En este texto, Jerónimo Uribe, el hijo menor del expresidente, explica sus tres razones para votar No en el plebiscito del 2 de octubre:
1. Este acuerdo no trae paz: Es totalmente legítimo votar No, así como votar Sí; es totalmente legítimo que muchos, independientemente de las posibles consecuencias, se alegren del eventual triunfo en las urnas de un acuerdo con la Farc. Es igualmente legítimo que muchos se alegren de un triunfo del No y de la posibilidad de lograr un acuerdo que sí abra las puertas a un país más pacífico. Lo que sí es muy peligroso es creer que si triunfa el sí la guerra se acabó o se atenuó. Aún después de este acuerdo, hay más criminales armados en Colombia que hace 6 años, hay por lo menos 4 veces más cocaína que hace 6 años, más minería ilegal, más robo de combustible, más extorsión, un ELN más fuerte y unas Bacrim más osadas. Los grupos ilegales han tenido invariablemente épocas de recato en sus acciones violentas como producto de acuerdos entre ellos o para proyectar una imagen más palatable en la búsqueda de concesiones. Pero inevitablemente llega un momento en el que su ambición excede su instinto de conservación; la única manera de seguir creciendo o de proteger sus fortunas es por medio de un escalamiento de la violencia. Eso ha pasado en Colombia, en México, en Centro América, donde más allá del manto ideológico, el trasfondo del fenómeno criminal es la búsqueda de controlar todas las fuentes ilegales de recursos, y la vacilación oficial para combatirlo.
El lunes veremos un ELN fortalecido por la herencia de la Farc y ungido como su brazo armado; veremos la proliferación de la cartilla política de las Bacrim como única alternativa para lavar algo de sus fortunas y limpiar algo de su prontuario; y si vamos un poco más allá, veremos la organización de las bandas urbanas en grupos políticos violentos argumentando la disparidad económica prevaleciente en las grandes ciudades. Estamos cambiando la constitución para desmovilizar un grupo criminal de tantos que existen en Colombia, 5,000 personas para ser exactos; entre 2002 y 2010 se desmovilizaron más de 50,000 sin entregar una curul y con cárcel para los culpables de delitos atroces. En 1991 Humberto de la Calle dijo que con la nueva constitución se cerraba para siempre la puerta de hacer política con las armas; 25 años después vemos que siempre se mantuvo abierta. Hace unos días le pregunté a una persona de las entrañas del proceso y del gobierno si esta vez quedaba cerrada definitivamente esa puerta, me respondió “no creo, falta el ELN y muy posiblemente dentro de 10 años o menos veremos a un gobierno negociando con algún otro grupo”.
Escuchaba también unos argumentos muy bien elaborados sobre la poca efectividad de la cárcel y la necesidad de experimentar con procesos alternativos de reincorporación con éxito en otros países. Argumentaba que la cárcel para un criminal era un pésimo disuasor para las personas de su entorno, no se veía una mayor disminución de tasas de reincidencia o criminalidad en comunidades con mayores tasas de encarcelamiento. Así esté bien probar alternativas, tengo dos objeciones para hacerlo con la Farc: 1. La psicología del individuo es diferente a la de los grupos y los determinantes del crimen del individuo son muy diferentes a los de la acción delictiva colectiva; de esa manera, la teoría de las penas alternativas para individuos, no aplica para grupos, como es el caso de la Farc; la pena que se le imponga a la Farc sí va a ser altamente determinante en el comportamiento de otros grupos criminales que buscarán revestir su empresa económica ilícita de un manto de lucha social; y razones no les faltarán, porque el lunes 3 de octubre la desigualdad en Colombia va a ser la misma. 2. Si en efecto vale la pena probar con penas alternativas ¿es la Farc merecedora de éstas? Es como darle la oportunidad de un tratamiento médico novedoso al paciente más rico y que menos se ha esforzado. Este acuerdo viola la igualdad ante la ley al darle elegibilidad política a los criminales que más políticos han asesinado.
2. Este acuerdo no trae prosperidad: Hay quiénes creen que se avecina una revolución en el campo y un boom de inversión; creen que basta con entregar tierra para que haya paz, que ahí radica la barrera para una sociedad próspera y equitativa. En Colombia el PIB agrícola (sin tener en cuenta agroindustria y ramas relacionadas) es aproximadamente el 7% del total, en la Unión Europea es el 1.5%, en Estados Unidos el 1.3%, en la OECD aproximadamente el 1.7% y en Israel, un país que ha desarrollado un sector agrícola admirable, cuyo precedente de organización social es el Kibutz, el 1.31%. Claramente Colombia tiene un gran reto en su desarrollo agrícola, pero lo tiene igual o mayor en los otros sectores de la economía; en profundizar su infraestructura física, su sistema financiero, sus oportunidades de turismo, en atraer inversión para darle valor agregado al producido agrícola, en ciencia, salud y tecnología.
Este acuerdo no fortalece la agricultura y es una amenaza para los demás sectores. Colombia iba camino a una expansión sin precedentes de su frontera agrícola en la Orinoquía, donde no hay que talar un solo árbol para sembrar cultivos de alto valor; iba camino a poder exportar esa mayor oferta por el rio Meta y el Orinoco. Estas iniciativas, que eran la promesa de verdaderas oportunidades de empleo y paz en el campo se frenaron por la falta de decisión estatal para protegerlas física y jurídicamente; por la persecución a un ministro cuya única culpa es haber logrado la mayor expansión de la frontera agrícola en décadas, beneficiando en un 98% a pequeños y medianos productores. Hoy traman a los campesinos con la entrega de una fracción de tierra que no les dará siquiera para su autoconsumo y que terminarán vendiendo para poder sobrevivir, y cercenan la inversión en proyectos ambiciosos, altamente tecnificados, que generan empleo bien remunerado y digno.
