El pasado 19 de agosto se derrumbó una placa de concreto, de aproximadamente 30 centímetros de espesor, sobre los trabajadores que hacían labores de remodelación en una de las tribunas del estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, Huila. El saldo de esta tragedia fueron diez personas heridas y cuatro muertas, cegando sueños de trabajadores humildes que buscaban sacar adelante hijos, madres y padres.
Es inconcebible ver en el siglo XXI catástrofes de esta magnitud cuando en el país existe normatividad, de obligatorio cumplimiento, para todos los sectores económicos, tanto privados como públicos, que buscan salvaguardar la vida y la integridad de los trabajadores. Surgen muchas preguntas en medio de este caos ¿Son eficaces las labores de vigilancia y las sanciones impuestas por entidades involucradas en riesgos laborales? ¿Cuál fue el papel del Inspector de Trabajo? ¿Tenemos cultura preventiva?
Veamos la seguidilla de omisiones: el Ministerio del Trabajo creó la figura administrativa del Inspector de Trabajo, quien se encarga de inspeccionar, vigilar y controlar todas las empresas dentro de límites establecidos, sean geográficos o sectoriales, en todo lo relacionado con trabajo. ¿Dónde recae la responsabilidad de este ente gubernamental ante esta situación? Una intervención a tiempo por parte del Inspector del Trabajo hubiese evitado esta tragedia, no sólo con la vigilancia, sino con un castigo ejemplar para el Consorcio Estadio 2014 por los hechos pasados. Y al referir “ejemplar” hablo del cierre total de las obras hasta acatar todas las recomendaciones. El Ministerio multó a los contratistas, práctica ineficaz, y se suma a esto la tramitología (recurso de apelación, derecho a la defensa) que no impidió seguir con las obras.
Descendiendo en la escala jerárquica, la Alcaldía de Neiva advirtió sobrecostos y el cambio del diseño inicial a lo ejecutado, pero no intervino para detener la remodelación que ya tenía una razón de peso para cambiar los contratistas o disponer acciones legales por incumplimiento al contrato firmado, donde se estipularon las reformas que debía llevar el Estadio y fueron cambiadas en su totalidad.
Siguiendo con las omisiones, la ARL debía asistir técnicamente al Consorcio Estadio 2014 sobre la prevención de riesgos a los cuales se exponían los trabajadores, quienes semanas atrás vieron cómo varias vigas colapsaron, pero la ARL guardó silencio; silencio al que se sumó el del interventor, un ingeniero agroindustrial, a quien fue adjudicada la interventoría sin tener competencia para ésto, pues se presume una inhabilidad para ejercer el cargo pero se le asignó bajo el clientelismo, oportunismo y la sed de sacar provecho monetario de esta obra. Tal vez para él, tal vez para el alcalde anterior, quien antes de terminar su periodo como primer mandatario de Neiva le endosó unos cuantos millones de pesos “para seguir con su labor de interventoría”.
Tristemente vemos un claro panorama de la cultura colombiana: cero prevención, una palabra que nos ha quedado grande; todos se tiran la pelota y nadie asume responsabilidades, por mínimas que sean; inocentes pagando por las omisiones de las entidades reguladores y los robos de unos cuantos adjudicando contratos a diestra y siniestra. Esperamos que todo se aclare y cada uno de los responsables indemnicen a las familias que ahora lloran una tumba.
@JuanEsCOs
