Desde el 19 de enero de 2021 la procuradora Margarita Cabello había solicitado que la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Raúl Roys Garzón, fuera declarada nula. Su salida estaba tomando cada vez más forma, ya no era solo la demanda, empezaban a pesar otras presiones políticas que llevaron el caso al Consejo de Estado.
Su mayor pecado había sido la doble militancia: mientras Roys estaba en campaña, en la que recibió el aval de los conservadores, Cambio Radical, Colombia Renaciente y la U, apoyó a candidatos a las alcaldías de Uribia y Riohacha, de dos partidos distintos: Gerardo Abel Cujia de los liberales y Euclides Redondo del Partido de Reivindicación Étnica.
El gobernador sigue siendo una de las fichas más importantes del representante a la Cámara del Partido de La U, Alfredo Deluque, quien lidera su movimiento Nueva Guajira, el mismo que ha tratado de mantener el poder en los cargos clave del departamento en las últimas dos décadas y que fue fundado por Jorge Pérez Bernier y por su padre, Hernando Deluque. La gran victoria política de Alfredo Deluque con Roys fue logar que éste llegara al apetecido Departamento de Prosperidad Social en febrero de 2016, clave para su futuro político en La Guajira.
Empezó como director de proyectos, donde tenía a cargo programas clave como Familias y Jóvenes en acción e infraestructura social y hábitat y luego Santos, quien había contado con el respaldo del representante guajiro en la coalición de gobierno, le concedió el premio mayor: nombrar a su alfil Nemecio Roys en la dirección del DPS en reemplazo de la barranquillera Tatiana Orozco.
Breve pero cuestionado resultó la gestión de Roys en el DPS y la Contraloría le puso la lupa por la mala administración de los recursos. Incluso Susana Correa, actual directora del DPS nombrada por el presidente Iván Duque, señaló en el primer balance que hizo tras recibir la entidad: “Presidente, es triste. El diagnóstico de la empresa que usted me asignó para que dirigiera es lamentable. Tengo que empezar por decir que tenemos que aceptar que es una entidad totalmente politizada, en donde no solo tenemos una nómina paralela, sino tareas paralelas”.
El plan estaba calculado y Roys, después de haber pavimentado el camino dejó la dirección del DPS para aspirar a la Gobernación de La Guajira y con el respaldo de Alfredo Deluque y el Partido de la U entre otros, la apuesta le salió casi a la perfección.
Roys tuvo tres meses de tranquilidad en los que aunque la procuradora había hecho la solicitud, el trámite estaba en veremos. No fue sino hasta mayo, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado convocó a sala virtual para por fin darle trámite a la demanda, que la preocupación le llegó al gobernador. Sabía que su destitución podía llegar en cualquier momento.
Con un pie en la calle, aprovechó para dejar firmados una catarata de contratos, muchos más de los tramitados durante los cinco meses en el cargo. Desde su toma de posesión en enero 2020 y hasta mayo de 2021 tramitó 186 contratos por $84.213 millones, mientras que, una vez advertido de su posible destitución, firmó en tres meses 354 contratos por $46.366 millones. Más del doble.
Desde el 27 de mayo hasta el 24 de junio se aplazó el fallo contra Roys cuatro veces, hasta que el 1 de julio por fin se tomó la decisión de declarar nula su elección. Para ese momento ya había hecho fiesta en contrataciones, los primeros 20 contratos entre junio y agosto sumaban más de $39.000 millones.
Aunque el gobernador era Nemesio Roys, desde antes de su salida la firma de los contratos variaba entre la suya y la de quien quedó como gobernador encargado después del fallo del Consejo de Estado: José Jaime Vega, quien se desempeñaba como secretario de Apoyo a la Gestión de su administración. Vega, en su nombramiento, aseguró que seguiría desarrollando el Plan de Desarrollo planteado por su antecesor.
La fiesta de contratación parece entonces haber sido a dedo, con los escogidos del gobernador. De los 354 contratos, 329 fueron por contratación directa, más de $32.000 millones de pesos. En junio, un mes antes de su destitución, entregó los contratos más grandes del 2021: 113 contratos por más de $44.000 millones de pesos en una carrera de 30 días.
El top uno de los contratistas lo ocupó la Corporación Universidad de la Costa, que estuvo en cabeza de Tito José Crissien desde 2005 hasta que fue nombrado, como cuota política del mismo partido de la U en el que militan Roys y Deluque, ministro de Ciencia y tecnología. Los dos contratos superaban los $9.000 millones que se sumaron a los $ 11 mil que había firmado con la misma entidad en marzo. Crissien llegó mal parado al cargo, cuestionado por su precaria formación científica, un escandalo de plagio académico y la cola de politiquería que arrastraba.
Crissien hace parte de una tradicional familia política y poderosa de la educación superior en Barranquilla y la Costa Costa Atlántica, que de la mano a la política han logrado expandir el sector universitario privado. No solamente con la Corporación Universidad de la Costa, sino también la Corporación Universitaria Latinoamericana en manos de su hermano Eduardo Crissien, una de las empresas más beneficiadas de la contratación pública, esta no en La Guajira sino en Barranquilla durante los primeros años de la alcaldía de Alex Char: en 2019, según La Silla Vacía, lograron contratos por $36.699 millones de pesos.
En la gobernación de Roys no fue la excepción y fue la Corporación Universidad de la Costa la más favorecida en el desfile de contratación. Los tres contratos directos figuran para temas técnicos, jurídicos y administrativos con la universidad para, en pocas palabras, hacerle frente a la “inseguridad alimentaria” por el lado agropecuario y así reponerse a los estragos de la pandemia. Así como mejorar las capacidades CTEL, relacionadas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los colegios públicos del departamento.
A esto se le suma las denuncias que ha recibido por otra supuesta maratónica de contratos financiados por el Sistema General de Regalías durante el mismo periodo del proceso de destitución. Estos forman parte de los planes OCAD y Roys realizó desembolsos a contra reloj para ejecutar obras en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Hatonuevo y San Juan del Cesar por casi 81 mil millones. Municipios en los que en su mayoría, sus alcaldes llegaron con el aval de los partidos que respaldaron la candidatura de Roys a la Gobernación en 2019: el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de La U y Colombia Renaciente.
El 14 de septiembre, luego dos meses ausente del cargo, Roys volvió a la gobernación del departamento después de que el Consejo de Estado anulara el fallo que lo dejaba fuera, con lo que el plan de Deluque de aumentar su caudal electoral para las elecciones legislativas quedó intacto.
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