Este acuerdo, como hechos preliminares lo han demostrado, va a generar una lucha jurídica y física entre pequeños campesinos, enfrentados por medio de testigos falsos, acusándose mutuamente de ser usurpadores; otros liquidarán muy fácilmente sus tenencias y buscarán solaz en otros sectores o latitudes. Para el resto de sectores, lo que se avecina es una gran incertidumbre fiscal y tributaria derivada del mal manejo de los recursos públicos, despilfarrados en publicidad oficial y por los compromisos asumidos, no con los niños de la Guajira ni con los campesinos trabajadores de los Montes de María, sino con el partido de la Farc. La decisión económica, y por ende moral, que se deriva de este acuerdo, es quitarle recursos a las necesidades de los colombianos que no han empuñado nunca un arma, para satisfacer las exigencias de unos pocos que lo que tienen para mostrar en materia de prosperidad es un balance protervo, con un activo criminal que pretenden soslayar y un pasivo con las víctimas que dicen no tener con qué honrar. Aún si la paz en Colombia presupusiera la repartición populista de la tierra, cabría preguntarse por qué no entonces la tierra urbana. El catastro urbano en Colombia vale mucho más que el catastro rural. Un lote grande en Bogotá, vale mucho más que la hacienda lícita más grande de Colombia; vale más cualquier apartamento en Rosales que el pedacito de tierra que a título de revolución agrícola le entregarán a un campesino. ¿Por qué no trataron este punto en la Habana? ¿Por qué no consideraron entregar un 10% de la propiedad accionaria de los medios de comunicación, de la industria cervecera o de los bancos? De triunfar el sí, el lunes amaneceremos en un país con más populismo, menos intención de inversión en una agricultura moderna, el mismo status quo en la propiedad de los demás sectores, un estado más burocratizado y para todos una amenaza de mayores impuestos para financiar el partido político de la Farc.
3. No confío en Juan Manuel Santos: y no confío que a estas alturas sepamos todo. Si algo hay que reconocer de la Farc, es su consistencia; nunca han negado que lo que buscan es el poder e implantar el socialismo del sigo 21 en Colombia. Por el contrario, su contraparte en la mesa no conoce el significado de la franqueza y la claridad; no le gusta el debate de las ideas; es sinuoso y melifluo; no confronta a sus adversarios sino que fragua su obliteración moral y judicial. En la campaña del 2010 Juan Manuel Santos afirmaba que la Farc era un grupo terrorista y esposaba la tesis de los inamovibles y de amenaza terrorista, el 7 de agosto cambió de opinión - o reveló la verdadera. Decía que Uribe era el mejor presidente de la historia, hoy lo trata de paramilitar.
Durante el trámite del marco jurídico para la paz escribió que los culpables de crímenes atroces no tendrían curules y lo recalcó recientemente, el lunes Timochenko podría ser pre-candidato presidencial y en el 2018 tendrán 26 curules. Escribiría sobre piedra que no subiría impuestos, antes de finalizado este año habrá incrementado el IVA después de haber incrementado el impuesto a la renta y al patrimonio a niveles récord en la región. Durante su gobierno han encarcelado, judicializado con testigos falsos o intentado judicializar a quienes se perfilaban como sus principales opositores: Óscar Iván Zuluaga, Andrés Felipe Arias, Luis Alfredo Ramos, Luis Carlos Restrepo, compañeros de gobierno suyos, de cuya honestidad fue testigo de primera mano. El lunes podría iniciarse la amnistía de facto a la Farc, mientras que el hermano de su principal opositor cumple 6 meses en la cárcel, a manos de testigos falsos y de un fiscal que le sirvió también para infiltrar un hacker en la campaña de OIZ y determinar su reelección.
Era el principal crítico del régimen venezolano y ahora su mejor amigo. Su silencio obsecuente, disfrazado de respeto y pragmatismo, ha sido una línea vital para la tiranía de Venezuela. Redacta la pregunta que se le da la gana, infla los bolsillos de los caciques electorales como nunca en la historia de Colombia, presiona la destitución del procurador, desmonta las vallas del No, compra con mermelada la aquiescencia de alcaldes y gobernadores en lo que pasará a la historia como la contienda electoral más aberrante y desigual que haya habido en Colombia. Dentro de 2 años, con un premio Nobel, el dinero de la venta de sus acciones heredadas de El Tiempo y su casa en Londres, gozará de buen retiro, dando conferencias bien remuneradas por el mundo sin contarle a su audiencia, por supuesto, el legado de caos institucional, fiscal y criminal que dejó en Colombia.
Dicen que todo lo anterior es mejor a la guerra. Yo no veo la supuesta paz. Unos dicen que es inmoral pedirle a la fuerza pública morir luchando contra la Farc, pero les parece bien que sigan muriendo luchando contra las Bacrim, el ELN o cuidando sus propiedades en Anapoima o el Chicó. ¿Me imagino que el 3 de octubre, si gana el Sí, la Unidad Nacional renunciará a su escolta y cada cual va tomará un arma para luchar contra las Bacrim? Sería lo consecuente con sus argumentos y con los epítetos que le han lanzado a la oposición. Respeto mucho el optimismo, me preocupa mucho la ingenuidad. Todos queremos la paz. El No es la oportunidad para construir un acuerdo viable, de cara a la ciudadanía y que le cierre definitivamente las puertas a la política por medio de las armas en Colombia, 25 años después de que supuestamente lo habíamos logrado.
Jerónimo A. Uribe
