Un delito que a luces puede verse, que es castigado hasta con la muerte, es ser niña, niño o adolescente en medio de un conflicto social y armado que pareciera quieren darle continuidad. Esto se comprobó una vez más el día de ayer cuando en un comunicado en redes sociales, el senador Iván Cepeda Castro constató con base en datos obtenidos por el Instituto de Medicina Legal la muerte de un menor de 13 años y 3 menores de 17 en una operación militar desarrollada en el Litoral de San Juan, en Chocó. Otro triunfo militar que se apuntan las Fuerzas Armadas y, a mi parecer, realizado a costa de la vida de más colaterales.
Precisamente, en el mismo gobierno del subpresidente Iván Duque se ha evidenciado no solo su desprecio por los derechos humanos, sino también por los niñas, niños y jóvenes en situación de reclutamiento forzado, aplicando abiertamente la antítesis propuesta por el ministro de Defensa, Diego Molano, al calificar a los niños y adolescentes en situación de reclutamiento forzado como "máquinas de guerra".
Una antítesis que se demuestra en el sentido de que este gobierno ha declarado ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y sin embargo ha continuado realizando desproporcionadas operaciones militares, así como actos de represión policial que han ido en contra de dichos tratados, en los que han cobrado la vida de niños y jóvenes cuyo delito ha sido el protestar por sus derechos o simplemente ser reclutados a la fuerza.
Los hechos producidos en las marchas de 2019, 2020 y 2021, así como los sucedidos en Caquetá, Guaviare y ahora en el Chocó han sido notables. Y han constatado que este gobierno solo ha desarrollado un supuesto pacto por la juventud en letras vanamente plasmadas en su plan de desarrollo, pero en la práctica solo se ha dedicado a atacar a cualquiera que sea un "vándalos" o una "máquina de guerra".
Así mismo, los grupos armados llevan su responsabilidad en estos hechos, al irrespetar igualmente el derecho internacional humanitario reclutando menores de edad contra su propia voluntad.
El hecho de que se produzca otro lamentable suceso en el que los niños y jóvenes mueren en combate deja mucho que desear acerca del poco enfoque de derechos humanos que el gobierno aplica en el marco de las políticas de seguridad y en la desmedida forma de cómo las Fuerzas Armadas y de policía han ido desarrollando las operaciones, así como la dualidad misma y la poca configuración de las políticas públicas de protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
Como una anotación adicional y ante los hechos en mención he de señalar que el mismo gobierno está cada día sentenciando a muerte a nuestros jóvenes, que solamente han sido víctimas de un conflicto social y una rebelión armada a la que unos pocos los han obligado a pelear.
Sin ánimo de ofensa alguna, debo decir que la fallecida senadora Gilma Jiménez y su hija Yohana (reconocidas por su lucha en defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes) cometieron el gravísimo error de entregar las banderas de la protección a la primera infancia y adolescencia a un régimen político responsable de actos barbáricos como han sido los falsos positivos o los ataques sistemáticos contra los jóvenes en el marco del paro nacional. Es que el llevar el macabro número de 6402 muertes por esta práctica, muchos de estos jóvenes adolescentes ejecutados extrajudicialmente, deja ver cómo dicho régimen ha puesto como castigo la pena de muerte a quienes sean reclutados a la fuerza o que simplemente vivan en territorios abandonados por el Estado mismo, y cómo usan la infancia y adolescencia como una herramienta proselitista de hacer politiquería, como lo han hecho en Colombia en los últimos 20 años.
