“Un Estado donde al que roba un caldo de gallina le dan 8 años de cárcel y al que roba 10 mil millones solo le 2 años es señal de un Estado condenado al fracaso”.
No es sorpresa la desconfianza que cada día se arraiga más en los colombianos sobre el sistema judicial y penal colombiano por la forma bárbara, poco ética y muchas veces sospechosa como se imparte justicia y se sanciona a los infractores de la ley, una justicia claramente amañada, poco equitativa y donde se observan claras desigualdades sociales y claros privilegios para algunos, donde el yugo inmisericorde de la justicia ciega y torpe se descarga, a veces en forma injusta e con sevicia sobre los más pendejos, es decir, sobre la inmensa mayoría de los colombianos pero que privilegia a los altos profesionales del delito.
El sistema penal en Colombia es una triste cloaca, una colcha de retazos de tanta reforma y contrarreforma de que ha sido objeto, algunas bajo el supuesto de hacer más justo el sistema pero que en realidad solo ha buscado garantizar la impunidad en algunas tipificaciones de delitos que suelen cometer aquellos que desde el poder político o económico ven amenazado su status quo y abusando de posiciones privilegiadas ajustan las normas para volverlas inoperantes o que en el fondo garanticen que nunca pagaran por las afrentas cometidas.
El sistema vigente de penas para incontables tipificaciones de delitos, con miles de variantes y excepciones y agravantes, hacen que al momento de aplicarlas se observe un total desequilibrio de las condenas y que en muchos casos, demasiados hay que admitir, hacen que los justos paguen por los pecadores, que el violado termine como culpable y sancionado y el violador termine al final como víctima, como el recordado caso de Andrés Carne de Res donde la culpa fue de la muchacha por ir en minifalda.
En Colombia se ha vuelto común que a un delincuente raso que roba un caldo de gallina para dar de comer a sus hijos lo condenen a 8 años de cárcel, y a un delincuente de cuellos blanco, le den solo 2 años (excarcelables por cierto), pese a haber robado miles y miles de millones de pesos, que al borracho que atropella y mata a un transeúnte le den 30 años de cárcel, y al que cometió magnicidios le des solo 8, descontándole los 10 años que dura el proceso que implica que al final quedamos debiéndole y por lo tanto el Estado, es decir, los colombianos con nuestros impuestos, debemos indemnizarlo por los dos años de retención que tuvo de más.
Se volvió común que a delincuentes de delitos de lesa humanidad, que a los que roban gigantescas cantidades de dinero, generalmente del erario público, es decir, que nos roban a nosotros, los que pagamos los impuestos, recursos estos que estaban destinadas para salvar la vida de muchos colombianos, por ejemplo los niños del Chocó o La Guajira, o los que han robado históricamente el Sistema de Salud, muchos políticos de profesión, que a los que cometen delitos de lesa humanidad, homicidios agravados, secuestro, extorciones, violaciones, tortura, estafa, terrorismo, y en fin, tantos tipos penales, les den casa por cárcel, o que un juez se abstenga de dictar medida de aseguramiento, a veces por miedo, o a veces por otras razones no muy santas ni éticas, y que a un pobre ciudadano desempleado, sumido en la pobreza, que comete un delito como robar una gallina para dar de comer a sus hijos lo manden de una a un calabozo atestado de rufianes de toda índole, donde compartirá algo en común con los demás detenidos, todos son de estrato 1 , 2 o 3, porque a los de estrato 4, 5 o 6, y si es un alto funcionario público, si es que los captura, y si y solo si, algún día los llegan a condenar, les asignan patios especiales, habitaciones lujosas a donde pueden llevar televisores, celulares, ron y bandas musicales, y hasta la mujer y la querida, y a veces las dos al tiempo.
El sistema penal, la tasación de penas o castigos impuestos cuya finalidad debería ser la resocialización se ha convertido es una escuela para aprender a perfeccionar el delito, en lugar de castigar muchas veces se premia, los ladrones no devuelven lo robado, el violado no compensa a la víctima, el asesino no pide perdón a la familia afectada.
Si se logra una pírrica condena, lo que se logra en esos antros de perdición que son nuestras cárceles es que estos delincuentes en lugar de resocializarse se vuelvan seres más marginales, más peligrosos para la sociedad, porque no se les brinda sistemas de formación y orientación, no se les forma como ciudadanos, solo se les amontona como en latas de sardinas, sin que se genere un cambio comportamental real, que se de una nueva oportunidad no solo para ellos sino para la sociedad que algún día los tendrá que recibir de nuevo en sus calles.
Se hace urgente una verdadera reforma judicial y del sistema penal, una revaluación de las tablas de penas, que sea justa y ejemplarizante, que compense realmente el daño hecho a la sociedad y a la(s ) victima(s), que sea justa y equilibrada por el tipo y la proporción del daño causado, pero está claro que esta gran reforma no puede nacer al interior de un Congreso cuestionado, con muchos de sus miembros procesados y/o condenados, lleno de congresistas que han violado la constitución y la ley por años y años y sigue ilesos, ni por un sistema judicial de altas cortes amañado, politizado, clientelista, corrupto, que se deja comprar por el mejor postor, no, este sistema debe ser reformulado desde cero pero por la academia, por las universidades, asesorado por instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Justicia, o las Naciones Unidas, porque nuestro sistema no soporta más, se pudrió, el pus y el mal olor que despide es señal de que murió hace tiempo.
Es urgente revisar el concepto garantistas del sistema, porque no está garantizando el imperio de la justicia, solo esta garantizando la impunidad y la burla a la ley; la sociedad no puede entender como un juez puede argumentar dar casa por cárcel a alguien que comete graves delitos porque no tenía antecedentes, así muchos delincuentes expertos han burlado la ley por años y años, sencillamente porque no tenían antecedentes, porque nunca antes los habían cogido con las manos en la masa, o el argumento de que es padre de familia, adonde cabe preguntarse, es justo devolver a los niños un padre que cometió graves delitos, ese es el ejemplo que se le da a esos niños, cual es la protección que el Estado da a esos menores frente a un padre delincuente y altamente peligroso?.
Claro, existen excepciones, cada caso debe ser evaluado en su contexto, habrá casos que si lo amerite, pero no todos, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
Como confiar en una Fiscalía que a veces deja muchas sospechas, una fiscalía que se observa a menudo politizada, que pese a innumerables pruebas se abstiene de apertura procesos contra un Palacino o un Saludcoop; o de una Procuraduría que hace años demostró ser un centro de todo menos de equidad y justicia, que persigue a los contrarios políticos y trata con cariño a los amigos, 100% politizada, o una Contraloría que delinque internamente y sale a sancionar a los demás por los mismos delitos que comete.
P.D. 1: Ya es hora de que el Estado piense en comenzar a transformar los principios fundamentales que rigen y forman la sociedad colombiana, cada día hay más y más delincuentes, eso quiere decir que algo muy malo está pasando, y a ese ritmo no habrá cárcel para tanta gente, como ya está ocurriendo en este momento.
P.D. 2: El delito que más se comete en Colombia es “JURAR EN FALSO”, todo servidor público al tomar posesión de un cargo deben prestar juramento de “cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”, y muchos es lo primero que violan, y nunca he visto a nadie sancionado por eso. (Art. 122 de la C.P. C.)
