Jorge Armando Otálora asumió el caso de las familias que esta tarde enterraron en medio del dolor a 29 de los 33 niños que murieron incinerados en un bus.
El defensor Otálora irá más allá de una defensa formal de las víctimas, y ha conformado un equipo jurídico que asesorará a los padres de familia para que logren una indemnización del Estado, por la omisión de controles por parte del Ministerio de Transporte y de Transito. Aunque se trata de un simple apoyo económico, puede compensar en algo el dolor de las mismas.
Centenares de personas a lo largo de 200 kilómetros entre Barranquilla y Fundación por Guamachito, Tucurinca y Aracataca, saludaron con pañuelos blancos la caravana que transportó los cuerpos de 29 menores que finalmente fueron sepultados en el cementerio ‘Ángeles de Luz’, inaugurado en su honor y ubicado a 10 minutos del pueblo. Un cuerpo se quedó en Barranquilla, otro fue enviado a Santa Marta, otro será trasladado a Venezuela y uno más a Aguachica, Cesar, para un total de 33.
En el Hospital Camino Adelita de Char de la capital del Atlántico permanece Brayan de 5 años, quien presenta un mejor estado de salud tras sufrir quemaduras en el 35% de su cuerpo, y en el Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta, se recuperan 8 menores.
Entre tanto la Fiscalía continúa la búsqueda de Alfredo Esquela, propietario del bus y hoy prófugo.
