La policía multando a un hombre por comprar una empanada en la calle es un caso típico de abuso del poder. El problema es que el abuso de poder es tan común en Colombia, que la gente no sabe cómo distinguirlo, y mucho menos, cómo enfrentarlo. En ausencia de recursos, no queda más que reírse. Y reírse, se ha convertido, en la era de las redes sociales, en un poderoso instrumento de insurrección. Reírse, reírse del ridículo que hace la policía criminalizando a la gente que se la rebusca para tener algo que llevarle a sus hijos. Reírse de ver a la fuerza pública invertida, no en combatir el crimen, sino en acosar a la gente humilde.
Ahí salieron a decir que eso es lo que ordena el Código de Policía. ¡Al diablo el Código de Policía! Si es que eso es lo que les ordena, bien pueden desobedecerlo por inconstitucional. El nuestro, tal y como se establece en los primeros artículos de la Constitución política, es un Estado Social de Derecho cuyos fines esenciales son el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y defender un orden justo. Es un Estado que reconoce que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que tienen derecho a la misma protección y el mismo trato de las autoridades. Aún mejor, es un Estado comprometido con la protección de quienes, por su condición económica, por ejemplo, estén en circunstancia de debilidad manifiesta. No puede, ni el Código de Policía, ni cualquiera de las absurdas leyes que se inventan en Colombia, contravenir estos principios fundamentales para criminalizar, o convertir en indigna la actividad de los que venden comida en la calle.
Y sobre este tema, las opiniones están muy divididas. En esta sociedad hay mucha gente que, con mucha crueldad, se queja de que el comercio de calle afea la ciudad, y permitirlo solo incentiva que se multipliquen los vendedores ambulantes y, con ellos, los problemas.
Lo cierto es que se necesita valor para salir a la calle e inventarse un oficio en un país sin oportunidades para los pobres. Aquí el ministro de Hacienda, en lugar de trabajar por la construcción del orden justo del que habla la Constitución, está tratando de cambiar la economía con trucos de autosugestión, ordenando que los pobres ya no se llamen pobres sino clase media, como si la economía se arreglara a punta de pajazos mentales.
Los que critican el comercio ambulante
no tienen ni la más remota idea de lo que es sobrevivir con muy poco,
tan poco, que a veces ni siquiera alcanza el mínimo vital
La realidad, porque eso es Colombia, es que los que critican el comercio ambulante no tienen ni la más remota idea de lo que es sobrevivir con muy poco, tan poco, que a veces ni siquiera alcanza el mínimo vital. Muchos de los vendedores de calle han tenido que reinventarse la vida después de haber sido desplazados de sus tierras por la violencia, o por causas económicas. Muchas de las vendedoras de calle son mujeres cabeza de familia que han escapado de un marido violento y han tenido que salir a rebuscarse la vida corriendo riesgos para alimentar a sus hijos. Esas personas, cualquiera sea la razón que las llevó a optar por estos trabajos tan difíciles, tienen familias, sueños y la aspiración de una vida mejor, y no reciben ayuda ni encuentran respuesta en la clase política que hace mucho dejo de pensar en ellos y que no tiene más remedio que negar su existencia, como lo hace el ministro cuya política pública para la erradicación de la pobreza consiste en cambiarles la denominación de clase.
La policía está obligada a hacer respetar la ley, pero solo mientras la ley no contravenga la Constitución, de lo contrario, su DEBER es desobedecerla. Que le imponga los comparendos a la clase política que renunció a la urgente obligación de trabajar por los que más lo necesitan, porque son ellos quienes los merecen. Pero mientras este Estado no pueda ofrecer condiciones dignas, trabajos decentes y bien remunerados y educación para todos, no puede quitarle los medios de subsistencia a los que están luchando para no ahogarse.
Lo curioso de todo esto es que el establecimiento político está invertido en desprestigiar a Gustavo Petro, en desconocerle el partido, quitarle la voz y ahogar sus denuncias, pero nadie se ha detenido a tratar de entender por qué es tan popular y por qué, a pesar de que su récord de ejecución es tan malo y de la demonización permanente de todo lo que huela a izquierda, él sigue arrasando en las urnas. La respuesta es simple: Petro es uno de los pocos políticos que se ha apropiado de la agenda de los pobres, que entiende que son mayoría, que escucha sus voces y que ha construido una agenda de gobierno alrededor de ellos. No le asombre a nadie que, muy a pesar de los esfuerzos por acabarlo, Petro se convierta en el próximo presidente.
