Parto de señalar dos realidades evidentes; la primera es que la ciudad es mucho más que un mar de casas y concreto al cual está confinada, para bien o para mal, a la experiencia humana y sus respectivos contrastes. Una suerte de segunda naturaleza en la que habita más del 80% de la población latinoamericana. La segunda situación, es que la ciudad la pagamos todos y todas. Dicho esto, viene bien una breve reflexión sobre el derecho a éstas, nuestras ciudades.
Desde décadas atrás, “la Ciudad Colombina” viene siendo una especie de esponja demográfica, a la cual arriban gentes de diversas regiones, entre ellas familias desplazadas por la violencia y campesinos que le huyen de un campo empobrecido, y otros que llegan a engrosar los cordones de informalidad y miseria urbana ocupando zonas de hecho. Basta revisar algunos urbanos de vivienda, Pereira con una carencia de 14.528 unidades residenciales, 300.000 en el caso capitalino, al menos unas 125.000 en Cali y más de 60 mil para el caso de Medellín, por no citar más, pero eso sí, otro es el déficit cualitativo que se vive en nuestras ciudades.
Pero tal situación no es solo producto de un proceso histórico migratorio en tanto que su origen está ante todo ligado a un mercado inmobiliario gerenciado por los grandes propietarios del suelo, las constructoras privadas y en poca medida por Estado. Bajo este trípode la función pública de la ciudad cede paso a la rentabilidad de los usos del suelo. Los restos del botín urbano son lotes de mala calidad, en riesgo de desastre o segregados a las periferias. Ahí es donde las familias de bajos recursos construyen su versión de la ciudad. ¿Qué promotor privado emprendería la construcción de parques o de viviendas de bajo costo en áreas centrales cuando se puede edificar un centro comercial o un conjunto residencial de alta renta? A la sombra de éste y otros interrogantes nace el debate por el “Derecho a la Ciudad”, una ciudad hecha por y para a gente. Una ciudad más sustentable.
No es posible ni deseable para “la ciudad” como un todo, seguir construyendo viviendas para pobres en áreas evidentemente empobrecidas, aisladas físicamente de los lugares de empleo, espacios culturales y zonas de ocio e interacción social. Ciudad Bolívar en Bogotá, Puerto Caldas en Pereira, las periferias de Cali y Medellín son claros ejemplos de un ocultamiento social cuya realidad vive a la sombra de los grandes desarrollos urbanos.
Pensar la ciudad, es repensar el papel de lo público y repensar lo público es regular el mercado inmobiliario, nada ajeno a nuestra normatividad. Por ejemplo, distribución equitativa de cargas y beneficios enmarcada en la ley 388/97, que en términos pediátricos no es más que exigirles responsabilidades a las constructoras urbanas y a los propietarios del suelo. No es posible que privados se enriquezcan con el endeudamiento de familias clase media en proyectos residenciales bien ubicados en una ciudad que pagamos todos y todas, sin entregarle al conjunto social ni siquiera un nuevo parque de uso público o un terreno no periférico para la construcción de viviendas de bajo costo. Evitar la depredación de los bordes ruru-urbanos de alto valor ambiental y des-segregar las periferias es hacer que el humanismo anteceda al urbanismo, al decir de Lefebvre.
De lo contrario la ciudad seguirá siendo lo que el precio del suelo le permita.
