normas
Son incuantificables los intereses económicos que se mueven detrás de esta decisión, pues los nativos, además de que no han sido insertados en la industria turística, se han convertido en el obstáculo que “afea” el paisaje y no permite consolidar los grandes negocios, como se hizo con los sectores antes mencionados y se pretenderá también con los corregimientos insulares y la zona suroriental que limita con la ciénaga de La Virgen y el mar Caribe. ¡Es vigente esa solidaridad con los boquilleros!
