Los líos no son solo de falta de recursos presupuestales, hay también graves situaciones de ineficiencia administrativa; elevados costos de funcionamiento; corrupción sistemática; baja calidad y no pertinencia; elevado costo de investigaciones de mala calidad y mediocre utilidad para la sociedad, y problemas de gobernabilidad y gobernanza, generalizados como consecuencia del clientelismo y las roscas implantadas.
Estas tendencias negativas demandan la necesidad de determinar mayores controles y evaluaciones del costo/beneficio de los recursos públicos invertidos en las universidades. De igual manera, llevan a cuestionar la apropiación de mayores recursos fiscales a una “olla sin fondo”, sin la correspondiente accountability de estos recursos.
El desangre que afecta a la Universidad del Quindío bien puede ilustrar este diagnóstico global.
De hecho, una de las demandas de los diecisiete mil estudiantes de este centro de educación superior regional es la suspensión del cobro de matrículas, pues estas recaen en familias en condiciones de mucha pobreza y de miseria.
Por matrículas, la universidad obtiene 10 mil millones de pesos anuales. Echeverri, el actual rector y sus dos vicerectores, argumentan que dichos dineros son imprescindibles para el funcionamiento de la universidad y para las actividades académicas.
Sin embargo, tanto los estudiantes, como los profesores y empleados del sector administrativo, están denunciando que dichos dineros son desviados para prebendas y privilegios que benefician a la cúpula directiva, siendo objeto de corrupción y despilfarro, provocando un gran desangre de la universidad.
Por ejemplo, el rector ha empleado grandes sumas de dinero en gastos innecesarios en restaurantes de Armenia, puntualmente en el Solar, un exclusivo espacio de comidas. La orden por $ 18.699.480 de diciembre 22 del 2017 a favor de Juan Gonzalo Valencia Echeverri, propietario del Solar, con código de producto 501010070003, y la orden por 30 millones de pesos, hecha a nombre de Marcela Echeverri Palacio, son muestra de eso. Pero estas no son las únicas, hay al menos 15, que suman cientos de millones de pesos en gastos para atender a las diversas delegaciones del Consejo Nacional de Acreditación y otros compromisos del rector Echeverri Murillo.
Sin embargo, lo anterior no es todo. Este desorden en el gasto llega hasta el punto de adjudicar en la cadena directiva de la felicidad bonificaciones sin antecedentes que alcanzan los 35 salarios mínimos para los vicerrectores, 30 salarios mínimos para los 7 decanos, 24 salarios mínimos para los directores de programas y 25 salarios mínimos para otros integrantes de la comunidad académica, desde el año 2014.
La contratación se hace igualmente al margen de la Ley 80 y de otras normas anticorrupción, y los convenios por miles de millones de pesos, como el de diez mil millones con la Esap, los de la Invias y Agencia Nacional de Infraestructura para interventorías en obras de carreteras en el Cauca y Caldas, son hechos a discreción de las directivas, sin que pueda darse un control efectivo desde la comunidad universitaria.
Con eso en mente, las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿podrá el movimiento universitario del Quindío echar al suelo esta máquina infernal de desangre de los recursos públicos asignados para la educación superior?, ¿intervendrá la Procuraduría en defensa de los intereses comunitarios?, ¿dirá algo la Fiscalía?, ¿se pronunciará el Ministerio de Educación Nacional al respecto?
